Foto: Omar Faruk
Aproximadamente a las 16:00 hrs del 22 de mayo, la Misión Civil de Observación-Sexta arribó a la comunidad de Alcozacán para acompañar a las comunidades del CIPOG-EZ. Esta caravana fue convocada por el Congreso Nacional Indígena junto a una docena de organizaciones, para romper el cerco paramilitar con el objetivo de documentar las condiciones y secuelas del desplazamiento forzado suscitado el pasado 6 de mayo, cuando el grupo paramilitar “Los Ardillos” inició los ataques con drones y armas de uso exclusivo del ejército en contra de los habitantes de las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán en el Municipio de Chilapa de Álvarez de la Montaña Baja del Estado de Guerrero.
La Misión Civil, conformada por un conjunto de organizaciones firmantes de la Declaración por la Vida del EZLN, ha venido acompañando a las comunidades del CIPOG-EZ desde el año 2019. En este periodo, la Misión ha documentando y denunciado continuamente ante instancias nacionales e internacionales la crisis humanitaria suscitada en la región por la complicidad y omisión de los tres niveles de gobierno acompañadas de violaciones extremas a los derechos humanos realizadas bajo el contexto de terrorismo narco-paramilitar en contra de la autonomía de los pueblos originarios con el objetivo de subyugar a las poblaciones para asegurar su explotación y el despojo de todos los recursos del territorio en beneficio de las corporaciones multinacionales. Este “grupo del crimen organizado” actualmente controla 13 municipios en el Estado.
Fotos: MCO-SEXTA
La trayectoria hacia Alcozacán coincidió con la realización de una simulación que pretende atender el conflicto desde el Estado a través de la “Mesa de Diálogo por la Paz en el corredor Chilapa-Hueycantenango “. Sin embargo, participantes de la Misión humanitaria conformada por integrantes del Congreso Nacional Indígena, la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, redes y colectivos de la sexta, medios libres y periodistas independientes, con apoyo de un centenar de medios y organizaciones sociales, denunciaron que la Secretaría de Gobernación les negó el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, bajo la excusa de que únicamente podían brindar dicho acompañamiento si la caravana de la Misión atravesaba Chilapa, territorio controlado por los grupos narco paramilitares. Más tarde, las autoridades municipales declararon que no había existido tal Diálogo de Paz sino un evento de “Presentación de los Comisarios”.
Al momento de arribar a Alcozacán, la Misión Civil se encontró con una comunidad militarizada por un fuerte “dispositivo de seguridad” con docenas de elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal asentados al interior del edificio de la Comisaría Municipal y utilizando como estacionamiento la explanada y cancha deportiva principal de la población y con puntos de control en los accesos de la comunidad. Esto, mientras que el Mecanismo Federal de Protección y la Secretaría de Gobernación permitieron qué la Misión atravesara las zonas de control paramilitar sin ningún tipo de protección ni seguridad.
Fotos: Omar Faruk / MCO-SEXTA
Estas acciones de simulación y complicidad del Estado vulneraron a los integrantes de la Misión Civil y Periodistas en tránsito de los cuales varios, están integrados al Mecanismo de Protección con medidas qué incluyen este tipo de acompañamiento. Las autoridades provocaron una situación de extremo peligro a las personas nacionales y extranjeras que acompañan a la Misión, ya qué la Secretaria de Gobernación había asegurado a los organizadores qué el acompañamiento sería otorgado para luego negarlo en repetidas ocasiones poco antes y durante la movilización.
Esta dinámica de omisión y negligencia durante las agresiones armadas para luego militarizar la comunidad viene acompañada del uso masivo de bots en redes sociales qué durante los ataques, redactaron comentarios del tipo “pero cuando van los militares los corren” en casi todas las publicaciones en redes sociales de medios y organizaciones exigiendo y en ocasiones rogando la presencia de las fuerzas de seguridad para salvar la vida y evitar el desplazamiento. Estos hechos denotan una acción estratégica para utilizar la violación como justificación de la presencia militar al interior de las comunidades qué tienen que sufrir la ofensa y humillación de convivir con las fuerzas de seguridad qué les abandonaron en los momentos de mayor riesgo y que han permitido docenas de ejecuciones y desapariciones en la zona.
Al momento de llegar a Alcozacán la Misión Civil realizó una marcha desde la Casa de Cultura para finalizar con una conferencia de prensa frente a dicha comisaría. En esta presentación integrantes del CIPOG-EZ y de la Misión comentaron el contexto de violencia que los comisarios de Alcozacán denunciaron haber sido excluidos de la “Presentación de Comisarios” organizada por las autoridades en Chilapa.
Fotos: Omar Faruk
Al terminar el evento los integrantes de la Misión y periodistas se trasladaron de inmediato a la comunidad de Tula para iniciar el registro y apoyar a familias de desplazados a recuperar algunas de sus pertenencias.
Tula es una pequeña población (ahora casi completamente destruida) qué contaba con aproximadamente 120 habitantes. En 2023 se habían establecido tres puntos de seguridad del ejército en los cerros qué rodean la comunidad luego de una serie de acuerdos firmados por las autoridades locales con el Estado tras fuertes ataques de grupos paramilitares qué lograron ser repelidos por la Policía Comunitaria. Los militares, según declaraciones de Promotores del CIPOG desplazados de Tula, se retiraron de estos tres puntos poco después de que los paramilitares iniciaran los ataques con drones explosivos y armas de grueso calibre el pasado 6 de Mayo. En esta visita la Misión Civil documento que los militares retornaron a los puntos de control ahora que la comunidad quedo convertida en un pueblo abandonado repleto de casas incendiadas y destruidas por las explosiones.
Fotos: Omar Faruk
Durante la visita de la Misión en Tula arribaron funcionarios de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas a dialogar con desplazados y activistas. Momento qué integrantes de la Misión aprovecharon para recordarles qué se han documentado diversos casos de familias de víctimas del registro de 82 asesinados qué no reciben los apoyos económicos de parte aprobados por la Comisión durante periodos de hasta seis meses o más en los que tienen que estar yendo a la cabecera de Chilapa, la zona donde varios de sus familiares y vecinos fueron ejecutados o levantados, para revisar si ha llegado el deposito. Los funcionarios de la CEAV solamente respondieron con vagas evasivas y se retiraron como fue registrado por este medio.
Foto: Omar Faruk
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