08 de noviembre de 2026
Primer encuentro contra cablebuses impuestos y sus afectaciones
Puebla-Milpa Alta-Tlalpan
Desde los territorios de Milpa Alta, Tlalpan-Coyoacán y Puebla, se dio pie al diálogo entre colectivos y defensores de la tierra. A partir de un diagnóstico que realizamos, encontramos puntos en común sobre las afectaciones que estos megaproyectos generan en nuestras geografías. Así, podemos concluir que compartimos los siguientes puntos:
Diagnóstico técnico
Desde el punto de vista técnico, se observa el greenwashing discursivo mediante el fomento de bonos de carbono para proyectos que siguen materializando ecocidios. Los cablebuses se encuentran en núcleos agrarios, territorios indígenas, zonas forestales, zonas ejidales, parques urbanos, espacios públicos y comunales, que son sacrificados en favor de la industrialización, la turistificación y la privatización, procesos que enriquecen a empresas específicas.
En términos de financiarización, encontramos que, en el caso de Puebla, Banca Mifel está a cargo del fideicomiso. Esta banca también forma parte de las FIBRAs de expansión inmobiliaria, como FIBRA UNO en la Ciudad de México. En Milpa Alta, el financiamiento corre a cargo de Banamex y Santander, mientras que en Tlalpan está involucrado Grupo Carso. Se trata de bancos y grupos empresariales que se han visto enriquecidos por proyectos públicos.
Asimismo, entre las empresas constructoras destaca el protagonismo de Doppelmayr, de origen austríaco-suizo, junto con Leitner. Estas dos empresas acumulan una gran cantidad de proyectos de expansión de sistemas de transporte urbano por cable.
Respecto a la inversión total, el Cablebús de Puebla tendría un costo de 6 mil 752 millones de pesos, con una extensión de 14.58 kilómetros. En Milpa Alta-Tláhuac, la inversión estimada es de 4 mil 845.8 millones de pesos, para una extensión de 12.4 kilómetros. Para Tlalpan-Coyoacán, se contempla una inversión de 4 mil 754.3 millones de pesos, para una extensión de 11.4 kilómetros. Destaca la gran cantidad de inversión pública destinada a Puebla, donde, de acuerdo con los datos que hemos recopilado, se ha gastado alrededor del 50 % del presupuesto, mientras que el avance físico reportado es del 2.71 %.
En Milpa Alta se han gastado mil 498 millones de pesos y se registra un avance del 20 %, mientras que en Tlalpan se ha gastado el 33 % del presupuesto y el avance físico es del 20 %.
Diagnóstico social
Dentro de los diálogos entre comunidades y colectivos, se habló de los impactos psicosociales que tienen estos proyectos. Se recalcó que esta infraestructura no está pensada para la cotidianidad ni para la movilidad interna, sino para la turistificación y la continuidad de los modelos de explotación obrera en las ciudades. Esto provoca que se generen más gastos y traslados que no corresponden a las formas de vida de las personas.
En estos diálogos se evidenció que los cablebuses corresponden a proyectos regionales más amplios de transformación territorial para la acumulación de capital, mediante proyectos «ecoturísticos» o de especulación del suelo. Además, durante la construcción de estos proyectos, el ruido, el tráfico y la contaminación merman considerablemente la calidad de vida de las personas
Nos preocupa el despojo que, en los tres casos, impactará principalmente en la pérdida de espacios públicos, junto con zonas agrarias, bienes comunales, zonas forestales y áreas verdes. Esto se traduce en un sacrificio de lo público que afectará la distribución del agua, la biodiversidad y los modos de vida. Es importante mencionar que, en el caso de Tlalpan, se pretende sacrificar un CENDI; en Milpa Alta, un DIF que integra a varios sectores que construyen tejido comunitario y un deportivo; y en Puebla, seis parques públicos.
Violencia institucional
Encontramos en común que hemos enfrentado varios tipos de violencia institucional contra quienes nos oponemos a la imposición de estas infraestructuras:
- En todos los casos, las asambleas cooptadas, ilegítimas o apócrifas han sido una constante.
- La presencia de grupos de choque que han amedrentado a las organizaciones en resistencia.
- En el caso específico de Milpa Alta, esta violencia física ha ido dirigida a las mujeres. Se señala directamente a Luis Linares, Rafael Castelán, Octavio Ribero Villaseñor y Eduardo Maya Padilla.
- Destaca la violencia digital y la criminalización contra las mujeres en Milpa Alta.
- En Tlalpan, el ciberacoso directo contra las personas en resistencia.
- En Puebla, la estigmatización del movimiento por parte del gobierno.
- Existen grupos clientelares a favor de los proyectos, autoridades a modo y una falta de respuesta a los documentos y solicitudes de transparencia e información. En el caso de Puebla, se señala directamente a Armando Méndez Romero.
- En el caso de Puebla, ha habido una estigmatización del movimiento y se han impuesto medidas de aislamiento en reuniones con autoridades públicas.
- También es común la tergiversación de la información generada.
Responsabilizamos a las autoridades de gobierno: en Puebla, a Armenta y García Parra; en la Ciudad de México, a Clara Brugada y a funcionarios como César Cravioto, de la Secretaría de Gobierno, y Nelly Juárez, de la Secretaría de Pueblos Indígenas.
Ante esto, proponemos:
Transparencia y análisis técnico
- Transparentar los costos por kilómetro cuadrado, así como los costos anuales de mantenimiento y operación.
- Insistir en la transparencia de la información.
- Elaborar formatos de lectura para facilitar la interpretación de la información.
- Realizar, dentro de las organizaciones, comparaciones técnicas para fortalecer las denuncias sobre los impactos de estos proyectos.
Movilidad y defensa del territorio
- Promover el reordenamiento territorial y del transporte público, pensando en las formas de vida de las personas que habitan las geografías impactadas por el Cablebús y otros proyectos de infraestructura nocivos.
- Priorizar la pirámide de movilidad.
- Promover la ampliación de rutas terrestres masivas.
- Crear una página informativa regional contra los cablebuses, con un logotipo que permita unificar las luchas y generar empatía frente al combate a estos proyectos.
- Desarrollar una estrategia legal para proteger los sitios patrimoniales.
- Generar procesos de boicot económico que inviten a investigar a quienes financian los proyectos y fomenten la decisión de no comprar ni invertir en esos actores.
Articulación y participación comunitaria
- Realizar un ejercicio de articulación unificado y fortalecido, mediante una campaña conjunta
- Construir mecanismos vinculantes de participación.
- Fortalecer el trabajo participativo comunitario de base, donde podamos generar procesos de inclusión a través de proyectos comunitarios, como proyecciones, reforestación y elaboración de catálogos de avistamiento de fauna y flora, entre otros.
Seguridad y defensa jurídica
- Realizar un análisis de los riesgos a los que nos vemos expuestos y establecer protocolos que permitan desarrollar procesos de observación y comunicación consciente, así como identificar a los grupos de choque.
- Generar un mapeo de actores y establecer una división del trabajo.
- Construir un directorio jurídico.
- Documentar e integrar grupos de contención en los protocolos de seguridad.
- Identificar historias y grupos indígenas para la construcción de una defensa jurídica.
Suscriben:
Organizaciones, colectivos, comunidades, defensoras y defensores del territorio, así como personas participantes en el encuentro de articulación regional contra los proyectos de Cablebús en Milpa Alta, Tlalpan-Coyoacán y Puebla
