13 de noviembre de 2026.
Selva Lacandona, Chiapas, México,
Pronunciamiento Conjunto
Municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas.
- A 20 años de la masacre de Viejo Velasco, el Estado mexicano mantiene en la más absoluta impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos: el desplazamiento forzado de 36 personas, en su mayoría mujeres, niñas y niños; la ejecución extrajudicial de seis personas, entre ellas una mujer embarazada; la privación ilegal de la libertad y tortura de una mujer con discapacidad, que posteriormente falleció como consecuencia de estos hechos; y la desaparición forzada de adultos mayores.
- Lejos de alcanzar la justicia, este caso constituye uno de los graves crímenes contra los derechos humanos individuales y colectivos que permanecen en la impunidad perpetuada por la ausencia de respuestas y la falta de voluntad de las instituciones del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación integral a las víctimas.1
La masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, ubicada en el municipio de Ocosingo, Chiapas, en la Selva Lacandona. En un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas procedentes de las comunidades de Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab -todas de la denominada “Comunidad Lacandona”- ingresaron violentamente a Viejo Velasco. Los agresores portaban machetes, palos, escopetas y rifles; algunos vestían uniformes de tipo militar y seguridad pública.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Comité de Defensa de la Libertad Indígena (CDLI-Xi’nich), con el acompañamiento del colectivo de organizaciones de la sociedad civil que entonces integrábamos la Misión Civil de Observación, los agresores actuaron acompañados y protegidos por aproximadamente 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, quienes portaban armas de alto poder, entre ellas fusiles: Ar-15 y AK-47, conocidos como “cuernos de chivo”. Asimismo, se documentó la presencia de cinco agentes del Ministerio Público, dos peritos, el comandante regional de la Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación, acompañado de siete elementos bajo su mando, y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Chiapas.
Estos hechos de violencia provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas en su mayoría mujeres y niñas y niños; la ejecución extrajudicial de seis personas, entre ellas una mujer embarazada, María Núñez González; la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven con discapacidad, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 como consecuencia de las agresiones físicas y psicológicas a las que fue sometida; así como la desaparición forzada, de cuatro personas. Un año después de los hechos, a instancias de sus familiares y de integrantes de la Misión Civil de Observación, fueron localizados en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de dos personas desaparecidas, los adultos mayores Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. Sus restos fueron entregados a sus familiares cuatro años después.
A 20 años de esta masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, la justicia sigue sin llegar. Las personas sobrevivientes y los familiares de las víctimas continúan desplazados, sin garantías para el retorno y sin reparación del daño.
Durante estas dos décadas, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) no ha llevado a cabo una investigación exhaustiva, diligente y efectiva que permita esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Por su parte el Gobierno federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han mantenido un silencio frente a estos crímenes. En consecuencia, los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales continúan en la impunidad.
La FGE nunca contó con un plan integral de investigación y, desde hace años, ha suspendido las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, personas adultas mayores desaparecidas desde estos hechos. Asimismo, tras lograrse la excarcelación del compañero Diego Arcos, promotor indígena de salud, la criminalización se ha mantenido contra otros cinco compañeros indígenas que, en su momento, auxiliaron a las víctimas de la masacre. A 20 años de los hechos continúan sujetos a órdenes de aprehensión, acusados de haber asesinado a sus propios compañeros.
Por otra parte, cabe recordar que el 10 de octubre del 2010, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se sometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición formal de justicia, registrada con el número 1594-10 (“caso Pedro Núñez y otras 49 personas vs. México”). Después de 15 años de un prolongado proceso, la petición continúa sin resolverse y permanece a la espera de la emisión del correspondiente Informe de Fondo por parte de la CIDH.2
Cabe recordar que esta sangrienta e impune masacre ocurrió en un contexto de una intensa lucha y resistencia de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona, en defensa de su derecho al territorio y a la protección, conservación y manejo de los bienes naturales. En este proceso de resistencia, la Asamblea y los pobladores y pobladoras de Viejo Velasco, constituyeron un digno ejemplo de organización y defensa territorial, frente a una agresiva política de despojo, desplazamiento y privatización de la naturaleza impulsada por el Estado mexicano a dichas comunidades, ubicadas dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules.
Esta zona constituye una de las regiones con mayor riqueza en biodiversidad, agua, cobertura forestal del país, además de poseer un importante valor paisajístico y atractivo turístico. Estas características la han convertido en un territorio codiciado por empresas vinculadas al llamado capitalismo verde. Esta situación que se ha agravado en los últimos años debido a la creciente incursión de grupos de la delincuencia organizada en la Selva Lacandona, que actualmente que ejercen el control sobre amplias zonas de este territorio.
En este vigésimo aniversario de la impune Masacre de Viejo Velasco, las organizaciones firmantes, en respaldo y solidaridad permanente con los familiares de las víctimas, con la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas CDLI – Xi´inich y con las familias indígenas de las otras 45 comunidades que han sido víctimas de desalojos violentos y desplazamiento forzado, recordamos y conmemoramos a los compañeros asesinados y desaparecidos en esta masacre. Reafirmamos que siguen vivos en nuestra memoria y en la memoria colectiva de los pueblos que resisten y luchan. Su ejemplo y su lucha nos impulsan cada día a continuar defendiendo la autonomía, el territorio, nuestra Madre Tierra y por la construcción de la Otra Justicia.
¡No al despojo de nuestro territorio ni de la Madre Tierra!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!
¡VIEJO VELASCO NO SE OLVIDA!
Suscriben en apoyo y solidaridad:
Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC), Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas – Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. (MPS) – Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT) – Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (SADEC)
1 Mario Floyd. Viejo Velasco, la masacre – [Vídeo]. YouTube. http://www.youtube. com/watch?v =IbzYm
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2020, 25 de septiembre). Informe No. 264/20. Petición 1594-10. Admisibilidad. Pedro Núñez Pérez y otros. México. 25 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2020/mxad1594-10es.pdf


