AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA

AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDIA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS

A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS

Al pueblo de México:

¡EXIGIMOS JUSTICIA NO DISCURSOS MAÑANEROS!

El 22 de junio recién pasado, en un acto público efectuado en el campo militar numero 1, se dieron a conocer algunas acciones para el esclarecimiento de la llamada “Guerra sucia” efectuada entre los años 1965 a 1990, que realiza o pretende realizar el gobierno federal.

A nosotros, militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.), viendo y oyendo ese evento, nos han surgido varias preguntas:

¿Porque hasta 1990?, ¿Por qué no se investiga a los muertos, desaparecidos y encarcelados por el estado mexicano después de esa fecha? ¿Se protege a alguien?

Por que no se incluyen las acciones que afectaron a nuestros compañeros, como la desaparición de Gilberto Romero Vázquez, en Atoyac de Alvarez o la de Benito Bahena Maldonado Vecino de Tepetixtla, Coyuca de Benítez, Guerrero detenido en el año de 1997, junto a Marcos Ayala de Atoyaquillo, Coyuca de Benítez en el parque Papagayo de Acapulco, Gro. Trasladados a la ciudad de México, torturados por inteligencia militar y el Cisen en instalaciones del aeropuerto de la ciudad de México. Marcos Ayala fue liberado y dio a conocer los hechos, denunciando que lo obligaron a aceptar el compromiso de trabajar para el aparato gubernamental de inteligencia. La huella de Benito se perdió en las mazmorras del estado mexicano.

¿Y la desaparición de Mauro Bahena Maldonado en 1998?

Las muertes de Eugenio Aguirre Bahena e Ismael Mena, asesinados después de salir de una reunión en las oficinas de nuestra organización en el poblado de Tepetixtla, en Gro. El asesinato en el mismo pueblo, de Eusebio Vázquez, dirigente de la OCSS.

La muerte de Simón López en el año 2002, después de ser interrogado por agentes de gobernación en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez, Gro. Apareció tirado en la calle con graves huellas de tortura, de lo cual murió en un hospital de Acapulco.

Y que decir de los 17 muertos y 21 heridos, compañeros nuestros, en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, Gro, en donde se documentó y denunció la presencia del general Mario Arturo Acosta Chaparro, en la preparación y ejecución de esta masacre. Y de la cual es plenamente conocida la responsabilidad del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Y el entonces presidente Ernesto Zedillo ¿no sabía de la intención de la emboscada?

Y quien responde por la muerte de Isidoro Bahena Maldonado a manos del ejército en el lugar conocido como “las Polvaredas” en Coyuca de Benítez y de Antonio Bahena Maldonado en Petatlán por narcopistoleros protegidos por el Batallón de Petatlán. Los mismos que deben ser investigados por la muerte de la Lic Digna Ochoa y Plácido.

Y las desapariciones de los ecologistas de Petatlán, Eva y su esposo, bajados de un autobús en el lugar conocido como Rodesia en Tecpan de Galeana; la de Gabriel Bahena Armenta en el 2004, en el municipio de Zihuatanejo.

• Estamos en desacuerdo que se considere como héroes a los ejecutores de la llamada guerra sucia.

Los que entraban a los pueblos y barrios, robaron, golpearon, torturaron, violaron, asesinaron, desaparecieron a cientos de ciudadanos. Lo que pasó en El Quemado, San Francisco del Tibor, San Juan de las Flores, Corrales de Rio Chiquito, San Vicente de Benítez, San Vicente de Jesús, San Martín de las Flores, La Remonta, La Soledad, El Camarón y otros lugares, del estado de Guerrero, son ejemplos claros de la represión masiva y sistemática que se realizó. Las acciones de la guerra sucia también se dieron en Puebla, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, DF, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Edo de México, Morelos.

Los que sobrevivieron y regresaron a sus casas, tuvieron consecuencias físicas y psicológicas que acortaron sus vidas y les hicieron vivir con el temor del presente y la desesperanza en el futuro. A varios, así los encontró la muerte.

Fue peligroso vivir en la sierra, ir a trabajar, bajar a los pueblos, en cualquier lugar te detenían. Si eras de ciertos pueblos o si tenías apellidos ya marcados en las listas, sufrías la represión, era peor si tu apellido era Cabañas, Barrientos, Iturio, Vázquez, Radilla, Gervasio, Serafín y otros. Después ya no importaba el apellido.

Varios fueron torturados o ejecutados en sus casas, en sus patios, en la cancha frente a sus familias, como sucedió en Los Piloncillos, Atoyac. Comunidades enteras fueron abandonadas y algunas ya no volvieron a repoblarse.

Surgió el “botín de guerra”. Se premió a los mas represivos. El narcotráfico fue parte de este “premio”.

Y afirmamos que los que tomaron las armas para enfrentar al estado, lo hicieron de manera defensiva, después de ser perseguidos, de ver asesinados a otros que creyeron que pacífica y democráticamente se podían dar cambios económicos, políticos y sociales. Uno de esos ejemplos son los seis muertos en el zócalo de Atoyac el 18 de mayo de 1967.

Los victimarios estaban del lado del estado y no son héroes.

Las acciones represivas de la llamada “guerra sucia” no terminaron el 31 de diciembre de 1990 a las 11:59 de la noche. Las masacres de Acteal, El Charco, las muertes y desapariciones de luchadores sociales y ambientalistas le dieron continuidad. Nuevas insurgencias surgieron y la esencia represiva del estado siguió determinando que nuevas acciones de “guerra sucia” se dieran, quizás fueron menos, pero continuaron.

Estas nuevas formas de realización trataron de simularlas como acciones del “narco”. Así los asesinatos de Ranferis Hernández Acevedo en Chilapa, de Arturo Hernández Cardona y de los normalistas de Ayotzinapa muertos, heridos y desaparecidos en Iguala en 2014 y la muerte de Samir Flores, fueron la expresión de otro momento.

Los culpables existen, son los presidentes de la república, los secretarios de gobernación, de la Sedena, de la PGR hoy fiscalía, Gobernadores como los dos Rubén Figueroa.

Exigimos que se revisen los casos de Antonio Barragán Carrasco, María Luisa Zamora Arellano y Gilberto Aguirre Bahena, prisioneros los dos primeros en el penal de Atlacholoaya, Morelos y el último en el penal de Acapulco Guerrero, detenidos como producto de un proceso lleno de irregularidades jurídicas, en donde los usaron como chivos expiatorios para acusarlos de un secuestro que no cometieron.

Creemos que de no investigarse y de no hacerse justicia en estos casos se estaría protegiendo entre otros, a Rubén Figueroa Alcocer, al general Arturo Acosta Chaparro al empresario Eduardo Gallo y Tello y al exprocurador Rafael Marcial Macedo de la Concha.

Así mismo queremos saber la verdad de la desaparición en los años 70’s del Señor Roberto Bertín Aguirre o Roberto Aguirre Bertín En el municipio de Técpan de Galeana padre o abuelo de algunos de nuestros compañeros, durante los años de represión a los simpatizantes del Maestro Lucio Cabañas.

¿Hay voluntad de verdad y justicia? No se ve claramente, el discurso dice que sí, pero las acciones parecen encaminadas a una nueva forma del “carpetazo”, del olvido, del desgaste. Pero estamos seguros que se seguirá levantando la voz, exigiendo que se reabran no solo los casos más sonados, los más mediáticos, los que dejan más ganancia político-electoral, si no todos.

Castigo a Rubén Figueroa, responsable de la masacre de Aguas Blancas.

Alto a las agresiones a los compañeros de CIPOG-EZ en las comunidades de la región de la Montaña en Guerrero.

Alto a los desplazamientos de familias y comunidades por la delincuencia, en los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas.

No a la minera en Mexico.

Libertad a Gilberto Aguirre Bahena.

Presentación con vida de Benito Bahena Maldonado