31/01/2026comiteditorial

Guerrero. Grupo para-militar ataca con drones y armas de alto poder a organizaciones indígenas coordinadas para su expulsión

Guerrero, México; 31 de enero de 2026.
 
La mañana de ayer se concentraron en la Plaza de la Paz (Ayutla de los Libres) las organizaciones indígenas Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y las Policías Ciudadanas para dar a conocer un manifiesto donde denunciaron el abandono de los tres niveles de gobierno en municipios controlados por el grupo narco para-militar “Los Ardillos” vinculados, según leyeron, a funcionarios públicos de la entidad.
 
Acompañados de observadores de derechos humanos y Promotores integrados al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se movilizaron en caravana hacia El Terrero (Juan R. Escudero) “comunidad atacada por los ardillos desde hace 6 años de donde fueron desplazadas más de 300 personas” (CIPOG-EZ). En su avance, al llegar a la localidad La Estrella Guerrero (Tecoanapa) fueron atacados por armas de alto poder y drones armados operados por el grupo narco para-militar. Después de repeler el ataque avanzaron pero en la localidad de Rancho Viejo fueron atacados nuevamente de la misma forma. El día anterior, según informaron, dos camionetas con hombres de “Los Ardillos” arribaron a La Estrella Guerrero para intimidar a los pobladores con su presencia.  
 
“Los últimos 10 años, hemos venido denunciando al grupo narco-paramilitar los ardillos, creado por la familia Ortega Jiménez, siendo Bernardo Ortega su máximo líder y parte de la clase política del estado de Guerrero que junto a sus hermanos Celso e Iván Ortega, controlan a este grupo delincuencial que opera con total impunidad por sus vínculos políticos (…)” (CIPOG-EZ)
 
En aproximadamente cinco horas de ataques directos con drones que lanzaban bombas hacia las organizaciones indígenas no llegaron en nigún momento la Guardia Nacional ni el Ejército, a pesar de haber solicitado su presencia y acompañamiento previo a la movilización y durante los ataques. La caravana tuvo que regresar sola hacia Xalpatlahuac (Tecoanapa) donde arribaron a las cinco de la tarde. Ahí se encontraron con la presencia de elementos del Ejército nacional y Policía estatal quienes nunca se aproximaron a repeler los ataques o intentar detener a los elementos del grupo narco para-militar “Los ardillos”. Durante los hechos se informó de un llamado realizado por “Los ardillos” a los grupos transportistas controlados por ellos para bloquear los accesos a la zona donde la caravana estaba siendo atacada. Se señala que los tres niveles de gobierno tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo y sin embargo, una vez más, dejaron solos a los pueblos en medio del terror producido por grupos delicuenciales. 
 
El 22 de enero en rueda de prensa el CIPOG-EZ, la UPOEG, la CRAC-PC-PF y la Policía Ciudadana de la Costa Chica de Guerrero anunciaron su coordinación para el combate del crimen organizado en la región de la Montaña Baja y Costa Chica, incluyendo los municipios a los que este 30 de enero se movilizaron, denunciando también la masacre de 13 policías comunitarios en El Cortijo (Ayutla de los Libres) el 16 de agosto de 2025, más de 90 víctimas y desaparecidos por el crimen organizado en la Montaña Baja desde 2020 y la falta de atención a sus familiares, así como la situación de 200 personas desplazadas de El Terrero y el caso de 3 policias rurales levantados y asesinados por desmembramiento y la ejecución de 2 rurales en 2023.
 
A través de una asamblea las autoridades regionales y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana dijeron tomar la decisión de entrar ayer a la comunidad de El Terrero para poder desplazar a este grupo narco-paramilitar y llevar la paz al territorio, amparados bajo la Ley 701 del estado de Guerrero cuyo contenido reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales en el control de sus instituciones,formas de vida, desarrollo económico, y de todas las acciones dirigidas a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.
 
No se registraron heridos ni muertos durante los ataques. Horas después, en un comunicado publicado por el Congreso Nacional Indígena (CNI), el CIPOG-EZ mencionó que acciones como las de ayer sólo son “una respuesta desesperada al desprecio con el que nos trata (el Gobierno)”. El Estado mexicano ha omitido durante décadas la atención a las necesidades y exigencias de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero asolados por la presencia del crimen organizado, esto sólo ha otorgado impunidad a grupos narco paramilitares como “Los ardillos” que generan violencia, desapariciones y desplazamientos forzados y asesinatos que han sido denunciados constantemente por las organizaciones indígenas durante todos sus años de lucha y resistencia.