Actualizado 10 de Mayo 3 p.m.
Chilapa, Gro.- El día 7 de Mayo, por medio de un comunicado urgente, el Concejo Indígena Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) alertó sobre la detención-desaparición de la compañera Lorena Chantzin Paxacuasingo y el compañero Marcos Campos Ahuejote acaecida el día 6 de Mayo a las 9 a.m. en un punto de la carretera Chilapa-Atzacoaloya. Dicha locación, según denuncian las organizaciones, es conocida porque el grupo narco paramilitar ligado al PRD “Los Ardillos” suele instalar retenes ahí para asesinar o desaparecer a personas de las comunidades aledañas desde hace varios años.
Pocas horas después de difundida dicha alerta, la Fiscalía del Estado de Guerrero anunció por medio de un comunicado de prensa que ambos compañeros, integrantes de la organización CIPOG-EZ, fueron encontrados sin vida por agentes ministeriales en el interior de una camioneta Nissan al fondo de una barranca de 40 mts. de profundidad. De manera inmediata y sin mayor diligencia la Fiscalía aseveró en el mismo documento que las dos personas fallecieron debido a un desafortunado accidente carretero. Acto seguido, el CIPOG-EZ y el colectivo de abogados Abajo los Muros de las Prisiones emitieron comunicados denunciando el encubrimiento de parte de la Fiscalía dado que en los cuerpos “se pueden observar marcas visibles de tortura” sumado al hecho de que tardaron más de 24 horas en ser localizados. Poco después se difundió un video mensaje (que reproducimos al final de este articulo) de parte de las organizaciones solidarias de ‘Slumil K’ajxem K’op’ Reino Unido en el que respaldan a las comunidades en resistencia y denuncian la complicidad del gobierno mexicano con estos ataques. Posteriormente, el 9 de Mayo el CIPOG-EZ emitió un comunicado (con fotos y videos del funeral que anexamos a esta nota) en el que deshilvanan las simulaciones y corrupción de la Fiscalía de Guerrero al aclarar que los cuerpos fueron encontrados en un sitio en donde familiares y compañeros ya habían buscado.
Es importante anotar que tan solo dos días antes, el 3 de Mayo, el CIPOG-EZ participo en movilizaciones en el municipio de San Luis Acatlán para denunciar que el edil de esta localidad, Aldair Hernández Martínez del Partido del Trabajo, ha intentado desviar los recursos gestionados por las comunidades para un tramo carretero.
Genocidio sancionado por el Estado
Esta agresión a los pueblos de Guerrero resulta ser tan solo la última instancia en una larga campaña de violencia sistemática ejercida directamente en contra de las organizaciones CIPOG-EZ y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF). Las cuales tienen presencia en mas de 40 comunidades de los pueblos nahuas, meꞌphaa, nasavi y ñancue ñomnda de las distintas regiones del estado de Guerrero.
En nuestra labor de sistematización de los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de dichas organizaciones civiles y comunitarias, varios colectivos de medios libres hemos compilado datos de primera mano, reportes periodísticos y oficiales de una serie de incidentes relacionados de violencia extrema que tan solo desde finales de 2018 a la fecha conllevan el saldo de 18 personas desaparecidas y 44 personas asesinadas. Crímenes cometidos en contra de nuestros compañeros a causa de su trabajo como defensores del territorio y en varios casos como una forma de castigo colectivo por relación de parentesco o pertenencia a una comunidad amenazada.
Este tipo de trabajo, en defensa del territorio, en las comunidades indígenas corresponde tradicionalmente a cargos por los que son elegidos de manera rotativa en las propias asambleas comunitarias y que las compañeras y compañeros caídos y desaparecidos ejercieron también como participantes de las organizaciones civiles a razón de la necesidad ética y política de vincularse a nivel estatal, nacional e internacional.
Antecedentes
En este contexto, mencionamos algunos antecedentes específicos que demuestran el modus operandi narcoparamilitar que nos queda claro fueron ignorados por la Fiscalía en sus recientes diligencias: los hechos del 23 de Mayo de 2019 cuando los compañeros Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, concejal y delegado del CIG-CNI respectivamente, fueron capturados al retornar de una reunión en Chilpancingo y al siguiente día fueron encontrados sin vida; éste ataque sucedió cinco días después de que los compañeros se presentaron en el Palacio de Gobierno para resolver asuntos relacionados a obras públicas para las comunidades. Otro acontecimiento relacionado, ocurrió el lunes 8 de Julio del mismo año; David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas, delegados del CNI en Guerrero, fueron levantados en el crucero del Jagüey y al siguiente día fueron encontrados asesinados en Rincón de Chautla. Aunado a lo anterior, el siguiente miércoles 10 de Julio Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón delegadas del CNI, fueron secuestradas en el mismo lugar y poco después aparecieron asesinadas.
Sobre el comportamiento de las autoridades, cabe resaltar que el viernes 17 de enero de 2020 después de una masacre cometida en contra de diez compañeros nahuas originarios de Alcozacán, dos de ellos menores de edad, la Fiscalía de Guerrero retrasó la entrega de varios de los cuerpos a los familiares, interrumpiendo así, los dignos ritos funerarios. Dicha Fiscalía no ha presentado resultados en ninguno de estos casos de desapariciones, ejecuciones y masacres. Asimismo, la responsabilidad directa por omisión de parte de los tres niveles de gobierno queda manifiesta en el hecho de que la mayoría de los crímenes fueron cometidos en localidades en donde el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Federal y la Policía Estatal mantienen presencia permanente. Inclusive, integrantes de la Policía Municipal han sido denunciados por testigos como autores materiales en varios de estos ataques. Por último, recordemos que la Caravana por el Agua y por la Vida, como parte de su recorrido por 9 estados del país durante 34 días, se hizo presente en la comunidad de Alcozacán, Chilapa para reforzar la lucha de los pueblos de guerrero y que durante su tránsito las autoridades del gobierno mexicano ignoraron las exigencias de protección a los defensores del territorio a pesar de las fuertes amenazas que se tenían ante la movilización masiva de parte de las agrupaciones narcoparamilitares. Siendo estas algunas de las pruebas principales de la responsabilidad directa del Estado mexicano en esta campaña terrorista en contra de los pueblos indígenas de Guerrero.
