Luis Castillo Farjat

El despojo se ha convertido en una dinámica constante por todas las regiones de Oaxaca. Por todo el estado pueblos y comunidades enfrentan procesos de apropiación de sus tierras, impulsados por megaproyectos de energía eólica, mineras, hidroeléctricas y desarrollos turísticos. Estos proyectos se sostienen gracias a las redes políticas que utilizan de forma facciosa a las instituciones del estado, así como el uso de la violencia, incentivada desde el poder estatal. Organizaciones sociales han denunciado que, bajo el gobierno de Salomón Jara, operadores políticos y funcionarios de diversos partidos pretenden apropiarse de los inmensos recursos de la geografía oaxaqueña para ponerla al servicio del capital, principalmente transnacional.

Una red de políticos, funcionarios y grupos armados opera con impunidad en la Costa de Oaxaca para despojar a comunidades y particulares de sus tierras

El Frente de Organizaciones Oaxaqueñas ha denunciado la existencia de un cartel del despojo que en la zona coordina grupos delincuenciales bajo el mando de Juan Hugo de la Rosa, diputado federal; Orlando Acevedo, político priísta; Alejandro Avilés, también diputado federal; David Ortega del Valle, funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), así como Sergio Castro, todos ellos operando con altos niveles de impunidad. Este cartel del despojo ha avanzado desde el Istmo hasta la costa con argucias legales, intimidación y violencia para apropiarse de las playas y entregarlas a desarrolladores e inversores extranjeros.

 

Miguel Sánchez ha defendido el territorio de operadores políticos y empresarios y grupos armados.

 

Miguel Sánchez Hernández, de 87 años heredó de su abuelo un terreno de 26 hectáreas en la playa de Salchi, ubicada en el municipio de San Pedro Pochutla, el cual ha ido menguando por la invasión y apropiación de infraestructura turística. Miguel ha observado cómo a través de los años ha sido despojado de sus terrenos para la construcción de infraestructura turística; en la actualidad ya se cuentan diez hoteles funcionando dentro de su propiedad. Ante la apropiación de la playa, Miguel Sánchez recurrió a la solidaridad del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), para defender sus terrenos de la apropiación y de las amenazas a su persona.
El CODEDI es una organización comunitaria de la zona con una larga trayectoria en la defensa de los derechos indígenas que tuvo una importante participación dentro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y que, actualmente lleva a cabo un proceso de autonomía indígena en varias comunidades de sierra sur y del istmo, en su mayoría de origen zapoteco. El CODEDI nació en 1998 luego de un fraude electoral en el municipio de Santiago Xanica. Desde ese momento, la organización ha defendido el derecho de los pueblos indígenas por la autoorganización recuperando los usos y costumbres de las comunidades. El CODEDI ha logrado articular el trabajo de cuarenta comunidades en donde tiene presencia para organizar un territorio autónomo que logre mejorar la vida de los habitantes de la zona.

 

El CODEDI articula a 40 comunidades en las regiones de Sierra Sur y el Istmo.

 

Entre los proyectos desarrollados por el CODEDI, el mayor de ellos ha sido la gestión comunitaria del Centro de Capacitación ex Finca Alemania ubicado en la ribera del río Copalita entre los municipios de Santiago Xanica y Santa María Huatulco. En este centro de capacitación se ha organizado todo un sistema educativo alternativo, donde los y las jóvenes de la región pueden acudir para estudiar la educación básica y aprender un oficio. Este modelo educativo busca privilegiar los conocimientos tradicionales, el fortalecimiento de la lengua zapoteca y ofrecer una alternativa frente a la migración y abandono, en una zona con niveles muy altos de marginación educativa y social.
Ha sido gracias a la gran capacidad de movilizar el tequio prestado por las comunidades adheridas que se ha podido gestionar la recuperación de la siembra colectiva, de proyectos comunitarios, del sistema educativo y de la defensa de un territorio autónomo gestionado por las propias comunidades. Asimismo, el CODEDI se ha encargado de defender el territorio de la sierra y la costa de los despojos capitalistas, que en estos territorios se ha presentado como saqueo de biodiversidad, concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos, saqueo del agua de ríos y manantiales y de proyectos turísticos. El CODEDI ha acompañado a Miguel Sánchez frente al despojo de sus terrenos con el objetivo de impulsar un centro de capacitación en la costa y crear una playa comunitaria. Esta iniciativa ha chocado con los intereses del cartel del despojo, quienes se han valido de grupos paramilitares para apropiarse de la playa.
El 17 de julio de 2018 un grupo armado con vestimenta militar sacó al compañero Abraham Hernández González, coordinador del CODEDI, de su casa en Salchi con lujo de violencia. Ese mismo día fue encontrado sin vida cerca de esa comunidad, sin que a la fecha haya algún avance en las investigaciones. El mismo Miguel Sánchez ha sobrevivido a varios intentos de secuestro y a ataques con arma de fuego en su vivienda. Lejos de disminuir, la violencia se ha recrudecido.

Asesinatos impunes, amenazas constantes y el uso de fuerzas policiacas para demoler viviendas y expulsar a defensores del territorio

En 2025, el CODEDI reforzó su presencia en la playa Salchi como forma de defender del territorio de ataques y trabajar en la construcción de un centro de capacitación en la costa. Ello ha suscitado el aumento de amenazas y violencia contra la organización y contra el propio Miguel Sánchez. El pasado 29 de enero, acompañados de policías ingresó maquinaria a la playa Salchi para demoler las viviendas de Miguel Sánchez y varias de las personas que lo acompañan en la defensa del territorio. Días anteriores ya habían recibido amenazas de grupos armados quienes pretendían ingresar a la comunidad. La escalada de violencia contra los defensores del territorio sigue escalando.

 

En las redes sociales se promociona la playa Salchi como un destino semi-virgen. Incluso se ofrecen terrenos para inversión.

 

Lo que ocurre en Salchi no es un caso aislado. Forma parte de la dinámica, cada vez más frecuente de apropiarse de las playas oaxaqueñas, donde la promoción turística va de la mano de una red de operadores políticos, jueces y corporaciones policiacas al servicio de fraccionadores y desarrolladores. Bajo el amparo del gobierno estatal, estas redes se apropian de tierras comunales y privadas para adjudicarlas a empresarios nacionales y extranjeros, desplazando comunidades enteras, violencia impune y un territorio cada vez más privatizado.