* Conferencia realizada en la Ciudad de Chilpancingo el 22 de Enero de 2026.
1.Anunciamos la Coordinación para el combate del crimen organizado en la región de la Montaña Baja y Costa Chica de Guerrero, incluyendo en Ayutla de los Libres, Juan R. Escudero y Tecoanapa.
2.Exigimos justicia por la masacre y emboscada de 13 policías comunitarias en la comunidad de El Cortijo el 16 de agosto 2025, así como justicia para Bruno Plácido Valerio de la UPOEG, asesinado el 17 de octubre 2023.
3.Exigimos justicia para los 70 asesinados y 25 desaparecidos del CIPOG-EZ, incluyendo delegados del Congreso Nacional Indígena y consejales del Consejo Indígena de Gobierno
4.Denunciamos que, bajo la responsabilidad de la Lic. Enedina Medrano Serrano, encargada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, el supuesto “apoyo” económico destinado a las familias de las víctimas no se está entregando debidamente, y exigimos su reposición inmediata, el aumento a un monto digno, atención específica para las mujeres desplazadas, y una reparación integral que comience con la desarticulación de los grupos del crimen organizado que operan en la región.
5.Exigimos la libertad inmediata e incondicional de los cinco detenidos injustamente de la comunidad de El Terrero: Santos Ponce González, Javier Bruno Castro, Luis Ángel Durán García, Darío Avilés Cuenca y Wilber Hernández Vargas, quienes fueron detenidos el 6 de mayo 2024 por defender a su pueblo frente a la entrada del crimen organizado. Denunciamos que llevan ya 1 año y 8 meses privados de su libertad sin justicia y que el próximo martes 27 de enero de 2026 enfrentarán proceso ante el Juzgado de Acapulco, con el juez de control de Acapulco, donde se les pretende imponer largas condenas. Si no los liberan de inmediato, los pueblos organizados de la Policía Ciudadana de la Costa Chica y la CRAC- PF de la Montaña nos movilizaremos y bloquearemos las carreteras.
6.La instalación urgente de un cuartel militar o de la Guardia Nacional en la comunidad de El Terrero y el desplazamiento, desmantelamiento, y desarticulación de los grupos del crimen organizado como ‘Los Ardillos’. De igual manera, denunciamos que tres policías comunitarios fueron levantados y asesinados el 23 de octubre de 2023 y dos policías rurales el día 24 en la comunidad El Terrero de la que más de 200 personas han sido desplazadas y todo su patrimonio despojado.
7.La detención de Benito Sanchez Millan alias ‘El Oso’ operando entre las comunidades de Tlayolapa y Tierra Colorada; así como Celso Ortega Jiménez responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetuados por ‘Los Ardillos’ en nuestras comunidades.
8.Medidas cautelares y de protección inmediata para miembros de la comunidad de El Terrero por parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos Y Periodistas, la CNDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como otras organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos
9.El derecho de retorno seguro de todas las familias desplazadas de su territorio, con garantías plenas de seguridad, reparación y no repetición.
10.Denunciamos el abandono de las comunidades indígenas y afromexicanas, quienes continuamos siendo olvidadas en materia de salud: sin acceso a medicamentos ni atención médica en las comunidades, con carreteras dañadas, y con una grave falta de escuelas y maestras y maestros, lo que constituye una violación a sus derechos fundamentales y a una vida digna.
11.Denunciamos la negación de la gobernadora del estado de Guerrero a sentarse en una mesa de diálogo, cerrando los canales institucionales de comunicación y obstaculizando la atención efectiva a las demandas urgentes de las comunidades y de las familias de las víctimas.
Si estas demandas no son atendidas y no hay respuestas reales, los pueblos y comunidades nos movilizaremos y llevaremos nuestra lucha hasta la Copa Mundial de junio de 2026, para que el mundo sepa la injusticia, el abandono y la criminalización que se vive en nuestro Estado de Guerrero.
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