¡Alto a las agresiones y persecución del Estado mexicano contra lxs migrantes!
A los medios, organizaciones civiles, colectivos y público en general:
Frente a la crisis que existe por el desplazamiento forzado de miles de personas en tránsito hacia la frontera norte de nuestro país no existe una respuesta humanitaria de parte del gobierno mexicano ni una política de Estado que garantice los derechos humanos de los migrantes. El Estado mexicano obedece las directrices enmarcadas en un proyecto geopolítico de control militar, político y estratégico de parte de los Estados Unidos. Lejos de ayudar y acoger a los seres humanos que avanzan desde los países del sur global y que viven situaciones extremas en condiciones precarias, el Gobierno Federal y sus instituciones obstaculizan el recorrido migrante, criminalizan, engañan, discriminan y violentan a las víctimas de desplazamiento forzado, a refugiadxs económicos y a lxs exiliadxs políticxs que intentan cruzar el país.
Distintas organizaciones de la sociedad civil han documentado la alta vulnerabilidad que viven las personas migrantes durante su caminar y ante la falta de una política migratoria de acogida y protección. Nosotros decidimos convocar a una Brigada de Acompañamiento a la caravana que partió desde Tapachula el pasado sábado 23 de octubre. La Brigada la conformamos voluntariamente un grupo de personal médico, activistas defensores de los derechos humanos, periodistas y medios libres, quienes viajamos al estado de Oaxaca los días 11,12, 13 y 14 de Noviembre con el objetivo de caminar junto la caravana, brindar apoyo humanitaria y documentar las posibles violaciones a los derechos de las personas migrantes.
El nombre de la Brigada de Acompañamiento, Gilberto Bosques Saldívar, se eligió en honor al diplomático mexicano que ayudó a los perseguidos por el nazismo y el franquismo el siglo pasado. El esfuerzo de apoyo y monitoreo independiente surge de la solidaridad de la sociedad civil.
Durante los días que acompañamos a la caravana registramos la pesadilla del recorrido en su paso por el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y pudimos constatar las precarias condiciones del viaje entre las que destacan el hambre, la sed, las altas temperaturas, la enfermedad y la desesperación.
Confirmamos que en esta caravana hay un gran número de niños, niñas y adolescentes, mujeres, mujeres embarazadas y personas de la comunidad LGBTIQ+, así como personas con discapacidades físicas.
A diferencia de las anteriores caravanas que han atravesado nuestro país conformadas principalmente por hombres jóvenes, constatamos que el flujo migratorio reconfigura su composición y entre sus integrantes abundan hoy familias completas con niños en brazos, menores de edad sin compañía, mujeres solas y madres solteras.
Denunciamos que la Caravana nunca recibió atención médica de algún tipo, ni se les ofrecieron pruebas de COVID-19 como se rumoró en los medios. La atención médica que llegó durante la estancia en Matías Romero, Oaxaca, además de la Brigada, fue de una empresa local que cobraba treinta pesos por su servicio, cantidad que a la mayoría les era difícil pagar. Es decir, el Estado Mexicano no ha brindado ningún tipo de ayuda realmente humanitaria.
En general las condiciones de violencia extrema, amenazas y miseria económica en sus países de origen obligaron a migrar a la mayoría de los integrantes de la caravana, por lo que no cuentan con recursos para pagar “coyotes” y decidieron viajar caminando en grupo para tener más protección contra grupos delictivos en su largo viaje a la frontera norte. Salieron todos juntos desde Tapachula, lugar convertido en una prisión a cielo abierto, tras estar esperando infructuosamente por meses una respuesta favorable de las autoridades migratorias mexicanas y, en muchos casos, tras haber sufrido humillaciones, engaños, cobros ilegales, extorsión, discriminación y violencia por parte de funcionarios de las instituciones de nuestro país.
La otra gran diferencia respecto a la primer caravana que cruzó México es que hoy el Estado mexicano y sus instituciones lejos de atender a las personas y ayudarlas en su tránsito hacia el norte, está usando distintas estrategias para desarticular la caravana, criminalizar a los migrantes y aplicar una eficiente guerra psicológica contra los trabajadores internacionales. Se fomenta el cansancio y la confusión, se engaña con promesas por parte de las instancias migratorias para separar y dividir al contingente de la caravana, se impide recibir ayuda por parte de la sociedad civil incluido el apoyo de transporte por parte de conductores de trailers vacíos, entre otros.
Observamos una eficiente coordinación de diferentes instancias gubernamentales para lograr desgastar y disolver la caravana, tales como la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Federal, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Migración, el Grupo Beta y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Realizamos el registro de 40 testimonios de integrantes de la Caravana y hemos podido constatar que la supuesta ayuda humanitaria que están ofreciendo con la visas a través de Grupo Beta y el Instituto Nacional de Migración, no es más que una estrategia y simulación violenta disfrazada de buena voluntad para desarticular el tránsito de las personas desplazadas en colectivo. Como observadores hemos sido testigos de como después de recibir las visas, dejan a las familias a su suerte, en la calle y sin importarles las condiciones económicas, de salud y emocionales en las que se encuentran. A otros los han engañado, prometiéndoles la visa humanitaria, regresándolos a Tapachula, deportándolos, o manteniéndolos en calidad de detenidos en estaciones migratorias. En otros casos, tenemos denuncias de peticiones económicas a manera de extorsión para agilizar los tramites y de como los mismos agentes del INM también les han arrebatado visas y otros documentos para poder deportarlos.
Hemos documentado que el actual gobierno de México es realmente un violador de los derechos humanos de los migrantes, siendo uno de los más violentos de la frontera sur de los Estados Unidos. Muchos integrantes de la caravana relatan actos de racismo y discursos de odio, no sólo por parte de la Guardia Nacional sino de propios funcionarios públicos. Discursos reforzados por los medios masivos quienes han difundido información falsa y han enfocado sus reflectores en señalar conflictos en la caravana con el fin de criminalizar y minimizar la verdadera problemática y violencia que padecen las personas que transitan por este territorio.
Denunciamos el papel de los medios masivos de comunicación al implementar una campaña oficialista de linchamiento mediático y criminalización de la caravana en coordinación con una estrategia operativa institucional de persecución policiaca, agresión y violencia en contra de los migrantes realizada por la Guardia Nacional, los cuerpos de Protección Civil, el Grupo Beta de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. También denunciamos las políticas antiinmigrantes y racistas del gobierno mexicano siguiendo el modelo impuesto por los Estados Unidos de América.
Frente a la crisis humanitaria que representa la llegada de migrantes a nuestro país, solicitamos cooperación y solidaridad, y exhortamos a organizaciones sociales y colectivos a la formación de otras brigadas de apoyo, monitoreo y acompañamiento a las caravanas y a los grupos o individuos migrantes.
Porque nadie es ilegal, porque nadie pierda sus derechos por cruzar una frontera.
Porque nosotros no cruzamos las fronteras, ellas nos cruzaron y nos dividieron.
Porque todos somos ciudadanos del mundo y migrar no es un delito sino un derecho.
Contra las políticas racistas y los discursos antiinmigrantes, difundamos la empatía con los trabajadores internacionales.
La emergencia humanitaria de la migración forzada es mundial.
Luchemos junto a los migrantes por un mundo sin fronteras y libertad de tránsito para tod@s!!!