Magdalena Contreras, Ciudad de México

a 24 de Junio de 2022

A los medios de comunicación
A los funcionarios competentes
Al pueblo de México
A los Pueblos Originarios de México y del Mundo

PRESENTE

A un año del crimen que cometió el Gobierno de la Ciudad de México al destruir el Monumento Histórico de la ex Hacienda de la Cañada, a un año de violar los derechos humanos al realizar un desalojo sin un debido proceso legal contra las familias que ahí habitaban. Hacemos responsables a Rafael Obregón Viloria, funcionario de SEDEMA que dio visto bueno a la destrucción del monumento, a Nubia Gabriela Espinoza Jiménez, funcionaria que dijo al destruir el Monumento: “yo me aviento el pedo” y a los policías presentes de cometer esta arbitrariedad. Exhortamos al Poder Judicial que actúe conforme a derecho y como lo estipula la ley, dando el debido castigo a los actores intelectuales y materiales de tal crimen.

Los funcionarios de la Secretaria de Medio Ambiente de la CDMX, junto con 300 policías fuertemente armados, son los responsables de este acto criminal según lo establecido en la LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, que en su Artículo 52 establece: “Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.”

Las familias establecidas en el sitio vivieron resguardando el lugar con el debido consentimiento, pasando así cuarenta años. Dando a conocer que, las familias que ahí habitaban el inmueble no son invasoras. Esto fue hasta sufrir el atropello de los funcionarios, con un pretexto de “supervision ambiental”. Los pobladores no entendemos y al cuestionar a los funcionarios no se explicó las razones que llevaron a la destrucción de nuestro Monumento Histórico, cuando el pretexto del operativo era una “supervisión”, que repetimos, no fue con un debido proceso.

Debido a los abusos de poder y las formas de imposición del Estado y del Capital Privado, surgió la necesidad de establecer una Asamblea Popular que conjuntara tanto el Pueblo de La Magdalena Contreras y sus cuatro Pueblos Originarios, como la Comunidad Agraria de La Magdalena Atlitic, llamada Asamblea Popular de la Resistencia Atlitic. Esta lucha en conjunto se hace para combatir la ofensiva del capital inmobiliario que solapado por el Gobierno de la Ciudad y Federal llevan a cabo el despojo territorial, la apropiación privada de los Recursos Naturales, mercantilizando así la Naturaleza.

En nuestro territorio, la familia Rivera Torres, a través de la inmobiliaria Grupo Frisa, son los que pretenden llevar a cabo la privatización de las áreas naturales que hay en el predio de la Cañada, abarcando 110 hectáreas. Proyecto privatizador que firmaron en un acuerdo ilegal la SEDEMA, a través Rafael Obregón Viloria, uno de los responsables en el delito de la destrucción del Monumento Histórico; y tres sujetos conocidos en la comunidad como vende patrias y grupos caciquiles que son: Benito Mendoza Cabañas, comunero privado de sus derechos por usufructuar funciones, Moisés Alamilla Mendoza y Zenón Mendoza Acosta, caciques de los comerciantes de la Cañada. En acuerdo ilegal que da de “buena fe” que los Rivera Torres son propietarios del predio, cuando los que habitamos este territorio sabemos que no es así.

Por ello mismo, hacemos frente a las formas de actuar del Gobierno que pisotea los derechos de los Pueblos Originarios para que el capital se apropie de su territorio y de sus recursos.
Nos sustentamos en el Artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, en su artículo 49, donde establece que: “El Gobierno de la Ciudad protegerá los territorios de los pueblos y barrios respecto a las obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y megaproyectos, que generen un impacto ambiental, urbano y social susceptible de afectar sus derechos o intereses”.

Claramente, este articulo está siendo violado por parte del Gobierno de la Ciudad al avalar proyectos como los de Grupo Frisa en el Pueblo Originario de La Magdalena Atlitic, así como en otras parte de la ciudad, como en el Pueblo Originario de Xoco, con la gentrificación sufrida con la Torre Mítika; el Pueblo Originario de Santa Úrsula Coapa y colonias aledañas, donde Televisa pretende hacer un megaproyecto inmobiliario que provocaría desabasto del ya escaso vital líquido; el Pueblo Originario de Xochimilco, con el ecocidio en sus humedales para proyectos carreteros; el Pueblo Originario de Santa Isabel Tola, donde un transporte público pasará sobre sus viviendas y sobre un área natural.

Los Pueblos no dejaremos que nos pisoteen, no dejaremos que la burocracia capitalista nos desaparezca. Estamos más vivos, y sobre todo, más unidos que nunca.

También queremos aprovechar este momento, a un año de iniciada esta lucha, para dejar claro que no se trata de qué tipo de proyecto privado debe desarrollarse. Nuestra lucha es en contra de la privatización de nuestro espacio público; es en contra del capital inmobiliario que se acapara del espacio de la ciudad y depreda la naturaleza; es contra las dueños de ese capital, quienes se enriquecen con el despojo y la explotación. Queremos reivindicar también que, por sus características, esta lucha es de todo el pueblo de Contreras, de sus trabajadores, de sus familias, de todas las mujeres y hombres de nuestra alcaldía.
La APR- Atlitic se mantendrá luchando siempre contra la privatización del espacio público en la alcaldía, porque Contreras es de su pueblo, no propiedad de los magnates motivados por el lucro y la avaricia, a través de la explotación del ser humano y la naturaleza.

¡Que viva el pueblo trabajador de Contreras!
¡Por la autodeterminación de los Pueblos!
¡Muera el mal Gobierno!
¡Viva la auto-gobernanza!
¡Vivan los Pueblos Originarios!