8 de octubre del 2026.
A la Suprema Corte, a la Presidencia de la República y a Morena preguntamos: ¿Quién responderá por una década de prisión, desplazamiento y persecución contra un pueblo indígena?
En Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, una comunidad mazateca ha sufrido durante más de una década prisión, desplazamiento, persecución penal y ruptura de su tejido comunitario.
Mientras decenas de indígenas eran encarcelados y sus familias desplazadas, Elisa Zepeda Lagunas ha construido parte de su trayectoria política sobre su condición de supuesta víctima de aquella comunidad y ha continuado ocupando cargos públicos.
Hoy existe una realidad que no puede seguir ignorándose: el caso penal contra las personas indígenas mazatecas está marcada por el abuso de poder y el conflicto de interés.
¿Qué ocurrió cuando algunos indígenas presos (Francisco Durán y Fernado Gavito) recibieron ofrecimientos de una supuesta liberación de una abogada que se hizo pasar por defensora de los presos cuando al mismo tiempo era abogada de la parte acusadora? El ofrecimiento consistió en que se les liberaria de inmediato si inculpaban a otros ex presos mazatecos; en los hechos se ingresaron documentos al expediente penal presentados a nombre de Francisco y Fernando que terminaron paralizando sus procesos y hasta la fecha continúan sin sentencia.
FRANCISCO DURÁN: UN ESCRITO QUE ÉL DESCONOCIÓ
Francisco Durán Ortiz es un hombre mazateco detenido en junio de 2018 y procesado en el expediente 02/2015. Su lengua materna es el mazateco y no habla español, por lo que requiere intérprete para comprender plenamente las actuaciones que afectan su libertad.
El 10 de abril de 2023, cuando estaba a punto de culminar su juicio, se ingresó a su expediente penal un escrito presentado a su nombre mediante el cual se revocaba a sus abogados del Instituto Federal de la Defensoría Pública (ganados mediante una lucha de sus compañeras ante la corrupción de defensores locales), designaba a un defensor local y pedía careos, así como ampliar su declaración, cuando, por otro lado, su caso estaba a punto de finalizar, estaba por dictarse su sentencia.
Sin embargo, el 12 de febrero de 2024, Francisco Durán desconoció formalmente ese documento y manifestó que no lo había firmado.
La pregunta es inevitable:
¿Quién elaboró, promovió y presentó un escrito a nombre de una persona indígena privada de la libertad que posteriormente negó haberlo suscrito?
Y una pregunta aún más grave:
¿Por qué una actuación aparentemente destinada a favorecer su defensa terminó contribuyendo a mantener paralizado su proceso y a impedir que se dictara sentencia?
OFRECER LIBERTAD A CAMBIO DE INCRIMINAR
Los testimonios incorporados al expediente deben ser investigados.
Fernando Gavito Martínez declaró que Rosa Jiménez Ríos, abogada particular de Elisa Zepeda, acudió ante él afirmando llevar instrucciones de su jefa y le ofreció gestionar su libertad a cambio de incriminar a otros compañeros. Fernando se negó y, según su testimonio, posteriormente recibió amenazas.
Francisco Durán relató una situación semejante: la abogada Rosa Jiménez Ríos, acompañada de dos personas de la comunidad y familiares de Eloxochitlán, acudieron ante él al reclusorio de Cuicatlán, Oaxaca, y le exigieron firmar hojas en blanco y le ofrecieron una salida rápida de prisión si aceptaba culpar a compañeros. Francisco también se negó. No quiso firmar. No quiso mentir. No quiso fabricar culpables.
¿DÓNDE ESTABA EL CONFLICTO DE INTERÉS?
Los hechos adquieren mayor gravedad porque Rosa Jiménez Ríos era abogada particular de Elisa Zepeda y, durante ese periodo, ocupaba además un cargo directivo en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, dependencia encabezada por la propia Elisa Zepeda.
Esta doble relación debe ser esclarecida, particularmente porque las actuaciones cuestionadas ocurrieron cuando se aproximaba la liberación de los últimos presos políticos mazatecos mediante el cambio de sus medidas cautelares.
NO ERA LA LIBERTAD LO QUE ESTABA EN JUEGO
Aquí se encuentra el núcleo de nuestra denuncia. Si realmente se buscaba liberar a los indígenas, ¿por qué presentar escritos que podían reiniciar, retrasar o paralizar sus procesos penales?
En el caso de Francisco Durán, la consecuencia es concreta: a más de ocho años después de su detención, su proceso continúa sin sentencia.
Mientras tanto, la comunidad ha pagado un precio enorme: familias separadas, personas desplazadas, años de prisión preventiva y un tejido comunitario profundamente afectado.
¿QUÉ HARÁN LA SUPREMA CORTE, LA PRESIDENCIA Y MORENA?
Al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les preguntamos:
¿Permitirá la nueva Suprema Corte que una comunidad indígena siga pagando las consecuencias de una persecución penal de más de una década?
A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo:
¿Puede hablarse de transformación y justicia para los pueblos indígenas mientras Eloxochitlán continúa cargando con las consecuencias de esta persecución?
Y a Morena:
¿Puede una persona mantener una carrera política y ocupar cargos públicos presentándose como víctima, mientras existen testimonios y actuaciones judiciales que cuestionan la forma en que fueron utilizados los procesos penales contra indígenas a quienes señala como responsables?
La defensa de los pueblos indígenas no puede ser solamente un discurso político.
EXIGIMOS a la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE OAXACA Y A LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CLAUDIA SHEIBAUM PARDO:
Poner fin a la criminalización y persecución contra la comunidad mazateca de Eloxochitlán.
Garantizar que ninguna actuación procesal sea utilizada para prolongar indefinidamente la prisión o impedir una resolución judicial.
ELOXOCHITLÁN NO PIDE PRIVILEGIOS. PIDE QUE TERMINE LA PERSECUCIÓN.
La investigación periodística que documenta parte de estos hechos puede consultarse en “Eloxochitlán: expediente Suprema Corte”, publicada por El Giro de la Rueda:
Mujeres Mazatecas por la Libertad / Íchjín Nguixó