El pasado 15 de octubre se efectuó en el Perú una movilización nacional para rechazar el nombramiento de José Jerí como presidente y denunciar el pacto mafioso en el Congreso. Al finalizar la manifestación en Lima, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) vestidos de civil, conocidos como ‘ternas , asesinaron al rapero y compañero Mauricio Ruiz Sáenz “Truko” integrante del grupo Amachaq Pacha y del colectivo SMP, activos en el Bloque HipHop. El compañero, de 32 años, fue baleado en el tórax en la Plaza Francia y trasladado al hospital Loayza, donde falleció a causa de las heridas.

Esta movilización convocada en varias regiones de los 24 departamentos del país, a causa de la violenta represión en Lima, dejó un saldo de más de cien de compas heridos, 17 de gravedad y 11 presos políticos, incluyendo agresiones a periodistas y medios libres. Los ataques fueron realizados con arma de fuego, lanzagranadas de gas, balas de goma y perdigones ‘pepasos’. Luis Reyes, otro compañero de 27 años, permanece en una situación crítica en estado de coma tras recibir un proyectil en la cabeza disparado por la PNP.

La violencia que hoy se comete bajo el gobierno de José Jerí es la continuidad de la maquinaria represiva heredada del régimen de Dina Boluarte, responsable de más de 80 asesinados durante el golpe de estado contra Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. No existe ruptura entre ambos gobiernos, la impunidad se mantiene, las fuerzas de seguridad continúan actuando con respaldo político y judicial, y el Congreso, que respaldó a Dina Boluarte, hoy busca legitimarse bajo un presidente acusado de violación sexual y con las manos manchadas de sangre.

En los últimos diez años, el Perú ha tenido ocho presidentes. Esta inestabilidad no es solo resultado de la crisis interna, sino también de un sistema político subordinado a intereses económicos y geopolíticos extranjeros. El país ha sido administrado al servicio de las élites locales y de corporaciones transnacionales que explotan sus recursos naturales, mientras se desmantelan los derechos laborales, ambientales y sociales. Hay un claro pacto de poder entre élites políticas, empresariales, militares y fuerzas extranjeras. Tras la destitución de Castillo, la represión se ha intensificado. Bajo el mando de Dina Boluarte se normalizó disparar a quemarropa, detener a manifestantes incluso dentro de hospitales y negar atención médica a los heridos, prácticas que persisten bajo el actual régimen de José Jerí.

Los hechos recientes confirman esa continuidad. Hace una semana, Rumi, un joven sikuri, fue herido con un perdigón y recorrió hospitales durante horas antes de ser atendido debido a órdenes policiales de negar atención a manifestantes. Estos hechos, sumado a los casos recientes de represión y asesinato constituyen evidentes crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos. El patrón de violencia policial solo aumenta con la persecución de las organizaciones sociales, criminalización de la protesta y uso letal de la fuerza con impunidad.

La movilización nacional se convocó exigiendo justicia para las víctimas del Estado, carcel para Dina, fuera Jerí, cierre del congreso, y denunciando la creciente complicidad de la PNP con el crimen organizado, el aumento de la inseguridad y extorsiones, la aprobación de leyes delincuenciales que benefician a los poderosos y criminalizan la protesta social y el fin de las leyes de amnistía que buscan proteger a miembros de las fuerzas de seguridad acusados de crímenes durante el conflicto armado interno.

Desde Radio Zapote, nos llenan de indignación y rabia los recientes ataques cometidos en contra del pueblo peruano. Nos sumamos a las exigencias de nuestras organizaciones hermanas FENMUCARINAP y la Escuela Rebelde Saturnino Huillca (ERSH) así como muchas otras organizaciones sociales a lo largo del país:

1. Justicia y reparación integral para los familiares de las víctimas de los ataques; justicia para Mauricio Ruiz Sáenz “Truko”; justicia para Luis Reyes y justicia para las más de 80 compañeras y compañeros asesinadas bajo el régimen de Dina Boluarte.
2. ⁠La salida y captura inmediata de José Jerí y el cambio de la mesa directiva
3. ⁠La captura inmediata de Dina Boluarte
4. ⁠Las garantías de un próximo proceso de elecciones en Perú transparente
5. ⁠La disolución del actual Congreso.
6. ⁠La consolidación de una nueva Constitución plurinacional, popular y con paridad de género.
7. ⁠La extinción de la Ley de amnistía
8. ⁠Libertad para Pedro Castillo

¡Fuera José Jerí!
¡Cárcel para Dina Boluarte!
¡Justicia para el pueblo peruano!

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