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¿Por qué el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, criminaliza la protesta social y es contrario a la Carta Magna?

El miércoles 3 de febrero, la H. Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, sesiona para resolver el amparo en revisión 4384/2013, promovido por el quejoso Bryan Reyes Rodríguez, cuyo proyecto de resolución, está a cargo del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y en él, se determina declarar constitucional dicho artículo.
Se transcribe el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, para mejor comprensión:
“Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública. La reincidencia se estará a lo que establezca éste Código”
En el debate que actualmente se ventila en la H. Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la opinión pública nacional e internacional, incluyendo organizaciones sociales y de derechos humanos, no pueden soslayarse los testimonios de centenas de casos de estigmatización, represión y criminalización de la protesta social, desde el 1 de diciembre de 2012, aplicados en su momento por el gobierno de Marcelo Ebrard, y actualmente por el gobierno de Miguel Ángel Mancera y en los hechos por el llamado Pacto por México.
Llama poderosamente la atención, la política de fabricación de delitos a los manifestantes, utilizando tipos penales ambiguos, criminalizadores e inconstitucionales como el de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y portación de objeto apto para agredir, que dejan al arbitrio de la autoridad política y de procuración de justicia su aplicación para judicializar la protesta social. Cabe recordar que a la fecha, no existe un cumplimiento cabal a las recomendaciones 7/2013, 9/2015, 20/2015 y 21/2015, emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativas a los hechos de represión y detenciones arbitrarias de los días 1º de diciembre de 2012, 10 de junio de 2013, 2 de octubre de 2013 y 22 de abril de 2014, respectivamente.

El proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, determina que dicho delito es constitucional, proyecto que desde luego no compartimos, haciendo notar de la manera más atenta y respetuosa, que dicho proyecto de resolución, se aparta de los principios de fondo que toda sentencia debe contener, como lo son, el de congruencia; el de claridad y precisión; el de fundamentación y motivación y el de exhaustividad, ya que se abstiene de analizar, las siguientes razones jurídicas concretas, por medio de las cuales, sostenemos que dicho artículo es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y criminaliza el derecho humano a la protesta social:

1.- Porque de manera indiscriminada se encasillan diversas conductas, que el legislador denomina “actos”, sin precisar de manera clara el criterio objetivo utilizado para encajar en cada supuesto, esto es, el legislador no razona, no motiva “en qué consisten los actos en contra de las personas, los bienes públicos o privados, cosas y el concepto paz pública, ni mucho menos el concepto que a su decir y conforme a dichos “actos” se “perturbe la paz pública”, como si todos los actos fueran de idéntica naturaleza, de igual potencial, de iguales condiciones materiales y funcionales, prescindiendo del aspecto esencial en cuanto a la conducta, dolosa o negligente, o de mera culpa, causante de la infracción legal, infringiendo con ello las garantías de igualdad ante la ley, y de legalidad y seguridad jurídica del gobernado.

En éste orden de ideas, cabe precisar que, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consisten los “actos en contra de las personas”, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la ”paz pública” o el “menoscabo al Gobierno del Distrito Federal”; no establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consiste la “paz pública”, ni razona, que se entiende por “realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”, desconociendo el principio jurídico universal en el sentido de que para que una conducta constituya un ilícito, se requiere que una ley o que un precepto, legal defina exactamente la conducta constitutiva del ilícito, violando el principio de tipicidad o taxatividad, según el cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales.

  Y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, y la prohibición de tipos penales ambiguos. Además, la determinación que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposición de penas, pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio, aquél está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso, lo que en la especie acontece, de ahí su inconstitucionalidad.

Pues en atención al principio de la prohibición de tipos penales ambiguos, el legislador está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso, lo que en la especie no acontece, pues el delito debe tener clara definición de la conducta incriminada, se debe establecer sus elementos y permitir deslindar ese delito de conductas ilícitas sancionables con otras medidas; ya que la ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la libertad y el derecho a protestar y exigir cuentas.

En palabras del ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos humanos, Sergio García Ramírez, este principio (taxatividad) es vulnerado cuando la descripción legal de la conducta es equívoca, confusa, ambigua, al punto que desemboca en interpretaciones diversas (“auspiciadas” por el legislador y que son la puerta del arbitrio) y conducir a consecuencias penales diferentes, que se reflejan en la punición y en el enjuiciamiento, por ejemplo, de ahí la exigencia de rigurosa caracterización de las conductas punibles, al amparo del principio de legalidad.

2.- Porque el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, al no tener elementos normativos que permitan definir analizar con claridad los conceptos de “violencia”, “violencia extrema” y “perturben la paz pública”, dejan al arbitrio de las y los operadores de justicia su aplicación indiscriminada, a modo. La ambigüedad del delito permite que la autoridades puedan imputar dicho delito a toda persona que se manifieste; la vaguedad del delito también permite que las y los operadores de justicia a través del derecho penal envíen un mensaje disuasivo a la población sobre el “riesgo que implica participar en actividades políticas o manifestaciones”, generando con ello, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación, pues el precepto que se tilda de inconstitucional, no se remite a circular, decreto, documento, reglamento, acuerdo, norma alguna o criterio jurisprudencial que establezca que debe entenderse por violencia, “violencia extrema”, “menoscaben el Gobierno del Distrito Federal”, “por actos en contra de las personas”, “por paz pública”; esto es, no se precisan las hipótesis legales en las que se indiquen cuándo estamos ante dichos elementos, y el proyecto del Ministro Ortiz Mena, establece que”…no obstante, es posible establecer un concepto mínimo de paz pública aceptable para todos los individuos, consistente en la legítima expectativa de orden, tranquilidad y seguridad de cada miembro de una comunidad, que representa un fin inherente al Estado y premisa para el goce efectivo de otros derechos . Criterio similar fue adoptado por el tribunal colegiado, al concebir la paz pública como orden y tranquilidad que permitan el equilibrio y armonización de la convivencia entre los habitantes del Distrito Federal.”

¿A qué expectativa de orden, tranquilidad y seguridad se refiere el Ministro Ortiz Mena?
¿A la de fabricación de delitos, represión y uso desmedido del aparato estatal para reprimir manifestaciones?
¿A la imposición de reformas estructurales sin el consenso y consulta de los afectados?
¿Al orden y tranquilidad que se vive en un Estado, donde la tortura y la violencia producida por el crimen organizado afectan a miles de familias mexicanas?
¿Puede concluirse válidamente qué en la definición de expectativa de orden, tranquilidad y seguridad, se pueda excluir la existencia de la práctica sistémica de la tortura y desaparición forzada, cuya finalidad es destruir al ser humano concreto y al ser político para aterrar a la población?
No se omite manifestar que, el Ministro Ortiz Mena, se apoya, desde un punto de vista gramatical, en el Diccionario de la Real Academia Española para justificar su determinación de declarar constitucional dicho delito.

El artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, al no tener elementos normativos que permitan definir con claridad los conceptos de “violencia”, “realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”, dejan al arbitrio de las y los operadores de justicia su aplicación punitiva, y la ambigüedad del delito permite que las autoridades políticas y ministeriales, puedan imputar dicho delito a cualquier manifestante, con lo que se manda un mensaje a la población por conducto del derecho penal, entendido como el “riesgo que implica participar en actividades políticas o manifestaciones”, generando con ello, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación, que abren el camino al establecimiento de un orden fascista en nuestra sociedad al hacer nugatorio el derecho humano a la protesta social.
Es por lo anterior, que respetamos, pero no coincidimos con el proyecto de resolución del Ministro Ortiz Mena, pues sostenemos que el derecho a disentir, a protestar, emanados de las libertades democráticas, de movilización social y de organización de los ideales revolucionarios del pueblo mexicano, no pueden ser soslayados por nuestro Máximo Tribunal.

Jorge Miranda. Liga de Abogados 1 de diciembre.
3 de febrero de 2016.

A LOS MINISTROS DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
A LOS COLECTIVOS ESTUDIANTILES, DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS Y DE TODAS LAS IDEOLOGÍAS.
A LAS ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS, MAESTROS Y OBREROS
A LAS Y LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LA COMUNIDAD JURÍDICA
AL PUEBLO DE MÉXICO

El día miércoles 20 de enero, la H. Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó reformular el proyecto del Ministro Ortiz Mena relativo a declarar constitucional el delito de ataques a la paz pública, y por lo que hace al delito de ultrajes a la autoridad, determinó, por su trascendencia, turnarlo al pleno para su discusión. El 27 de octubre de 2016, la H. Primera Sala vuelve a sesionar el proyecto de resolución relativo al delito de ataques a la paz pública

Llama poderosamente la atención, la política de fabricación de delitos a los manifestantes, utilizando tipos penales ambiguos, criminalizadores e inconstitucionales y/o anticonstitucionales como el de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y portación de objeto apto para agredir, que dejan al arbitrio de la autoridad política y de procuración de justicia el decidir por sí y ante sí, su uso y aplicación discrecional para reprimir ciudadanos, de ahí que sostengamos que es necesaria la derogación de dichos artículos y el cumplimiento irrestricto de las recomendaciones 7/2013, 9/2015, 20/2015 y 21/2015, emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativas a los hechos de represión y detenciones arbitrarias de los días 1º de diciembre de 2012, 10 de junio de 2013, 2 de octubre de 2013 y 22 de abril de 2014, respectivamente.

Los asuntos que se ventilan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suman a los testimonios de centenas de casos de represión y criminalización de la protesta social, desde el 1 de diciembre de 2012, aplicados en su momento por Marcelo Ebrard, y actualmente por el gobierno de Miguel Ángel Mancera y en los hechos por el llamado Pacto por México. Particularmente dichos delitos que se encuentran en discusión en el máximo Tribunal, atentan contra la libertad de expresión de todo ciudadano, atentan contra el derecho humano la manifestación de las ideas, de libre tránsito y asociación.

Hay más 500 casos de ciudadanos que sin estar en actos de protesta han sido remitidos al ministerio público, consignados y sometidos a proceso por este delito (algunos de ellos periodistas) y más de 300 detenidos e imputados por el delito de “ataques a la paz pública”, esto en el contexto de la política represiva que se ha generalizado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo eje principal es la militarización del país y los miles de casos de desaparecidos como en Ayotzinapa, los casos de centenares de presos políticos y el uso selectivo de la represión con las fuerzas armadas de los tres niveles de Gobierno, como aconteció en contra el magisterio de la CNTE en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, incluyendo en entidades como Puebla y Chiapas, con la imposición de la llamada “ley bala” y “ley garrote”, que faculta a los cuerpos represivos el uso de “armas no letales” contra manifestantes. Aun así, se impuso en Puebla la Ley anti Grafiti. Mientras que en estados como Veracruz la persecución de Javier Duarte contra periodistas ha costado la vida de varios de estos, con denuncias de presos y perseguidos políticos, sin contar con la criminalización del aborto.

En el caso que nos ocupa, desde la Liga de Abogados 1º de diciembre, manifestamos, de manera respetuosa y enérgica, que no compartimos el criterio del Ministro Ortiz Mena en su proyecto de sentencia, donde se declara constitucional dicho delito de ataques a la paz pública, dado que sostenemos que dicho delito es contrario a la Carta Magna, por las siguientes razones jurídicas que no fueron analizadas con exhaustividad en el proyecto de sentencia del Ministro Ortiz Mena:

1.- Porque se encasillan diversas conductas, que el legislador denomina “actos”, sin precisar de manera clara el criterio objetivo utilizado para encajar en cada supuesto, esto es, el legislador no razona, no motiva “en qué consisten los actos en contra de las personas, los bienes públicos o privados, cosas y el concepto paz pública, ni mucho menos el concepto que a su decir y conforme a dichos “actos” se “perturbe la paz pública””, como si todos los actos fueran de idéntica naturaleza, de igual potencial, de iguales condiciones materiales y funcionales, prescindiendo del aspecto esencial en cuanto a la conducta, dolosa o negligente, o de mera culpa, causante de la infracción legal, infringiendo con ello las garantías de igualdad ante la ley, y de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 13 y 16 constitucionales;

2.- Porque contiene una restricción a la garantía de libre expresión de las ideas, de manifestación, de protesta social, y es impreciso y faculta a las autoridades ministeriales y judiciales para que, motu propio, decidan por sí y ante sí, cómo y quiénes se ubican dentro de los supuestos ambiguos de dicho artículo, ya que no se describen las conductas del gobernado que se traduzcan en especificar cuál es la descripción típica de este delito, ya que conceptos como “violencia , la finalidad de ” perturben la paz pública, implican elementos subjetivos y que requiere de una valoración por parte de la autoridad para determinar su actualización en los casos específicos;

3.- Porque los elementos del citado artículo y su descripción legal de la conducta es equívoca, confusa, ambigua, al punto que desemboca en interpretaciones diversas (“auspiciadas” por el legislador y que son la puerta del arbitrio) y conducir a consecuencias penales diferentes, que se reflejan en la punición y en el enjuiciamiento, por ejemplo. De ahí la exigencia de rigurosa caracterización de las conductas punibles, al amparo del principio de legalidad;

4.- Porque que el citado artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, al no tener elementos normativos que permitan definir analizar con claridad los concepto de “violencia”, “violencia extrema”, “perturben la paz pública”, dejan al arbitrio de las y los operadores de justicia su aplicación indiscriminada, y la ambigüedad del delito permite que la autoridades puedan imputar un delito, que en sí mismo implica la pérdida de la libertad durante el proceso; la vaguedad del delito también permite que las y los operadores de justicia a través del derecho penal envíen un mensaje disuasivo a la población sobre el “riesgo que implica participar en actividades políticas o manifestaciones”, generando con ello, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación; pues no los preceptos en comento (tanto con anterioridad como con posterioridad a la reforma de mérito) no se remiten, a circular, decreto, documento, reglamento, acuerdo, que establezca que debe entenderse por violencia, “violencia extrema”, “menoscaben el Gobierno del Distrito Federal” por actos en contra de las personas, por paz pública, esto es, no se precisan las hipótesis legales en las que se indiquen cuándo estamos ante dichos elementos;

5.- Porque queda al arbitrio subjetivo de la autoridad, tanto ministerial, como judicial, el decir y decidir, cuáles serán las conductas que a su criterio ameriten decidir y sentenciar, quienes cometen actos en contra de las personas, quienes ejercen violencia extrema, así mismo, queda al arbitrio subjetivo de la autoridad, el decir y decidir, por sí y ante sí, cuándo un gobernado que proteste, que exija, se manifieste, inclusive en la extensión de la garantía contenida en el artículo 39 constitucional, si hay violencia y el grado de “violencia”, de “realizar actos en contra de las personas ò las cosas”, el grado de perturbación de la “paz pública” o el grado que a su concepto para efecto de reputarlos como tales al calificar la conducta del gobernado, y en concreto, la conducta de quien ejerce su derecho a la libre manifestación y a la reunión con el objetivo de realizar una petición a cualquier autoridad, así mismo también, queda al arbitrio subjetivo de la autoridad el decir y decidir, por sí y ante sí, cuáles serán las conductas que a su criterio configuran el delito de “ataques a la paz pública” generando así un estado de indefensión que es contrario a las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los artículos 1o, 6, 8, 9, , 14, 16, 22 y 133 constitucionales, de suerte tal que las garantías de libre de tránsito, de legalidad y seguridad jurídica, quedarán a la suerte de lo que quiera la autoridad con una norma tipo “escopetazo legislativo” y de norma penal en blanco;

6.- Porque la norma carece de los requisitos de generalidad, abstracción e impersonalidad que toda norma legal debe contener, pues el legislador ordinario, no los establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, que es la VIOLENCIA , no establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consisten los actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública, o el menoscabo al Gobierno del Distrito Federal, no establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consiste la PAZ PÚBLICA, ni razona, que se entiende por “realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.”, violando las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 constitucionales, y los diversos 8, 9, 22 y 133, desconociendo el principio jurídico universal consagrado en dichos preceptos, en el sentido de que para que una conducta constituya un ilícito, se requiere que una ley o que un precepto legal defina exactamente la conducta constitutiva del ilícito, violando el principio de tipicidad o taxatividad, según el cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, y la prohibición de tipos penales ambiguos;

7.- Porque el legislador estaba obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso, lo que en la especie no acontece.;

8.- Porque en realidad, dicho artículo resulta contrario a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal y libertad de expresión tuteladas en la Constitución mexicana y en diversos tratados internacionales de los que nuestro país es parte, ello porque criminaliza la protesta social, restringe el derecho de exigir a los gobernantes y empleados públicos, -muchos electos a través del sufragio universal- reconocido en la Carta Magna, con un tipo penal que persigue, que criminaliza, que ofende, que soslaya el derecho humano fundamental de exigir cuentas y el derecho de petición para el buen funcionamiento del bien público, cuya actividad constitucional, encuentra sustento en la exigibilidad por parte del gobernado, de todo aquello que la ley le compete e inclusive y en atención al contenido del artículo 39 constitucional, modificar, a través de la libertad de expresión, la forma de gobierno, de ahí que el precepto que se tilda de inconstitucional, atenta contra el Derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información;

9.- Porque en la norma en controversia, no se precisa la conducta sujeta a sanción, por lo genérico que resulta “violencia” ni los conceptos “ realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.” Tampoco se precisa el medio para tenerla por demostrada, porque establece “realice actos”” y quedaría al arbitrio del juzgador interpretar el alcance de esos conceptos, cuánto más que existe ambigüedad manifiesta en los elementos del tipo penal, esto es, no se entiende con claridad, que debe entenderse por violencia , que deben entenderse con realizar actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, y tampoco se establece con claridad, cuál es el bien jurídico tutelado, ya que los conceptos, violencia y paz pública, carecen de los principios básicos de claridad, congruencia y precisión;

10.- Porque de acuerdo a la doctrina, del derecho a la legalidad penal, deriva un mandato de exigencia para que el legislador describa de manera clara y precisa las conductas prohibidas y sus consecuencias jurídicas; y también un mandato de “taxatividad” que es una exigencia dirigida al juez para que se abstenga de aplicar las normas penales a los casos que no vengan expresamente previstos en las mismas, más allá del sentido literal posible, lo que en la especie no acontece, pues en el caso que nos ocupa, el legislador ordinario, no establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, que es la VIOLENCIA EXTREMA; no establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consisten los que actos EN CONTRA DE LAS PERSONAS, LAS COSAS O SERVICIOS PÚBLICOS; No establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consiste la PAZ PÚBLICA, ni razona, ni motiva que se entiende por VIOLENCIA; No establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, a cual autoridad se refiere dicho tipo penal a referirse “realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.”;

11.- Porque del análisis del delito de “ataques a la paz pública”, resulta claro que utiliza “conceptos difusos”, y desde el legislativo no se han dado elementos claros para determinar sus alcances de lo qué se entenderá como “perturbación a la paz pública”, ni tampoco “violencia extrema, pues el delito debe tener clara definición de la conducta incriminada, se debe establecer sus elementos y permitir deslindar ese delito de conductas ilícitas sancionables con otras medidas; ya que la ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales;

Esto es, no existe una exacta aplicación de la ley penal y respeto al principio de legalidad en materia penal, ya que la definición de la conductas del gobernado que se traduzcan en especificar cuál es la descripción típica de este delito, ya que conceptos como “violencia” la finalidad de ” perturben la paz pública, no es clara y por el contrario resultan ser vagas, es decir, descripción legal de la conducta es equívoca, confusa, ambigua, al punto que desemboca en interpretaciones diversas “auspiciadas” por el legislador y que son la puerta del arbitrio de las y los operadores de justicia su aplicación indiscriminada, y la ambigüedad del delito permite que la autoridades puedan imputar un delito, que en sí mismo implica la pérdida de la libertad durante el proceso; la vaguedad del delito también permite que las y los operadores de justicia a través del derecho penal envíen un mensaje disuasivo a la población sobre el “riesgo que implica participar en actividades políticas o manifestaciones”, generando con ello, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación; pues no los preceptos en comento (tanto con anterioridad como con posterioridad a la reforma de mérito) no se remiten, a circular, decreto, documento, reglamento, acuerdo, que establezca que debe entenderse por violencia, “violencia extrema”, “menoscaben el Gobierno del Distrito Federal” por actos en contra de las personas, por paz pública, esto es, no se precisan las hipótesis legales en las que se indiquen cuándo estamos ante dichos elementos y aun remitiéndose nos encontramos ante la misma violación de la exacta aplicación de la ley penal, dicho de otra manera, la llamada ley penal en blanco, dado que no es una conducta que esté exactamente descrita en la norma, ya que el legislador estaba obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso, pues los denominados “tipos penales en blanco” son supuestos hipotéticos en los que la conducta que se califica como delictiva está precisada en términos abstractos, pues se requiere de un complemento para quedar plenamente integrada. Así, pudiera hablarse en sentido impropio de una norma penal en blanco en aquellos casos en donde se requiera la declaratoria de otra ley para tener como ilícita la conducta reglada en el dispositivo penal, toda vez que el supuesto de hecho no aparece descrito en su totalidad, debiendo acudirse, para su complemento, a otra norma o conjunto de ellas de naturaleza extrapenal.

En la norma en controversia, no se precisa la conducta sujeta a sanción, por lo genérico que resulta “violencia” ni los conceptos “ realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.” Tampoco se precisa el medio para tenerla por demostrada, porque establece “realice actos”” y quedaría al arbitrio del juzgador interpretar el alcance de esos conceptos, cuánto más que existe ambigüedad manifiesta en los elementos del tipo penal, esto es, no se entiende con claridad, que debe entenderse por violencia , que deben entenderse con realizar actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, y tampoco se establece con claridad, cuál es el bien jurídico tutelado, ya que los conceptos, violencia y paz pública, carecen de los principios básicos de claridad, congruencia y precisión, pues de acuerdo a la doctrina, del derecho a la legalidad penal, deriva un mandato de exigencia para que el legislador describa de manera clara y precisa las conductas prohibidas y sus consecuencias jurídicas; y también un mandato de “taxatividad” que es una exigencia dirigida al juez para que se abstenga de aplicar las normas penales a los casos que no vengan expresamente previstos en las mismas, más allá del sentido literal posible, lo que en la especie no acontece, pues en el caso que nos ocupa, el legislador ordinario, no establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, que es la VIOLENCIA ; no establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consisten los que actos EN CONTRA DE LAS PERSONAS, LAS COSAS O SERVICIOS PÚBLICOS; No establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consiste la PAZ PÚBLICA, ni razona, ni motiva que se entiende por VIOLENCIA; No establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, a cual autoridad se refiere dicho tipo penal a referirse “realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.”, pues la interpretación del tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que prevé como garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal, no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República.

Ahora bien, el próximo día 27 de enero de 2016, la H. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformada por los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sesionará de nueva cuenta el amparo en revisión promovido por la Liga de Abogados 1º de diciembre, solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad de los delitos de Ataques a la Paz Pública, contenido en el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, propuesto en el amparo en revisión 4384/2013, promovido por el quejoso Bryan Reyes Rodríguez, cuyo proyecto está a cargo del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La discusión del delito de ultrajes a la autoridad, ha sido turnada al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí la necesidad de convocar a las organizaciones y defensores de derechos humanos, para abrir un debate nacional e internacional para condenar el uso indiscriminado del derecho penal para judicializar la protesta social, derecho humano que se ha visto vulnerado por las autoridades y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, al utilizar dichos delitos para perseguir, estigmatizar, judicializar y encarcelar manifestantes; cuyo ejemplo más claro y público, fue la represión y uso desmedido de la fuerza policíaca en contra de las personas que fueron detenidas y golpeadas el día primero de diciembre de dos mil doce. Dichos artículos del Código Penal para el Distrito Federal, siguen siendo utilizados con fines políticos y con el objetivo de aplastar toda protesta social y estigmatizar a toda persona que ejerza su libre derecho humano a la protesta social, de ahí que hayamos acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para demandar se declaren inconstitucionales y/o contrarios al texto de la Carta Magna, dichos delitos de corte político punitivo.

Por otra parte también la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que resolver en próximas fechas sobre la constitucionalidad de varias disposiciones legales, es concreto de los artículos 11 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal y 15 de su Reglamento que niegan arbitrariamente el derechos humano de cualquier víctima a ser reparada en sus Derechos Humanos, derivados de los hechos represivos del día 1º de diciembre de 2012, exigibles a través de la contraloría del Gobierno del Distrito Federal; disposiciones legales que van en contra de tratados internacionales suscritos por México ex profeso para la reparación del daño a víctimas del Estado, y contra diferentes jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo anterior en función del Amparo en revisión de Javier Lara, víctima de la represión del 1 de diciembre de 2012, pero que atañe al resto de las víctimas y expresos políticos de la represión de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard y Miguel Ánguel Mancera como son los casos de los ex presos políticos Irving A. García, Joel A. Allende, Guadalupe Coutiño y A. Peralta y del Profesor Sergio Moissen, Nancy Cornejo, Alex Osorio, Gonzálo Arredondo y Jesús Pegueros del 10 de junio de 2013, que han solicitado la reparación del daño por ante la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal.

Cabe resaltar que la defensa de las libertades democráticas y los derechos hyumanos va más allá de los tribunales. La Corte no resolverá a favor de los derechos humanos, si no nos movilizamos y convocamos a un debate nacional e internacional, ya que de declararse constitucionales dichos artículos, representa un retroceso en las libertades democráticas, y un ataque a los trabajadores y el pueblo que sale a manifestarse en contra las medidas políticas y económicas que se vienen aplicando desde hace varios años, como son las llamadas reformas estructurales aplicadas por el Pacto por México y ejecutadas por el gobierno federal y local.

Invitamos a todas las organizaciones de derechos humanos, civiles, democráticas, a periodistas, intelectuales, estudiantes, jóvenes, trabajadores, mujeres, a hacer un frente común por que se declaren inconstitucionales y se deroguen del Código Penal estos delitos que criminalizan la protesta social, así como las disposiciones de la Ley de Responsabilidad patrimonial del Distrito Federal, que revictimizan a las víctimas.

En suma, exigimos que la sesión donde se discutirán los proyectos de los amparos en revisión 4384/2013 y 4436/2015, sea pública y se permita el acceso a los abogados, familiares y activistas que así lo deseen.

Nos sumamos a la convocatoria para un mitin en las afueras de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, para las 10: 00 del día 27 de enero de 2016, que representa un día histórico para el respeto a los derechos humanos y el derecho a la manifestación y protesta social.

México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos mil dieciséis.

Liga de Abogados 1º de diciembre.

A LOS MINISTROS DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
A LOS COLECTIVOS ESTUDIANTILES, DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS Y DE TODAS LAS IDEOLOGÍAS.
A LAS ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS, MAESTROS Y OBREROS
A LAS Y LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LA COMUNIDAD JURÍDICA
AL PUEBLO DE MÉXICO

El derecho a disentir, es un elemento fundamental de la natura humana, se trata de una cuestión filosófico-política que rompe con los esquemas y confronta directamente a la negación paulatina de los derechos propios de un ser humano, mediante el uso de la propaganda, la manipulación, la criminalización, el uso de la violencia reaccionaria y la judicialización de la protesta social por conducto de la creación de delitos para encarcelar a la disidencia política y a las y los defensores de los derechos humanos.

El próximo día 20 de enero de 2016, la H. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformada por los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, discutirá y en su caso fallará en defintiva los amparos en revisión promovidos por la Liga de Abogados 1º de diciembre, solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad de los delitos de Ataques a la Paz Pública, contenido en el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, propuesto en el amparo en revisión 4384/2013, promovido por el quejoso Bryan Reyes Rodríguez, cuyo proyecto está a cargo del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así como la declaratoria de inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad, contenido en el en el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal, propuesto en el amparo en revisión 4436/2015, promovido por la quejosa Gabriela Hernández Arreola ó Gabriela Luna, cuyo proyecto está a cargo del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El día 20 de enero, será un día histórico para las y los defensores de los derechos humanos, para las organizaciones sociales, para los colectivos estudiantiles y populares y en general para todo ente social que ha ejercido su derecho humano y constitucional a la manifestación y a la protesta social, derecho humano que se ha visto vulnerado por las autoridades y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, al utilizar dichos delitos para perseguir, estigmatizar, judicializar y encarcelar manifestantes; cuyo ejemplo más claro y público, fue la represión y uso desmedido de la fuerza policíaca en contra de las personas que fueron detenidas y golpeadas el día primero de diciembre de dos mil doce. Dichos artículos del Código Penal para el Distrito Federal, siguen siendo utilizados con fines políticos y con el objetivo de aplastar toda protesta social y estigmatizar a toda persona que ejerza su libre derecho humano a la protesta social, de ahí que hayamos acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para demandar se declaren inconstitucionales dichos delitos de corte político punitivo.

El artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, contiene un tipo penal contrario a los principios de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal y libertad de expresión tuteladas en la Constitución mexicana y en diversos tratados internacionales de los que nuestro país es parte, es un delito que criminaliza la protesta social, restringe el derecho de exigir cuentas a los gobernantes y empleados públicos, -muchos electos a través del sufragio universal- reconocido en la Carta Magna, con un tipo penal que persigue, que criminaliza, que ofende, que soslaya el derecho humano fundamental de exigir cuentas y el derecho de petición para el buen funcionamiento del bien público, cuya actividad constitucional, encuentra sustento en la exigibilidad por parte del gobernado, de todo aquello que la ley le compete e inclusive y en atención al contenido del artículo 39 constitucional, modificar, a través de la libertad de expresión, de la movilización, de la protesta social, la forma de gobierno, de ahí que dicho tipo penal atenta contra el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, entre muchos otros argumentos que fueron plasmados en el cuerpo del amparo directo en revisión 4384/2013.

Sostenemos que dicho artículo es inconstitucional, porque además en dicho tipo penal no se precisa la conducta sujeta a sanción, por lo genérico que resulta “violencia” ni los conceptos “ realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.” Tampoco se precisa el medio para tenerla por demostrada, porque establece “realice actos”” y quedaría al arbitrio de la autoridad ministerial y el juzgador interpretar el alcance de esos conceptos, cuánto más que existe ambigüedad manifiesta en los elementos del tipo penal, esto es, no se entiende con claridad, que debe entenderse por violencia , que deben entenderse con realizar actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, y tampoco se establece con claridad, cuál es el bien jurídico tutelado, ya que los conceptos, violencia y paz pública, carecen de los principios básicos de claridad, congruencia y precisión, y abren el camino hacia la incertidumbre jurídica y el abuso político de dicho delito para perseguir y encarcelar manifestantes, como ha venido aconteciendo desde el primero de diciembre de dos mil doce, ya que la interpretación que se le da es de índole estrictamente política punitiva.

En éste orden de ideas, en la página de la H. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha hecho público el proyecto de sentencia amparo en revisión 4384/2013 por parte del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el cuál desestima los argumentos en defensa de los derechos humanos, los argumentos de denuncia de criminalización de la protesta social y el uso político de dicho delito para judicializar el descontento social, declarando “constitucional” dicho delito y sentando un grave precedente para que el Estado y sus cuerpos represivos, sigan violando los derechos humanos de los manifestantes y se siga persiguiendo defensores sociales al imputarles dicho delito para castigar su participación política y de protesta social, con el objetivo claro del encarcelamiento, de ahí que como abogados defensores de derechos humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación y extrañeza de que nuestro Máximo Tribunal por conducto de la H. Primera Sala, determine adoptar el criterio del proyecto del Ministro Ortiz Mena.

El proyecto se puede apreciar en el siguiente enlace relativo al amparo en revisión 4384/2013:

https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/1ra_listas_asuntossesion/20%20ENERO%202016%20SR%20LISTAS%20PARA%20SESI%C3%93N%20DATOS%20SENSIBLES.pdf

El artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal, es del tenor siguiente: “Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días multa.”

Dicho delito tiende a inhibir la participación ciudadana en el debate público al privilegiar el estatus de “autoridad” y “servidor público” y sancionar cualquier afectación a su imagen, honor, honra, decoro y/o estima, de ahí que la norma penal se advierta como una amenaza punitivamente a cualquier opinión contraria a la autoridad.

Lo anterior ha sido observado por la Organización de Estados Americanos (OEA), quien al establecer la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado:

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Con ello, se advierte la primacía que enviste a la participación ciudadana y la importancia de alentar en toda sociedad democrática el ejercicio crítico y debate de ideas, sobre todo en los temas donde necesariamente se verán involucrados los servidores públicos que participen en la toma de decisiones trascedentes a la ciudadanía, por lo que en una sociedad democrática no tienen cabida las “leyes de desacato”, mismas que han sido consideradas contrarias a la Convención Americana por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, pues al interpretar el ya transcrito principio 11 de la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión, ha señalado:

En el proyecto de sentencia del amparo en revisión 4436/2015, promovido por la quejosa Gabriela Hernández Arreola ó Gabriela Luna, cuyo proyecto está a cargo del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, propone declarar “constitucional” dicho artículo relativo al delito de ultrajes a la autoridad, desestimando los argumentos en defensa de los derechos humanos, los argumentos de denuncia de criminalización de la protesta social y el uso político de dicho delito para judicializar el descontento social, sentando un grave precedente para que el Estado y sus cuerpos represivos, sigan violando los derechos humanos de los manifestantes y se siga persiguiendo defensores sociales al imputarles dicho delito para castigar su participación política y de protesta social, de ahí que como abogados defensores de derechos humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación y extrañeza de que nuestro Máximo Tribunal por conducto de la H. Primera Sala, determine adoptar el criterio del proyecto del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El proyecto se puede apreciar en el siguiente enlace relativo al amparo en revisión 4436/2015

https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/1ra_listas_asuntossesion/20%20ENERO%202016%20SR%20LISTAS%20PARA%20SESI%C3%93N%20DATOS%20SENSIBLES.pdf

La situación por la que atravesamos es difícil y pareciera que no hay alternativa para el respeto y promoción de los derechos humanos, al haber quedado reducidas las instituciones a instancias de simulación, de corrupción y de criminalización de la protesta social, es evidente que el Estado en su conjunto, como ente político-jurídico (en los tres poderes de la Unión) ha sido rebasado, de ahí que el proyecto que niega el amparo a los quejosos y declara constitucionales dichos artículos, por parte de los Ministros Ortiz Mena y Pardo Rebolledo, genera un clima de incertidumbre y ambigüedad y de desprecio a los derechos humanos, con lo cual se alimenta el fantasma de la impunidad y el abuso de autoridad, de ahí que como abogados defensores de los derechos humanos y como integrantes de la Liga de Abogados Primero 1º de Diciembre, nos pronunciemos por una sana discusión, por un debate de altura, ponderando en todo momento el derecho humano de todo individuo a manifestarse y no ser estigmatizado, a no ser criminalizado y encarcelado con el uso de tipos penales creados ad-hoc para contener el descontento social y abonar con su determinación, a la grave situación de desprecio a los derechos humanos, que en conjunto con la crisis económica, crisis política, de seguridad, de cultura y arte, alimentan el proceso avanzado de fascistizaciòn del Estado mexicano, cuya parte medular de dicha descomposición por la vía de la violencia reaccionaria, lo es precisamente el terrorismo de Estado.

La libertad de expresión, de protesta, se traducen en un importante espacio de creatividad y desarrollo individual, indisolublemente ligado a cualquier ejercicio significativo de la autonomía; la libertad de expresión goza también de una vertiente pública, institucional o colectiva de inmensa relevancia. Tener plena libertad para expresar, difundir y publicar ideas es imprescindible no solamente para poder ejercer plenamente otros derechos fundamentales como el de asociarse y el derecho de petición, sino que constituye además un elemento funcional de esencial importancia en la dinámica de una democracia representativa.

Si los ciudadanos no tienen la plena seguridad de que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente sus ideas, es imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, y capaces así de cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático.

En suma, exigimos que la sesión donde se discutirán los proyectos de los amparos en revisión 4384/2013 y 4436/2015, sea pública y se permita el acceso a los abogados, familiares y activistas que así lo deseen.

Nos sumamos a la convocatoria para un mitin en las afueras de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, para las 10: 00 del día 20 de enero de 2016, que representa un día histórico para el respeto a los derechos humanos y el derecho a la manifestación y protesta social.

México, Distrito Federal, a dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis.

Liga de Abogados 1º de diciembre.

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