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autor: @tenejapanboy

«as queer as a clockwork orange», que significa «tan raro como una naranja mecánica»

Que de raro puede tener que en México el gobierno en turno emplee de manera desmedida

la negación, el “yo no fui”, “ahora todo será mejor”, “en México se respetan los derechos

humanos”, “hay un combate fuerte  contra la corrupción”, “caiga quien caiga”,

“haiga sido como haiga sido”, y un infinito etcétera; si ese ha sido el discurso permanente,

y por lo tanto repetitivo, de la clase política mexicana. Y siendo así las cosas ¿por qué

alguien habría de molestarse, si siempre ha sido así?

sor juana INE

tu civismo vale $250.00

 

Que de raro tiene que el gobierno realice un gasto millonario en suministros  bélicos para

un ejército y a una armada, que nunca, en tiempos recientes, ha tenido un conflicto con

fuerzas armadas de  un país extranjero. Que de raro tiene que se compren pertrechos,

vehículos, armas, etcétera, para unas policías federal, estatal, municipal, para un grupo

paramilitar conocido como gendarmería, aparte de las fuerzas represoras no oficiales como

son los paramilitares y algunas de las llamadas autodefensas y que toda esa fuerza bélica se

use en contra de estudiantes, maestros, campesinos, obreros, médicos y población civil en

general. Y siendo así las cosas ¿por qué alguien habría de molestarse, si siempre ha sido así?

 

Que de raro tiene que: el dólar suba y baje (Y que una artistucha salga a decirnos que eso no

nos afecta) que el petróleo suba y baje, que el sueldo de los funcionarios públicos suban y el

del pueblo trabajador baje (pueden darles aumentos, pero estos están automáticamente

están devaluados por la inflación reiteradamente negada por el  gobierno).Y siendo así las

cosas ¿por qué alguien habría de molestarse, si siempre ha sido así?

sueldo

da gracias que tienes trabajo

 

Que de raro tiene que suba la gasolina y suba la contaminación. Que  de raro tiene que que

nos echen la culpa a los ciudadanos de la contaminación, de la baja productividad, de los

pésimos niveles educativos, de la violencia, de la corrupción (la corrupción somos todos),

de  los fraudes electorales, de las consecuencias de los desastres naturales, de la pésima

calidad de los programas televisivos (“es una televisión para jodidos”).Y siendo así las

cosas ¿por qué alguien habría de molestarse, si siempre ha sido así?

jodidos

televisión jodida para jodidos

 

Que de raro tiene que los partidos políticos como el PRI y el Verde, y algunas ONG´s se

opongan a penalizar los actos de corrupción de los políticos y propongan una ley

anticorrupción chimuela donde los funcionarios públicos casi casi sólo serán

reconvenidos verbalmente y podrán quedarse con todo lo embolsado. Que de raro tiene que

empresas españolas y en general extranjeras casi casi tengan su oficina adjunta en las

secretarías de comunicaciones y transporte, en la presidencia de la república, en PEMEX;

CFE, y en las cámaras de senadores y diputados y además sean dueños de vías de

comunicación, plantas de energía eléctrica y minas en todo el país, cuando antes eso era

patrimonio nacional. Y siendo así las cosas ¿por qué alguien habría de molestarse, si

siempre ha sido así?

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La impunidad de los políticos ratas

 

Que de raro tiene que al ejército no se le culpe de nada; que a la marina no se le culpe de

nada, que a la policía  se le destituya por protagonizar show sexuales en las redes

sociales y esto sea más grave que las desapariciones forzadas, la violación a detenidos o la

tortura.  Que de raro tiene que a los dueños de ABC no se les toque ni con el pétalo de una

margarita, que a los expresidentes y que los magistrados de la suprema corta de justicia

de la nación se les otorgue jubilaciones millonarias y que estos últimos resuelvan acotar el

monto máximo de las pensiones del IMSS.Y siendo así las cosas ¿por qué alguien habría

de molestarse, si siempre ha sido así?

polichichis

las armas ocultas

 

Que de raro tiene que el presidente, el secretario de la defensa de la oligarquía nacional y la

procuradora estrenen aviones de miles de millones de pesos,  y la presidencia municipal de

un pueblo de Guanajuato le pavimente la carretera que va a surancho (sic) del loquito que

más nos cuesta mantener y que se refugia en la tierra de las momias (y no es en Egipto).

Y siendo así las cosas ¿por qué alguien habría de molestarse, si siempre ha sido así?

sueldo al 100

No garantiza su trabajo al 100% pero no deja de cobrar al 100%

Que de raro tiene que  el presidente del consejo comprar levitra generico no brasil general del INE diga que no puede

garantizar que no haya fraudes en las elecciones, esto  a pesar de los casi  15 mil millones

de pesos que recibe ese instituto por  desorganizar la elecciones; y que de raro tiene que

ahora inauguren una nueva forma de elegir a los representantes populares, donde ya sin

hipocresías el gobierno se agandalla el 40 por ciento de las curules constituyentes y todavía

se da el privilegio de competir por  las 60 restantes ¡aguas! ya no lo impusieron, al rato no

nos quejemos cuando nos digan que de ahora en adelante así van a ser la elecciones en la

“democracia a la mexicana”, la cual paga  cientos de miles a consejeros y personal

administrativo y de carrera del INE, pero limosnea a los funcionarios de casilla con 250

pesos,  y así  todavía hay  gente que dice que es mucho,  pues es una “obligación

ciudadana” aja, ¡obligación la del INE de  garantizar al 100 por ciento que no habrá fraudes

pero dice su  presidente Lorenzo  que el INE no lo puede garantizar, jijos de su repulcra

madre…! (Su señor padre, el gran intelectual de izquierda Arnaldo Córdova ha de estar

revolcándose en los infiernos al ver el pobre desempeño de su hijito) y por  respuestas

como esa cobra un dineral. Y aparte,  la alta jerarquía del INE se da el lujo de anunciarnos

que van a mandar hacerse unas nuevas oficinas que nos van a costar mil 100 millones de

pesos (para empezar, ustedes  saben estimados lectores que esos presupuestos en el

gobierno siempre terminan engordando mucho más, al doble o triple), pero eso si, a los

Funcionarios de Mesa de Casilla sólo les tocan 250 pesotes, ni el  1% que se tragan en una

sesión ordinaria de consejo. Y siendo así las cosas ¿por qué alguien habría de molestarse, si

siempre ha sido así?

PROYECTO NUEVO EDIFICIO INE

PROYECTO NUEVO EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE). FOTO ESPECIAL (oficinas de paso, con penhouse, regaderas y vestidores,  edecanes y área deportiva las 24 horas)

Así las cosas ¿por qué alguien debería molestarse, si siempre ha sido así? … Pues, aunque no lo parezca, si hay mucha gente molesta y su molestia se demuestra de  forma paralela a las elecciones de este año 2016,  y es así como entonces la retórica sigue su curso y se aventura a alegar: De acuerdo con el catálogo de agravios arriba enlistado: Que de raro tiene que la gente ya no crea en la democracia y por extensión no confié en  el INE y  piense que las elecciones son,  si no un fraude, una tomadura de pelo. Que de raro tiene que cada día los  ciudadanos, en una enorme mayoría, se niegan a participar  como funcionarios de casilla y  de paso agarren al personal eventual que va a capacitarlos (CAES), como su paño de lágrimas o  muro de los lamentos; no señores y señoras, damas y caballeros, nada tiene de raro, enMéxico la democracia está desprestigiada y eso es debido, en parte,  a un Instituto Nacional Electoral  que no hace bien su trabajo (hablo de los altos mandos, los que se reparten con la cuchara grande el  presupuesto asignado al INE)  y  a los políticos ratas que en campaña son todos unas excelentes personas , y una vez en el puesto, son unos déspotas (sólo fíjense en el city manager de la Miguel Hidalgo y saquen conclusiones)

antes despues

o se dedican a robar y reprimir a la ciudadanía. La verdad, así como van las cosas, es muy probable que tarde o temprano nos apliquen el 40-60 en todas las  elecciones, al fin que para la constituyente pocos fueron los que reclamaron la antidemocrática forma de armar la asamblea constituyente de la Ciudad de México (40 por dedazo -14 designados por los senadores, 14 por los diputados federales y 6 por el presidente y 6 por el jefe de gobierno de la Ciudad de México- y 60 por voto directo de la ciudadanía), y ya será muy tarde para reclamar por una democracia al 100 por ciento. Y si, hay mucha gente encabronada y esta mandando a chiflar su mauser al INE y a todo lo que huela a gobierno.

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PD.  En México encontrar algo que no esté corrompido por los intereses políticos sería «tan raro como una naranja mecánica»

naranja

 

 

@tenejapanboy

 

México de Luto No olvidemos Ayotzinapa

Bandera negra calavera

México de Luto

¿Por qué el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, criminaliza la protesta social y es contrario a la Carta Magna?

El miércoles 3 de febrero, la H. Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, sesiona para resolver el amparo en revisión 4384/2013, promovido por el quejoso Bryan Reyes Rodríguez, cuyo proyecto de resolución, está a cargo del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y en él, se determina declarar constitucional dicho artículo.
Se transcribe el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, para mejor comprensión:
“Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública. La reincidencia se estará a lo que establezca éste Código”
En el debate que actualmente se ventila en la H. Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la opinión pública nacional e internacional, incluyendo organizaciones sociales y de derechos humanos, no pueden soslayarse los testimonios de centenas de casos de estigmatización, represión y criminalización de la protesta social, desde el 1 de diciembre de 2012, aplicados en su momento por el gobierno de Marcelo Ebrard, y actualmente por el gobierno de Miguel Ángel Mancera y en los hechos por el llamado Pacto por México.
Llama poderosamente la atención, la política de fabricación de delitos a los manifestantes, utilizando tipos penales ambiguos, criminalizadores e inconstitucionales como el de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y portación de objeto apto para agredir, que dejan al arbitrio de la autoridad política y de procuración de justicia su aplicación para judicializar la protesta social. Cabe recordar que a la fecha, no existe un cumplimiento cabal a las recomendaciones 7/2013, 9/2015, 20/2015 y 21/2015, emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativas a los hechos de represión y detenciones arbitrarias de los días 1º de diciembre de 2012, 10 de junio de 2013, 2 de octubre de 2013 y 22 de abril de 2014, respectivamente.

El proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, determina que dicho delito es constitucional, proyecto que desde luego no compartimos, haciendo notar de la manera más atenta y respetuosa, que dicho proyecto de resolución, se aparta de los principios de fondo que toda sentencia debe contener, como lo son, el de congruencia; el de claridad y precisión; el de fundamentación y motivación y el de exhaustividad, ya que se abstiene de analizar, las siguientes razones jurídicas concretas, por medio de las cuales, sostenemos que dicho artículo es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y criminaliza el derecho humano a la protesta social:

1.- Porque de manera indiscriminada se encasillan diversas conductas, que el legislador denomina “actos”, sin precisar de manera clara el criterio objetivo utilizado para encajar en cada supuesto, esto es, el legislador no razona, no motiva “en qué consisten los actos en contra de las personas, los bienes públicos o privados, cosas y el concepto paz pública, ni mucho menos el concepto que a su decir y conforme a dichos “actos” se “perturbe la paz pública”, como si todos los actos fueran de idéntica naturaleza, de igual potencial, de iguales condiciones materiales y funcionales, prescindiendo del aspecto esencial en cuanto a la conducta, dolosa o negligente, o de mera culpa, causante de la infracción legal, infringiendo con ello las garantías de igualdad ante la ley, y de legalidad y seguridad jurídica del gobernado.

En éste orden de ideas, cabe precisar que, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consisten los “actos en contra de las personas”, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la ”paz pública” o el “menoscabo al Gobierno del Distrito Federal”; no establece con claridad, es decir, no señala en forma clara, objetiva, precisa y sin ambigüedades, en qué consiste la “paz pública”, ni razona, que se entiende por “realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”, desconociendo el principio jurídico universal en el sentido de que para que una conducta constituya un ilícito, se requiere que una ley o que un precepto, legal defina exactamente la conducta constitutiva del ilícito, violando el principio de tipicidad o taxatividad, según el cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales.

  Y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, y la prohibición de tipos penales ambiguos. Además, la determinación que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposición de penas, pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio, aquél está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso, lo que en la especie acontece, de ahí su inconstitucionalidad.

Pues en atención al principio de la prohibición de tipos penales ambiguos, el legislador está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso, lo que en la especie no acontece, pues el delito debe tener clara definición de la conducta incriminada, se debe establecer sus elementos y permitir deslindar ese delito de conductas ilícitas sancionables con otras medidas; ya que la ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la libertad y el derecho a protestar y exigir cuentas.

En palabras del ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos humanos, Sergio García Ramírez, este principio (taxatividad) es vulnerado cuando la descripción legal de la conducta es equívoca, confusa, ambigua, al punto que desemboca en interpretaciones diversas (“auspiciadas” por el legislador y que son la puerta del arbitrio) y conducir a consecuencias penales diferentes, que se reflejan en la punición y en el enjuiciamiento, por ejemplo, de ahí la exigencia de rigurosa caracterización de las conductas punibles, al amparo del principio de legalidad.

2.- Porque el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, al no tener elementos normativos que permitan definir analizar con claridad los conceptos de “violencia”, “violencia extrema” y “perturben la paz pública”, dejan al arbitrio de las y los operadores de justicia su aplicación indiscriminada, a modo. La ambigüedad del delito permite que la autoridades puedan imputar dicho delito a toda persona que se manifieste; la vaguedad del delito también permite que las y los operadores de justicia a través del derecho penal envíen un mensaje disuasivo a la población sobre el “riesgo que implica participar en actividades políticas o manifestaciones”, generando con ello, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación, pues el precepto que se tilda de inconstitucional, no se remite a circular, decreto, documento, reglamento, acuerdo, norma alguna o criterio jurisprudencial que establezca que debe entenderse por violencia, “violencia extrema”, “menoscaben el Gobierno del Distrito Federal”, “por actos en contra de las personas”, “por paz pública”; esto es, no se precisan las hipótesis legales en las que se indiquen cuándo estamos ante dichos elementos, y el proyecto del Ministro Ortiz Mena, establece que”…no obstante, es posible establecer un concepto mínimo de paz pública aceptable para todos los individuos, consistente en la legítima expectativa de orden, tranquilidad y seguridad de cada miembro de una comunidad, que representa un fin inherente al Estado y premisa para el goce efectivo de otros derechos . Criterio similar fue adoptado por el tribunal colegiado, al concebir la paz pública como orden y tranquilidad que permitan el equilibrio y armonización de la convivencia entre los habitantes del Distrito Federal.”

¿A qué expectativa de orden, tranquilidad y seguridad se refiere el Ministro Ortiz Mena?
¿A la de fabricación de delitos, represión y uso desmedido del aparato estatal para reprimir manifestaciones?
¿A la imposición de reformas estructurales sin el consenso y consulta de los afectados?
¿Al orden y tranquilidad que se vive en un Estado, donde la tortura y la violencia producida por el crimen organizado afectan a miles de familias mexicanas?
¿Puede concluirse válidamente qué en la definición de expectativa de orden, tranquilidad y seguridad, se pueda excluir la existencia de la práctica sistémica de la tortura y desaparición forzada, cuya finalidad es destruir al ser humano concreto y al ser político para aterrar a la población?
No se omite manifestar que, el Ministro Ortiz Mena, se apoya, desde un punto de vista gramatical, en el Diccionario de la Real Academia Española para justificar su determinación de declarar constitucional dicho delito.

El artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, al no tener elementos normativos que permitan definir con claridad los conceptos de “violencia”, “realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”, dejan al arbitrio de las y los operadores de justicia su aplicación punitiva, y la ambigüedad del delito permite que las autoridades políticas y ministeriales, puedan imputar dicho delito a cualquier manifestante, con lo que se manda un mensaje a la población por conducto del derecho penal, entendido como el “riesgo que implica participar en actividades políticas o manifestaciones”, generando con ello, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación, que abren el camino al establecimiento de un orden fascista en nuestra sociedad al hacer nugatorio el derecho humano a la protesta social.
Es por lo anterior, que respetamos, pero no coincidimos con el proyecto de resolución del Ministro Ortiz Mena, pues sostenemos que el derecho a disentir, a protestar, emanados de las libertades democráticas, de movilización social y de organización de los ideales revolucionarios del pueblo mexicano, no pueden ser soslayados por nuestro Máximo Tribunal.

Jorge Miranda. Liga de Abogados 1 de diciembre.
3 de febrero de 2016.

Autor: Tenejapanboy

A la memoria de Juan Francisco Kuykendall

La ”Ley Para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos Policiales“, del estado de Puebla (aprobada hoy 19 de mayo de 2014 con 32 votos a favor y cinco en contra) dice a la letra en su artículo 10 “Se considera legítima defensa, en el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal, cuando exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física.” Esta desproporcionada, sin límites, convenenciera y confusa ley, que autoriza sin límites el uso excesivo de la violencia por parte de las “autoridades”, es otro botón de muestra de la tendencia a criminalizar la protesta social. Más reciente y anterior a la aprobada en el estado de Puebla, es la que el Congreso del estado de Chiapas aprobó (Con 26 votos a favor, cuatro en contra y una abstención), el pasado 15 de mayo, donde, de igual forma, se autoriza el uso de “armas no letales” a ver vamos por partes y preguntémonos ¿Cómo carajos se calcula que un objeto no es “letal”? (por ejemplo, una supuestamente inofensiva bala de “goma” fue la que, después de un largo y triste periodo, provocó la muerte del activista, Juan Francisco Kuykendall, crimen que desde el #1DMX a la fecha continua impune) ¡Quién tiene la preparación suficiente y la calidad moral para decidir en qué momento una manifestación pacífica, se puede convertir en un mitin violento donde el uso “legítimo” de la fuerza es aplicable? ¿Quién nos asegura la estabilidad mental y capacidad emocional de los elementos de “seguridad” (armados con rifles, pistolas, lanzagranadas, etcétera), para tomar decisiones, que pongan en riesgo la vida de los manifestantes, sin esperar órdenes de sus mandos? A ver señores legisladores de Puebla y Chiapas ¿dónde están los estudios independientes que autorizan, avala y justifican el uso criminal de la fuerza bruta contra la población civil?

Marcha puebla

Los Granazombies de Mancerita

Desde hace un tiempo (remitámonos al #1DMX), la protesta social se volvió objeto del particular interés para las autoridades de sistema político mexicano. La Ciudad de México –considerada hasta hace poco un bastión de la izquierda mexicana progresista y tierra de libertades democráticas jajajaja- , fue el conejillo de indias ideal para ensayar las nuevas formas de represión (ahí, al menos yo, conocimos el ahora famoso y reiteradamente utilizado “encapsulamiento”), y se recurrió, por parte de los granazombies de mancerita, al uso de la fuerza bruta para “controlar” la legítima manifestación del descontento social (otro ejemplo de lo peligrosas que pueden ser las “armas no letales” es el caso del joven Uriel Sandoval, otra víctima de las inofensivas balas de goma en el #1DMX, quien perdió un ojo a causa del golpe de una bala de goma), y si protestar en el DF es ya un deporte de alto riesgo, el hacerlo en las ciudades y poblaciones rurales de provincia es casi un suicidio. Y resulta que ahora los papeles protagónicos en esta historia de la represión en México, que de allá, del mal llamado “interior de la república”, nos viene la legitimación del uso de armas letales, con la ya bautizada, en redes sociales, como la #leyBala . Con ella se pretende dar validez jurídica al uso de armas que puedan, no sólo contener a los manifestantes, sino que, a través de lesiones mayores, que pueden en un momento dado provocar la muerte (recordemos Tlatelolco), la protesta social se inhiba, pues a través de las amenazas de muerte, los ciudadanos pensarán una, dos y tres veces antes el acudir a una concentración ciudadana, donde, si el psicópata encargado de “vigilar” la manifestación se le bota la canica, y a su muy particular entender se pone en riesgo la integridad física y material de los siempre oportunos y ubicuos “terceros” , pueden ser víctimas mortales del uso de armas letales para controlar sus “desordenadas y violentas” protestas.
Represión hecho en México

Ahora, como siempre en estos casos, los ciudadanos fuimos los últimos en enterarnos de las sucias maniobras de nuestros legisladores, y lo peor de todo, es que si salimos a protestar contra la #LeyBala chiapaneca y poblana seguramente un letal proyectil, ya tiene escrito nuestro nombre. Esperemos pues a ver cuántas entidades federativas (incluyendo la Ciudad de México), se contagian de este virus represor e implementan y ponen en su cuerpo de leyes la autorización fascista de usar armas letales contra los ciudadanos que ejercemos el legítimo derecho a expresar nuestro punto de vista sobre el acontecer político, económico y social que nos afecta.

Saludos a la banda ENAHNA.

1 ) http://www.sinembargo.mx/19-05-2014/997484

2 ) http://www.proceso.com.mx/?p=372328

3) http://revoluciontrespuntocero.com/uriel-sandoval-exige-derogacion-del-articulo-362-en-marcha-a-la-aldf/

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