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Ciudad de México, 29/08/2017.- Durante el 2015 entrevistamos a Fray Tomas en la 72 ahí conocimos la política que el estado mexicano vendría implementando en contra de las personas migrantes el Plan Frontera Sur que desde el año 2015 ha aumentado los operativos y las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes durante las rutas habituales de migración, Dicho plan que fue presentado con bombo y platillo después del escandalo de los niños migrantes, plan supuestamente apegado a los derechos humanos pero que solamente ha venido a incrementar la violencia en los pasos de las personas que migran.

Fray tomas nos comentaba al respecto: “El Plan Frontera Sur fue un programa que abarco hasta el norte del país. Yo lo catalogaría como un programa integral pero para dañar a las personas migrantes extranjeras pobres, originarias de Centroamérica, Cuba, Sudamérica y África. Nunca como este año que está terminado México ha deportado. Incluso ahora deporta a más personas centroamericanas que los Estados Unidos, entonces es un plan sucio, inmoral, letal, porque incluso nosotros hemos documentado algunos asesinatos de personas migrantes donde la autoridad, sobre todo la migratoria ha estado involucrada, entonces es un programa que ha dañando la imagen de México, ha dañado su esencia.”

En este contexto organizaciones de derechos humanos y personas defensoras de personas migrantes realizaron una conferencia de prensa. Mariana Zaragoza coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México (PRAMI) señaló el incremento de situaciones de violencia, amenazas, criminalización de personas migrantes y refugiados una de las lineas estratégicas del programa es el acompañamiento y fortalecimiento de albergues y defensores en este sentido se ha observado que hay un patrón de criminalización y amenazas contra los y las defensoras que se incrementa con la presencia de actores estatales y de seguridad privada.

Se dieron a conocer dos casos: el primero es sobre la situación de la estancia del migrante González y Martínez situada en Tequisquiapan, en el estado de Querétaro. El defensor de los derechos humanos Martín Martinez Ríos representante legal de la estancia quien desde hace 17 años realiza una importante labor de ayuda humanitaria, señala que en las instalaciones viven nueve familias y aproximadamente 29 personas quienes han sido amenazados y hostigadas por los elementos de seguridad de Ferromex, al grado de que los guardias han realizado disparos al aire, encañonado y disparado contras las instalaciones de la Estancia; ademas la ultima empresa contratada de nombre Multisistemas ha colocado cámaras de seguridad que apuntan directamente al refugio. Martínez Ríos exigió la seguridad de los voluntarios de la estancia y condenaron las omisiones del estado, señaló que tiene el derecho de tener un lugar para ejercer la ayuda humanitaria que el estado no realiza y responsabilizó a la empresa Ferromex de cualquier agresión que sufran los voluntarios de la Estancia a manos de la empresa seguridad.

Claudia León colaboradora de la Estancia González y Martines puntualizó que existen más de cinco denuncias contras las diversas empresas de seguridad que ha contratado Ferromex, la primera se realizó ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro en el Municipio de Colón el 22 de Septiembre del 2015 justo cuando colaboradores fueron encañonados por miembros de la empresa de seguridad CUSAEM una empresa estatal, la denuncia se encuentra con el número de carpeta de investigación 506 18015, la segunda ocurrió el 29 de abril del 2016 cuando elementos de la empresa de seguridad SIECSA dispararon directamente contra las instalaciones de la instancia y contra los colaboradores, la denuncia fue interpuesta por delito de amenaza con número de carpeta de investigación 17108293116. La tercera ocasión el 26 de Julio del 2016 se realizaron otro par de denuncias por delito de amenazas en la fiscalía de Tequisquiapan en contra la empresa CUSAEM la denuncia cuenta con número de carpeta de investigación 170525116 y 170525316 todas las denuncias anteriores fueron por agresiones directas y disparos.

Las otras dos denuncias están dirigidas a una tercera empresa de seguridad la que actualmente hostiga a las y los defensores de derechos humanos de nombre Multisistemas la denuncia fue interpuesta ante la fiscalía de justicia penal alternativa del municipio de Tequisquiapan por delito de amenazas el 10 de Noviembre del 2016 con número de carpeta de investigación 217108455216; esta denuncia fue realizada como parte del acompañamiento a un migrante victima de delito, agredido por elementos de la empresa Multisistemas.

Las tres empresas han sido contratadas por Ferromex sin embargo tanto la procuraduría de justicia del Estado y el mecanismo de protección han dado seguimiento a a las denuncias de esto se deriva una constante impunidad.

El segundo caso se trató de la 72 hogar y refugio de migrantes, Diana Muñoz abogada y Religiosa de la Congregación de Franciscanas Misioneras de María quien de acuerdo con una denuncia realizada el año pasado el 6 de octubre, recibió dos llamadas telefónicas insultándola y amenazándola por su tarea de defensa de los derechos humanos, le preguntaban si quería negociar por la vida de personas secuestradas. Denunció un clima de hostigamiento contras las y los colaboradores del hogar para migrantes.

La 72 hogar y refugio para migrantes esta ubicada a 60 kilómetros de la frontera con Guatemala en este tramo señaló la abogada, los hermanos migrantes sufren toda clases de violaciones a sus derechos humanos, los frailes y las y los colaboradores como parte de su labor humanitaria han optado por apoyar a las personas que se encuentran en el camino, los frailes muchas veces han recogido a migrantes, personas que han sido secuestradas, mujeres embarazadas y niños; por estas razones han sido amenazados, violentados por elementos del Instituto Nacional de Migración. Esto ha sido visto por las autoridades y especialmente el INM, como tráfico de personas ahora se encuentran Investigando a Fray Bernardo Molina Esquiliano miembro del equipo del refugio y de la orden franciscana debido a una denuncia interpuesta por el delegado federal del Instituto Nacional de Migración (INM) Eduardo Silvestre Hernández por trafico de personas cuya carpeta de investigación es FED/TAB/0000134/2017.

Diana Muñoz recordó que el año pasado Fray Tomas fue denunciado por el INM el delegado interpuso una demanda y de ahí ha ido en aumento toda una serie de acosos y persecuciones, en Noviembre del 2014 Fray Aurelio recibió una serie de llamadas amenazantes esto después que las defensoras y defensores de acuerdo con la abogada denunciaron con pruebas a patrullas involucradas en secuestros masivos de personas migrantes, al igual han entregado recibos del dinero que cobran por su liberación. También señaló que existe una serie de señalamientos en contra de la 72 donde se les dice a los migrantes que en la casa se lucra con su vida y que incluso se falsifican documentos.

Fernando Ríos de la Red TDT Señaló que el contexto de los albergues en particular de la estancia González y Martines y la 72 se encuentra en medio de la militarización del país, ademas denuncio que no es posible que a pesa de estar dentro del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos de la secretaria de gobernación las agresiones continúan senaló que el mecanismo de protección ha sido omiso en su obligación y no se ha logrado que se de una atención en defensa de los derechos humanos. En la frontera sur apenas se esta viendo cuestiones preocupantes por eso se hace el llamado a la instancia encargada de la defensa de los derechos humanos, el estado esta permitiendo que se agreda a los defensores.

firma la Alerta Defensa DH | Preocupación por la integridad y derecho a defender DH de las personas defensoras de migrantes

27 de agosto de 2017

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su alarma y preocupación ante la decisión del Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, de declarar persona non grata a Iván Velásquez,  Comisionado titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y ordenar su expulsión del país.

En particular, la CIDH expresa su consternación por la falta de fundamentación de esta decisión. La CIDH recuerda al Estado guatemalteco que la declaratoria de persona non grata debe ser aplicada de manera excepcional y en ningún momento como una justificación para realizar una expulsión sumaria por la labor de la defensa de los derechos humanos. En este sentido, la CIDH ha sido enfática en afirmar que en cualquier proceso que pueda afectar los derechos de una persona debe seguirse conforme las garantías de debido proceso, en forma que las personas puedan defenderse adecuadamente de cualquier acto emanado del Estado, lo que incluye el derecho al control judicial con efectos suspensivos.

Asimismo, la Comisión Interamericana toma nota de la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por la que se otorga el amparo provisional solicitado que deja en suspenso la decisión de expulsión.

La Comisión Interamericana reitera su reconocimiento a la importante labor de la CICIG manifestado tanto en su Informe de País y de Seguimiento de Recomendaciones, como en su reciente visita in loco, respecto de las medidas y acciones dirigidas a combatir la corrupción e impunidad en Guatemala en los últimos años, proceso en el cual conjuntamente con el Ministerio Público ha desempeñado un papel fundamental. La CIDH nota que recientes investigaciones de ambas instituciones señalaron que altos funcionarios del Estado y actores diversos del país estaban comprometidos con actos ilícitos de corrupción.

La CIDH insiste en la fundamental importancia que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y una justicia independiente e imparcial. En este contexto, la CIDH resalta la importancia de establecer medidas de protección a operadores de justicia e investigadores que garanticen la capacidad de ejercer su labor sin ser víctimas de amenazas, intimidaciones y otros actos en contra su vida e integridad física.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

27 de enero del 2017

Las comunidades, luchas y organizaciones que somos parte de la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Celebramos la aceptación definitiva en el sistema de justicia canadiense de la demanda sobre daños y perjuicios presentada por ciudadanos guatemaltecos en contra de Tahoe Resources Inc.

El día de ayer, en un fallo histório, la Corte de Apelaciones de British Columbia rechazó el recurso interpuesto por la minera canadiense Tahoe Resources quien pretendía evitar que la jurisdicción de ese país conociera y juzgara hechos ocurridos en Guatemala.

Con esta decisión, el sistema de justicia canadiense abre sus puertas para conocer el caso de los siete guatemaltecos gravemente heridos en el año 2013, durante la represión violenta a una manifestación pacífica contra del proyecto minero “El Escobal” en el municipio de San Rafael las Flores, Guatemala, a manos de miembros del equipo de seguridad privada de la empresa minera San Rafael, filial de Tahoe Resources.

Frente a las dificultades de las víctimas de la minera canadiense para acceder a la justicia en el Estado de Guatemala, así como por la debilidad institucional y los altos niveles de corrupción e impunidad en dicho levaquin generic at walmart país, la decisión de la Corte sienta un precedente importante pues implica la aceptación de su jurisdicción como el foro más adecuado para conocer y juzgar el caso.

En el proceso de busqueda de justicia extraterritorial, la noción del Forum Non Conviniens-que supone el establecimiento de la jurisdicción más competente para conocer y entonces juzgar un caso- representa el principal obstaculo para quienes, como los ciudadanos guatemaltecos, esperan que sus pretensiones sean atendidas por el sistema de justicia del país de origen de la entidad que se señala como responsable de abusos y violaciones a derechos humanos ocurridos en otro país.

El caso en contra de la minera Tahoe Resources llegó a los tribunales canadienses gracias al trabajo del “Centro de Acción Legal, Ambiental y Social” de Guatemala

(CALAS), del “Centro Canadiense para la Justicia Internacional” (CCIJ) y de la firma de abogados de Vancouver “Camp Fiorante Matthews Mogerman” (CFM)

Más información en:

Centro Canadiense para la Justicia Internacional –

http://www.ccij.ca/cases/tahoe/

Blog sobre el caso y el contexto –

http://tahoeontrial.net/

¡NO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

¡DE CANADA A PANAMA LA MINERÍA NO VA!

¡FUERA LAS MINERAS CANADIENSES DE NUESTROS TERRITORIOS!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

 

Las organizaciones integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería denunciamos con enorme indignación las constantes y recientes agresiones de las empresas mineras contra compañeras hermanas de lucha que valientemente defienden el derecho a la tierra, al territorio, al agua y a la vida tanto en Perú como en Guatemala. Estas nuevas agresiones son una muestra más de la recurrente violencia con la que actúa el personal de las empresas de la industria extractiva quienes con el único fin de acumular ganancias destruyen el territorio y la vida de comunidades enteras apropiándose de la tierra y debilitando la cultura y la comunalidad.
El pasado domingo 18 de septiembre la compañera Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe, fueron agredidos nuevamente por personal de la minera Yanacocha, en la cual tieneparticipación la minera norteamericana Newmont. Esta empresa, acusando falsamente a la familia Acuña Chaupe de estar invadiendo sus terrenos, recurrió a la violencia física y psicológica para que la familia de Máxima finalmente abandone sus tierras. Esta controversia por las tierras ya ha sido resuelta por tribunales a favor de Máxima, lo que demuestra la impunidad con la que operan las empresas al trasgredir la ley con tal de continuar con el saqueo de minerales.
De la misma manera denunciamos que el pasado 16 de septiembre, personas no identificadas dispararon a la casa de Angélica Choc, compañera maya Q’eqchi de El Estor, Izabal, Guatemala mientras se encontraba durmiendo con sus dos hijos. Angélica cuyo esposo fue asesinado por su oposición a la extracción de nickel por parte de la minera canadiense Hudbay Minerals es una de las demandantes contra la empresa minera ante tribunales canadienses. Esta nueva agresión contra la compañera Angélica debe ser inmediatamente investigada en el marco de su papel como demandante, porque a todas luces es una manera de intimidación contra el ejercicio de su derecho a la defensa jurídica por el asesinato de su esposo.
Las acciones de agresión por parte de las empresas mineras de capital privado nacional e internacional hacia Máxima Chaupe y Angélica Choc no son hechos aislados ni nuevos, por el
contrario, su recurrencia ya se ha vuelto un patrón delictivo hacia mujeres campesinas e indígenas quienes en toda Latinoamérica y otras partes del mundo encabezan y representan la lucha de los pueblos, pero sobre todo lo lucha de muchas mujeres que han levantado su voz y están haciendo uso de su derecho a defenderse frente a los proyectos mineros impulsados por empresas empecinadas por forzar a familias y comunidades enteras al desplazamiento de su tierra natal y con ello a perder su forma de vivir opuesta a la mercantilización de los bienes naturales y comunes que sólo lleva al enriquecimiento de unos cuantos a costa de la destrucción y muerte de la Madre Tierra y de sus habitantes.

Denunciamos estos hechos de violencia a la vez que exigimos a los gobiernos de Perú y Guatemala intervengan para castigar a los culpables y obligar legalmente a las empresas mineras para que rindan cuentas ante la justicia y detengan las constantes violaciones a los derechos humanos que sufren las compañeras Máxima Chaupe y Angélica Choc, junto con sus familias.
Desde México hacemos llegar nuestra profunda solidaridad y abrazo fraterno para Máxima y Angélica y refrendamos nuestra decisión de seguir ejerciendo nuestros derechos frente a las políticas económicas que privilegian los intereses de grandes corporaciones de la industria extractiva a costa de poner en riesgo la vida de poblaciones enteras en nuestro país y en países hermanos de América Latina.
Castigo a los perpetradores de las agresiones contra Máxima Chaupe y Angélica Choc.
Exigimos a los estados peruano y guatemalteco garanticen la integridad física y psicológica de Máxima Chaupe, Angélica Choc y sus familiares y se les brinde la atención médica y psicológica que requieran.

Fuera mineras de Cajamarca y El Estor
“TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA”
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA
REMA

EL día de ayer en un comunicado publicado en su portal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.) expreso todo su apoyo y respaldo al Grupo Interdisciplinarioiguala21 de Expertos Independientes (G.I.E.I.) debido a graves intenciones de desacreditar públicamente el trabajo profesional de los expertos, en particular contra las dos mujeres parte del equipo. Después de que el informe realizado por parte del (G.I.E.I.) derrumbara la verdad histórica del gobierno federal demostrando científicamente que no había sido posible incinerar a los estudiantes, que desde fotos satelitales no lograron observar indicios de un incendio los días que el gobierno decía que habían sido quemados los jóvenes normalistas.

Ademas de demostrar graves errores en la investigación y de presionar para que se puedan entrevistar con los militares involucrados en el caso, El gobierno federal emprendió2n12 una cruzada para evitar en primera que los expertos no se logren entrevistar con los soldados. Mientras desde los medios alineados empezó una campaña de desprestigio en contra de las expertas Ángela Buitrago (Colombia) Claudia Paz y Paz, (Guatemala) Cabe señalar que las dos expertas cuentan con un alto perfil, las dos han sido fiscales generales en su país y no han dudado en acusar a militares y políticos que han cometido casos de desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad.

Claudia Paz y Paz fue la primer mujer en ocupar el cargo de Fiscal General en Guatemala, investigo el genocidio cometido durante la guerra que duro 36 años, llevo a la cárcel a militares de primer nivel entre ellos a Rios Mont, icono de la derecha y el anti-comunismo.

Por estas acciones la acusaron públicamente de haber militado junto con sus familiares en la Guerrilla y buscar una venganza personal contra las fueras castrenses, en México el periódico la razón(Cabadas, Wachauf-2016) la acuso de “torcer la ley por su ideología”

Por otro lado Ángela Buitrago es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con un extenso currículum principalmente en el campo del derecho penal, fue nombrada fiscal general delegada de la suprema corte de justicia de aquel país, llevo a varios militares, gobernadores y senadores a la justicia, todos por haber cometido desapariciones forzadas en contra de disidentes políticos.

Fue retirada de su cargo por una serie de señalamientos absurdos y presiones de orden político el periódico la razón(Enero, 2016) público una entrevista con el coronel colombiano Alfonso Plazas donde señala “No es la persona más apropiada para investigar temas tan delicados como el de los 43 muchachos que están desaparecidos”, agregó el militar Plazas paso ocho años en la cárcel sin embargo, al final lo absolvieron de los cargos de manera extraña.

El martes 19 de Enero mas de un centenar organizaciones de derechos humanos y expertos, se pronunciaron en apoyo al (G.I.E.I.) ademas condenaron la campaña que se esta gestando desde los grupos de militares y de ultraderecha instaron a reivindicar el trabajo de los expertos entre los suscribieron alguna organizaciones como: Article 19, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Saltillo; el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Freedom House, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd), el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Open Society Justice Initiative, y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), entre otros.

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En el comunicado la (CIDH) se remite “al acuerdo firmado por las tres partes en noviembre del 2014 con el fin de incorporar asistencia técnica internacional a la búsqueda, investigación y no repetición de los hechos” Recalca la comisión que “reitera y renueva la confianza a las cinco personas que conforman el (GIEI), las y los expertos han realizado su trabajo en México de manera absolutamente profesional lo cual las expuso a intentos de descalificación pública”

Concluye: “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que considera pertinente reiterar su reconocimiento del grupo Interdisciplinario de Expertos independientes la contribución a la contribución de las investigaciones realizadas en tornos a los hechos de Iguala”

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Articulos consultados:

1.-http://www.razon.com.mx/spip.php?article294131

2.1-http://razon.com.mx/spip.php?article292532

3.1-http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/19/condenan-201cdolosa-campana-de-desprestigio201d-contra-el-giei-7229.html

4.1-http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/nos-vamos-acercando-a-la-verdad-por-eso-los-ataques-expertas-del-giei/

5.1-http://www.cimacnoticias.com.mx/node/71667

6.1-http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!informe-/c1exv

7.1-http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/006.asp

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Querido (a) hermano (a) mexicano (a), nos encontramos en la calle Guatemala para compartirte que el día de hoy, 27 de agosto de 2015, en Guatemala se está llevando a cabo un Gran Paro Nacional (de campesinos, obreros, universidades, escuelas, negocios), y nosotras nos unimos a él en la distancia. Las razones del paro son:

1. Exigimos la Renuncia y Juicio del actual Presidente de Guatemala Otto Pérez Molina por ser la cabeza de una banda criminal de defraudación aduanera llamada “La Línea”. En el término de un año este grupo robó la suma de 56 millones de pesos mexicanos al pueblo de Guatemala.

2. Exigimos el Juicio a la ex vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti por liderar, junto a Pérez Molina, la banda criminal “La Línea”.

3. Exigimos reformas a la ley electoral para no elegir presidente (a) y diputados (as) entre los mismos delincuentes que nos tienen en la pobreza. Guatemala está sumida en una profunda crisis política y creemos que NO es conveniente que se lleven a cabo las elecciones generales programadas para el 6 de septiembre de 2015.

4. Visibilizar que se lleva a cabo el juicio por Genocidio contra el general Efraín Ríos Montt quien aplicó la política de tierras arrasadas en los años 80. Procesado por la matanza de 1771 indígenas de la etnia Ixil.
Para más información:

En Facebook: Claveles Rojos en México

www.nomada.gt www.plazapublica.com.gt

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#ParoNacional #YoNoTengoPresidente

#EnEstasCondicionesNoQueremosElecciones

#SíHuboGenocidio #RenunciaYa

¡GRACIAS POR TU SOLIDARIDAD

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