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– Necesaria la apertura de la reunión pública de información del

Proyecto La Paila” de la empresa Caballo Blanco.

– La participación y el diálogo de saberes, indispensables para la toma de decisiones

respecto al proyecto minero.

El pasado 5 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),1 publicó la apertura del proceso de Consulta Pública del proyecto La Paila, de la empresa minera Caballo Blanco SA de CV, subsidiaria de la canadiense Candelaria Mining,2 por lo cual, la ciudadanía tiene hasta el 29 de septiembre para presentar sus argumentos.

En razón de los riesgos que representa para la salud, medio ambiente y la protección civil, los habitantes de la región afectada y las organizaciones de la sociedad civil demandan a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) que, con fundamento en el artículo 34 fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) se celebre una reunión pública de información.

El “Proyecto La Paila” es una reducción del proyecto minero Caballo Blanco, con el cual Candelaria Mining pretende explotar oro, plata y cobre. La zona es bioculturalmente significativa por lo que el proyecto representa una grave amenaza a: (i) la vegetación de selva baja caducifolia, en la cual se encuentra gran variedad de especies endémicas como los encinos tropicales y cícadas milenarias, especie protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat, (ii) el patrimonio arqueobotánico (v.gr. Quiahuiztlan); y (iii) la integridad y salud de las personas ya que el área del proyecto se traslapa con el Plan de Emergencia Radiológico de Externo (PERE) de la Central Nuclear Laguna Verde, los ductos de PEMEX y la vulnerabilidad ante el cambio climático (v.gr. huracanes). Recordemos que en el escenario de incertidumbre climatológica actual los fenómenos meteorológicos, como tormentas tropicales y huracanes, serán más frecuentes e intensos, este año ya hemos sido testigos y víctimas de Franklin y Katia.

Es inadmisible que un proyecto de esta envergadura con los riesgos que presupone no sea discutido de manera amplia, democrática y culturalmente aceptable. Recordemos que en 2012 la sociedad veracruzana se pronunció en contra de este tipo de minería.

Las características del proyecto satisfacen los requisitos de Ley para que la DGIRA ordene la reunión

pública de información. Es muy importante que para la evaluación del proyecto se utilice la mejor ciencia disponible por lo que es necesario que los institutos y universidades se pronuncien. Igualmente pedimos al Gobierno de Veracruz participe activamente en el proceso como lo hizo en 2012, todo ello en aras de proteger los derechos humanos de los habitantes de la región.

La preocupación e interés de los habitantes de las comunidades afectados son tan grandes que fueron ingresadas a la DGIRA más de 150 solicitudes de consulta pública y reunión pública informativa.

@VIDAoMINA

Firmas

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA, A.C.); La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA); Alianza Mexicana contra el Fracking; Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida; Consejo Maseual Altepetajpianij; Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske; Central Campesina Cardenista (CCC); Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por Ríos Libres (PUCARL); Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre; Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac; Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (SENDAS, A.C.); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño; Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR, A.C.); Red Ciudadana para el Cuidado de la Casa Común; Custodios del Archipiélago de Bosques y Selvas de Xalapa; Radio Zapote; Radio Teocelo; Radio Huayacocotla; Red Unidos por los Derechos Humanos A.C. (RUDH); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C.; CartoCrítica; Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC); Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP); Unión Popular Valle Gómez; Encuentro Ciudadano Lagunero; Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS, A.C.); No al Fracking Tamaulipas; Observatorio Petrolero Sur (Argentina); Asamblea Social del Agua de Puebla; Amigos del Río San Rodrigo A.C.; Greenpeace México, A.C.; Fundar Centro de Análisis e Investigación; Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (CORASON); Alianza Internacional de Habitantes; Pobladores A.C.; Estudios Rurales y Asesoría Campesina, A.C.

1 A través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). Gaceta Ecológica Extraordinaria número 50.

2 Con clave 30VE2017M0136.

My name is Alberto Moreno Ibarra. I have been part of the ENAH (National School of Anthropology and History) for 13 years, first as an unregistered student in the bachelor’s program in ethnology in 2004, afterwards enrolling officially as part of the class of 2005-2008. In 2010, I received honors and recommendation for publication, continuing into the Masters Program in Social Anthropology, which I finished in 2013. Since then, I have been a professor in Social Anthropology and on a couple occasions have taught the elective course: “Anthropology and Anarchism”. A year ago, I began my labor as an adjunct in the Project of Formal Investigations (PIF) of social anthropology and this year planned to continue there.

On August 22, before beginning my workday, a committee arrived lead by the head of security Gustavo Márquez Márquez. They had two intentions: first, to get me to sign the letter No. 401.A(1).2017/526, indicating that “the director of my position (Mtra. Julieta Valle Esquivel] has ordered my total withdrawal from the National School of Anthropology and History”; secondly, to tell me that I had to leave the premises of the ENAH immediately. I could not be on the premises of the school any longer and I could not return again. I read the document, without signing it. I’ve delivered my complaint to Gustavo Márquez Márquez, blaming him for the threats and aggression against me. It was signed as received without a name or date.

Not once has it been clarified to me as to why I’ve been fired. The director of the ENAH argues that it is based on a document written by Márquez. I still do not know anything of this document, having asked for it by email and not receiving it.

The arbitrary use and abuse of authority are now a constant in the ENAH. My case is not unique, where without other reason than the classic “because I said so”, the management is able to impose their will onto the processes and procedures of the institution.

I demand a due process, and that my version of the facts be heard and valued. Not only by the corresponding agencies but also by the ENAH community and the general public. Furthermore, I demand that my complaint against Gustavo Márquez Márquez be received and processed without partisan judgment or revenge on part of Gustavo Márquez Márquez. The only response from the director is to cover it up and remove me from my position, exceeding all tolerable limits in the ENAH.

I ask, according to your possibilities, colleagues, collectives and members of the ENAH, that you spread information about the case. Inform me of similar cases so we can gather to strengthen our forces. The trail of injustices and abuses in the administration of Julieta Valle are too much, let’s put a stop to it!

Professor Alberto David Moreno Ibarra

Translated from the original here: http://radiozapote.org/2017/08/28/denuncia-de-hechos-sobre-la-baja-definitiva-del-mtro-alberto-david-moreno-ibar/

30 de agosto de 2017

Ciudad de México – El Mecanismo de Seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llevó a cabo su tercera visita oficial a México entre el 28 y el 30 de agosto de 2017. La visita se realizó con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI respecto del avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares, y la adopción de medidas estructurales de no repetición. La delegación estuvo compuesta por la Relatora de la CIDH para México y coordinadora del Mecanismo de Seguimiento, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

A menos de un mes de cumplirse 3 años de la desaparición de los 43 estudiantes, su situación y paradero continúan siendo desconocidos. Durante la visita de la delegación a la Escuela “Raúl Isidro Burgos”, familiares de los desaparecidos manifestaron su frustración por la falta de avances concretos para encontrar a sus seres queridos, y su angustia ante la inminencia del tercer aniversario de los trágicos eventos sin alcanzar verdad y justicia. La CIDH urge al Estado a acelerar los trabajos relativos a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó a la delegación sobre las diligencias realizadas en la investigación desde la última visita del Mecanismo Especial de Seguimiento en el marco del cronograma establecido para tal efecto. La CIDH valora positivamente la asignación de un equipo de más de 90 personas de forma exclusiva para esta investigación, y confía en que esta potencialidad se traduzca en resultados que acerquen a la verdad sobre lo ocurrido el 26 y 27 de setiembre de 2014.

La CIDH reconoce el trabajo que la PGR ha realizado en relación con la información telefónica de los estudiantes de Ayotzinapa y de los perpetradores que participaron en los hechos. A la fecha, se tiene certeza que los teléfonos y chips de los estudiantes fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, hecho que aunado a otros elementos de prueba corrobora la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula. La Comisión reitera que la difusión de esta hipótesis, que ya ha sido descartada por el GIEI, provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso.

La Comisión toma nota de la información proporcionada relativa a indicios sobre la identidad de personas relevantes para la investigación. La identificación y posterior detención de estas personas contribuiría a obtener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes. La CIDH espera que la información recibida sea corroborada con elementos de prueba pertinentes.

La CIDH urge al Estado a tomar las medidas necesarias para concretar la detención de los policías de Huitzuco que estarían involucrados en los hechos como medida tendente a esclarecer lo ocurrido y sancionar a todas las personas responsables. Asimismo, exhorta al Estado a avanzar en la investigación de los policías federales quienes fueron individualizados como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos.

La CIDH recibió información en el marco de la asistencia jurídica solicitada al gobierno estadounidense. La línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes o de dinero hacía los Estados Unidos sigue siendo de suma importancia y debe profundizarse más a la luz de todos los elementos de investigación que se encuentran en el expediente. La Comisión exhorta al Estado a priorizar pruebas y diligencias en relación con la ubicación del quinto autobús.

Respecto a las actividades de búsqueda, la CIDH valora positivamente la continuidad en el empleo de la tecnología LIDAR para obtener información de más cuadrantes alrededor de Iguala, permitiendo así ampliar las zonas de búsqueda. La PGR, junto con los peritos propuestos por los familiares, trabajarán de manera conjunta en el análisis de las imágenes para posteriormente llevar a cabo visitas al terreno con un equipo multidisciplinario. La CIDH reitera por otra parte su llamado al Estado a crear una base de datos de fosas en el estado de Guerrero que pueda ser replicada en todas las entidades federativas.

En cuanto a la atención a víctimas, la CIDH reconoce la celebración del Acuerdo mediante el cual se establecen compromisos y medidas de ayuda en materia de atención médica y asistencia, en favor de Aldo Gutiérrez Solano. Esta medida constituye un primer paso para que Aldo regrese a casa, favoreciendo así su recuperación. La CIDH espera que su traslado pueda realizarse en el corto plazo conforme a las especificaciones médicas requeridas.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra hoy, la CIDH expresa su solidaridad con los familiares de personas desaparecidas que día a día viven la angustia de desconocer el paradero de sus seres queridos. La Comisión reitera su preocupación por los niveles críticos que ha alcanzado la desaparición de personas en grandes extensiones del teritorio mexicano, con más de 30.000 personas no localizadas según datos oficiales. En este sentido, la Comisión urge al Estado mexicano a dar pasos decisivos para que el país pueda contar a la brevedad con una Ley General contra la Desparición Forzada que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, cuente con el indispensable respaldo de las familias y organizaciones que acompañan el proceso y los recursos necesarios para su implementación efectiva y eficaz.

Durante la visita el Mecanismo sostuvo reuniones con los familiares de los estudiantes beneficiarios de la medida cautelar y sus representantes. Asimismo, la delegación se reunió con Raúl Cervantes, Procurador General de la República y altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. Además, sostuvo reuniones adicionales con Luis Raúl González, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con Jan Jařab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU. La CIDH agradece al Estado mexicano la cooperación brindada al Mecanismo de Seguimiento para el desarrollo de sus funciones, y agradece la colaboración y la información brindada por las familias de los 43 estudiantes y sus representantes.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

27 de agosto de 2017

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su alarma y preocupación ante la decisión del Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, de declarar persona non grata a Iván Velásquez,  Comisionado titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y ordenar su expulsión del país.

En particular, la CIDH expresa su consternación por la falta de fundamentación de esta decisión. La CIDH recuerda al Estado guatemalteco que la declaratoria de persona non grata debe ser aplicada de manera excepcional y en ningún momento como una justificación para realizar una expulsión sumaria por la labor de la defensa de los derechos humanos. En este sentido, la CIDH ha sido enfática en afirmar que en cualquier proceso que pueda afectar los derechos de una persona debe seguirse conforme las garantías de debido proceso, en forma que las personas puedan defenderse adecuadamente de cualquier acto emanado del Estado, lo que incluye el derecho al control judicial con efectos suspensivos.

Asimismo, la Comisión Interamericana toma nota de la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por la que se otorga el amparo provisional solicitado que deja en suspenso la decisión de expulsión.

La Comisión Interamericana reitera su reconocimiento a la importante labor de la CICIG manifestado tanto en su Informe de País y de Seguimiento de Recomendaciones, como en su reciente visita in loco, respecto de las medidas y acciones dirigidas a combatir la corrupción e impunidad en Guatemala en los últimos años, proceso en el cual conjuntamente con el Ministerio Público ha desempeñado un papel fundamental. La CIDH nota que recientes investigaciones de ambas instituciones señalaron que altos funcionarios del Estado y actores diversos del país estaban comprometidos con actos ilícitos de corrupción.

La CIDH insiste en la fundamental importancia que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y una justicia independiente e imparcial. En este contexto, la CIDH resalta la importancia de establecer medidas de protección a operadores de justicia e investigadores que garanticen la capacidad de ejercer su labor sin ser víctimas de amenazas, intimidaciones y otros actos en contra su vida e integridad física.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

23 de agosto de 2017

Washington, D.C. – El 22 de agosto de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar para la protección de los derechos de Santiago Maldonado, en Argentina.

Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho de los solicitantes y del Estado argentino, la Comisión concluyó que los derechos a la vida e integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en una situación de grave riesgo, puesto que desde el 1 de agosto de 2017 hasta el día de la fecha no se conoce su destino o paradero.

La Comisión tomó en cuenta las denuncias de los solicitantes, según las cuales el propuesto beneficiario presuntamente fue objeto de una desaparición forzada desde que se le viera por última vez el 1 de agosto de 2017, mientras era golpeado y cargado a una camioneta blanca de Gendarmería, en el marco de un operativo policial que habría tenido lugar en la comunidad mapuche “Vuelta del Río Pu-Lof”, departamento de Cashumen, provincia de Chubut. Asimismo, la CIDH consideró que, no obstante el tiempo transcurrido desde la presunta desaparición, y con base en los informes suministrados por ambas partes, no se contaría con información sustancial en la actualidad sobre el destino o paradero de Santiago Maldonado, a pesar de las denuncias interpuestas.

En consecuencia, la Comisión solicitó al Estado argentino que: a) adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; y b) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.

La Comisión indicó que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm) y otros instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

En un proceso plagado de irregularidades, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT indebidamente autorizó, el pasado 8 de mayo 2017, el Proyecto “Chemours Laguna”, a ubicarse en la Localidad “El Siete Pueblo Nuevo” del Municipio de Gómez Palacio en el Estado de Durango.

El Proyecto de la empresa ”The Chemours Company” comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio al año en una superficie total de 11.7 hectáreas. El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y su producción en La Comarca Lagunera podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.

The Chemours Company presentó, el 2 de marzo de 2017, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA-P) del Proyecto “Chemours Laguna” con el propósito de obtener, por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), la autorización para la realización de las obras y las actividades contempladas en dicho proyecto, lo que implicaría la remoción de vegetación, el cambio de uso de suelo forestal, el uso de sustancias tóxicas en grandes cantidades y, en consecuencia, la afectación de ecosistemas.

Sin embargo, la autorización debió ser denegada por parte de la autoridad ambiental ya que el predio en el que se pretende llevar a cabo el Proyecto está ubicado dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) N° 49 del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Durango que establece una política ambiental de restauración del territorio y de la UGA 19 del Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de Gómez Palacio que establece una política ambiental de conservación del territorio; además el uso de suelo para ese territorio no contempla las actividades que se pretenden llevar a cabo.

Adicionalmente, la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por The Chemours Company contiene irregularidades que incumplen con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) con relación al procedimiento de evaluación de impacto ambiental presentando información inconsistente, incompleta, omisa y, en consecuencia, falsa, con relación a los impactos ambientales, a los documentos consultados, a las fuentes y a los riesgos a la salud pública.

Así, considerando las irregularidades del Proyecto “Chemours Laguna”, la laxitud de las Normas Oficiales Mexicanas, la incapacidad material de las autoridades ambientales responsables de su aplicación y el hecho de que no existe manera de garantizar la falta de errores o de accidentes , la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) debió negar la autorización que le fue solicitada.

Es por eso que el día de hoy, un grupo de ciudadanos de las comunidades que resultarían afectadas con la construcción y puesta en marcha del proyecto denominado “Chemours Laguna”, han acudido ante el TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA a demandar la nulidad de la resolución administrativa contenida en el Oficio Nº SGPA/DGIRA/DG03273 de fecha 8 de mayo de 2017, dictada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Al incumplir lo dispuesto en la LGEEPA, así como en diversos instrumentos de política ambiental que la misma regula, la resolución administrativa que hoy se impuga viola los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De iniciarse las obras comprendidas en el proyecto denominado “Chemours Laguna” promovido por la empresa The Chemours Company se ocasionarían daños irreparables a los ecosistemas, a los bienes comunes naturales de la zona y a la biodiversidad del lugar, además de ocasionar riesgos graves a la salud pública. Por ello, en la demanda ante el TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA se le solicita a las autoridades jurisdiccionales la suspensión de la ejecución de la resolución administrativa impugnada, toda vez que aquellos serían de difícil o de imposible reparación.

Existe, además, peligro en la demora, pues de no concederse la medida cautelar que se solicita, la empresa The Chemours Company intentará, como ya lo hace, la ejecución de la resolución que se combate y del proyecto que en ella se autoriza, con irreversibles daños ambientales y riesgos graves a la salud pública en detrimento del orden público y del interés general.

22 de agosto del 2017, Goméz Palacio, Durango

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio”

Acción Colectiva”

Red Mexicana de Afectados por la Minería” (REMA)

Más información en:

Correo electrónico: frenteunidodepueblosdelalaguna@gmail.com

Tfno: + 477 275 5124

Redes sociales: @FrenteUnidodePueblosdeLaLaguna

Alertamos sobre las dos agresiones que sufrimos esta semana

Acacoyagua, Chiapas, México
A 4 de agosto del 2017

A los medios de comunicación de Chiapas y México,
A la sociedad civil mexicana en general,
A los defensores y las defensoras del territorio en México y el mundo,

Desde el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), les alertamos sobre la creciente tensión social a la que nos estamos enfrentando en Acacoyagua, donde llevamos más de dos años luchando pacíficamente por la cancelación de las 21 concesiones mineras que existen en nuestro municipio y el de Escuintla.

Esta semana, tan solo entre el lunes 31 de julio y hoy viernes 4 de agosto, hemos sufrido dos agresiones por parte de un grupo de personas encabezadas por Julio Alfaro, ligado a la minera El Puntal S.A. de C.V., propietaria de la mina de titanio “Casas Viejas”, a la cual nos oponemos firmamente.

El 31 de julio, un grupo de 50 personas, encabezadas por Julio Alfaro, llegaron a nuestro campamento en el puente del río Jalapa, en el municipio de Acacoyagua, para intimidarnos y pedirnos que dejáramos pasar los camiones de la minera El Puntal hacia la mina “Casas Viejas”. Nosotros integrantes del FPDS somos defensores pacíficos, por lo que no caímos en la provocación y esperamos que se retiraran.

Recordamos que los habitantes de Acacoyagua (a la vez municipio y ejido), tenemos un acuerdo ejidal en el que prohibimos el paso de máquinas pesadas en los caminos ejidales y otro en el que prohibimos la actividad minera en nuestro territorio. Nadie puede oponerse a estas dos decisiones nuestras y estamos en nuestro derecho cuando tapamos el paso a los camiones de la minera El Puntal en la salida de la comunidad Jalapa, por donde buscan entrar a la mina.

Hoy, 4 de agosto, nos presentamos en frente del palacio municipal alrededor de 200 hombres y mujeres integrantes del FPDS para entregar un oficio al presidente municipal en el que le informábamos sobre esta primera agresión. A las 12:00 horas, una comisión del FPDS de 12 personas, acompañadas por un integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., pudo entrar y entregar dicho oficio, no al presidente municipal que se encontraba ausente, sino a su asesor jurídico. En el documento, le exigimos se haga responsable del respeto a nuestra integridad física y psicológica, puesta en riesgo por la agresividad de los mineros y la pasividad de la autoridades.

Mientras nuestra comisión estaba a dentro de la presidencia entregando el oficio, llegó un grupo de alrededor de 100 personas, encabezadas por Julio Alfaro, quienes vinieron a entregar documentos que supuestamente comprueban que la minera El Puntal está operando la mina “Casas Viejas” legalmente, con 28 permisos.

Pero no llegaron solo a hacer ese tramite. Al ver que estábamos presentes, empezaron a provocarnos y desligitimar verbalmente nuestra labor en defensa de la vida, así como la de las organizaciones que nos acompañan en nuestra lucha, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos A.C./Amigos de a Tierra México y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Buscaron hacernos caer en la confrontación, lo que nos negamos a hacer. Fue necesaria la intervención de la policía municipal para que cese la agresión. Julio Alfaro pudo entregar su documentación a condición de que él y su grupo se retiraran inmediatamente.

Urge que el presidente municipal de Acacoyagua nos escuche, se haga responsable del respeto a nuestra integridad física y psicológica, y que nos informe sobre si esos supuestos 28 permisos fueron otorgados o no a la minera El Puntal para operar la mina “Casas Viejas”. Esperamos lo haga en la reunión que el ayuntamiento se comprometió a realizar la próxima semana con nosotros y con el cabildo.

Estamos preocupados por la pasividad de las autoridades ante la violencia que hacen reinar en Acacoyagua las personas a favor de la industria minera. Nuestra lucha es justa y digna, y no debemos aceptar que nosotros, como muchos defensores en Chiapas, Mexico y el mundo, seamos agredidos por defender la vida.

FIRMAMOS:

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA

Compartimos la Declaratoria del Foro “Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente” organizado el 22 de junio 2017 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, convocado por el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Los pueblos originarios hemos construido nuestra visión-mundo en comunión con el hábitat que nos rodea. En el Istmo oaxaqueño, las montañas y llanos conviven con ríos y lagunas, las lluvias y los vientos moldean la tierra y ordenan a la flora y fauna, cruce de climas y meteoros que nutren a la naturaleza y esparcen la diversidad. En este espacio, las mujeres y los hombres creamos y recreamos lenguas y cultura diversas que combinan saberes y prácticas ancestrales, que hoy se reconocen en esta cintura continental que es tan estrecha como diversa. El territorio es parte de nuestra memoria.

Esta región tiene enormes ventajas geográficas que, aunada a su riqueza natural y humana, despierta intereses económicos y políticos en el país y en el mundo. Así ha sido desde épocas prehispánicas y durante el dominio colonial, pero los últimos cien años han sido los más invasivos y agresivos contra el medio ambiente y sus habitantes. Con la falacia de la modernidad, las comunidades han perdido su tierra y el control sobre su entorno; se han destruido acuerdos y dinámicas comunitarias que los pueblos hemos construido por siglos.

En meses recientes se anunció la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE); dentro de las áreas asignadas, se señala al Istmo pero con impactos para todo el Estado. Con las palabras “progreso, desarrollo y empleo” se pretende repetir el ciclo de destrucción, robo y explotación que ha caracterizado a estos proyectos. Hoy, el Estado Mexicano promueve las ZEE sin revisar la historia:

  •  La construcción de la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués y la creación del distrito de riego 19, el debilitamiento del río Tehuantepec es patente y la destrucción irreparable de la cubierta vegetal en la zona.
  • La Refinería Antonio Dovalí Jaime y la industria petrolera encareció la vida, destruyó la pesca ribereña y de altura en el Golfo de Tehuantepec y se convirtió en un foco de contaminación y riesgo regional. Ahora que PEMEX ha sido abandonado por el gobierno mexicano, la Refinería se incendia o explotan sus terminales o ductos con peligrosa frecuencia, y el Estado Mexicano de manera perversa, ha guardado silencio ante las afectaciones socioambientales.
  • El falso modelo de industria verde que son los parques eólicos, no sólo ha despojado de tierras y cuerpos de agua a los campesinos istmeños sino que además ha corrompido y destruido el tejido social, ha propiciado la violación a los derechos humanos, sociales y ambientales y doblegado a autoridades judiciales coludidas, con autoridades de todos los niveles, además promueven la violencia extralegal y paramilitar y son la punta de lanza de las industrias extractivista y depredadoras que hoy se cobijan bajo las leyes de las ZEE que los benefician.

Sus intenciones son evidentes, han anunciado y promovido mineras, nuevos parques eólicos, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, siderúrgicas, gasoductos y terminales de gas, presas hidroeléctricas, construcción de vías férreas y carreteras. Todas estas industrias de despojo y destrucción se agrupan, organizan y legitiman desde el andamiaje legal, fiscal y administrativo que provee la ley de las ZEE y las llamadas reformas estructurales. Se avizora una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el Estado. El capital internacional y la élite política mexicana se ciernen sobre el territorio oaxaqueño con avaricia, avidez y rapacidad. Son los nuevos tiempos de un capitalismo cada día más burdo, delirante y genocida.

Los pueblos originarios, organizaciones sociales y la ciudadanía, estamos convocados a defender nuestros modos de vida digna y nuestro entorno natural, a exigir la vigencia de nuestros derechos, a legitimar el derecho a la rebeldía y el respeto a nuestra palabra y a ser sujetos de nuestro destino y no objetos de las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto que cada vez renuncia más a sus responsabilidades y solo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas.

De manera que los y las asistentes a este Foro denunciamos:

La absoluta pobreza en el pensar y actuar de nuestros gobiernos, porque no escuchan a los pueblos y no tienen una visión integral de nuestras necesidades, esto se pone de manifiesto en la ausencia de un plan estatal de desarrollo realmente sustentable y de programas viables de agroecología para el campo y para la reforestación y la protección de las fuentes de agua. No fomentan los mercados locales y regionales. No hacen estudios verdaderos de impacto ambiental e impacto humano de sus megaproyectos. Desconocen y violan sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas a vivir nuestras propias culturas y definir nuestro propio desarrollo en nuestro propio territorio. Utilizan al crimen organizado, a los cuerpos militares y policiacos para adueñarse de nuestras regiones. Criminalizan a todos y todas que defendemos nuestros derechos e informamos la verdad. Mal-gobiernan descaradamente para beneficiarse con los impuestos del pueblo.

Considerando lo anterior, las y los participantes a este Foro:

  • Rechazamos la implementación de las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar del Estado.
  • Nos comprometemos a implementar una campaña masiva de contrainformación sobre las ZEE y los megaproyectos, y a realizar foros regionales y estatales para el fortalecimiento de la defensa de nuestros territorios.
  • Nos pronunciamos en contra de las agresiones y desalojo que sufrieron los normalistas de Titipetío, Michoacán y responsabilizamos al gobierno estatal como autor intelectual y material de estos hechos ocurridos en el día 21 de julio del 2016.
  • Nos pronunciamos en contra de las reformas estructurales y sus leyes secundarias. En tal sentido, reivindicamos el derecho a la rebeldía, la lucha y la resistencia de nuestras comunidades y personas contra las leyes, planes, programas y políticas de gobierno que afecten nuestros modos de vida digna, costumbres, cultura, espiritualidad y que perjudiquen a la naturaleza.
  • Convocamos a la articulación de todas las comunidades y organizaciones en resistencia, y que asuman como estrategia incorporar a más organizaciones, ciudadanos y autoridades a este proceso.
  • Manifestamos nuestro respaldo a todos los pueblos y las organizaciones que están en procesos de resistencia y en lucha constante por la defensa del territorio y de la vida: A los pueblos del Istmo oaxaqueño y su estrategia organizativa en la defensa del territorio, la comunidad indígena de Xochicuautla, Lerma, Estado de México; en contra del proyecto de muerte denominada autopista Toluca – Naucalpan del grupo HIGA – Enrique Peña Nieto y en respaldo a la lucha que llevan los colonos integrados en la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales en Coyoacán en defensa del agua y el territorio. Los desplazados de Copala y por el cumplimiento de las medidas cautelares. Las invasiones ilegales e ilegitimas a las tierras comunales de la selva de Los Chimalapas donde el gobierno federal ha hecho caso omiso a los conflictos de invasiones y genera la posibilidad de que la violencia se recrudezca entre las comunidades.
  • Llamamos fortalecer nuestras asambleas y autoridades comunitarias y a construir caminos por la defensa de la tierra y el territorio, y contra cualquier proyecto invasivo y destructivo que atente contra la vida comunitaria de nuestros pueblos.

A un año de Nochixtlán, a dos meses de los mártires de Quiechapa, a dos años y medio de Ayotzinapa, las voces siguen susurrando los nombres de todas y todos aquellos que han dado su vida por la vida, que han ofrendado su sangre a la tierra. Sus nombres son todos los nombres que seguiremos llamando. No somos solo los que estamos, no somos solo los que venimos. Nuestros pasos vienen acompañados por las mujeres y los hombres de todo el territorio donde florece la vida, la Costa, la Sierra sur, de la Zona Lagunar, la Selva Chimalapas. Dentro de nuestros pueblos se teje la esperanza, se lucha por la autonomía y autodeterminación de los pueblos, venimos a que nuestra palabra no solo se escuche sino que sea replicada en cada uno de los territorios que habitamos.

Firman: Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca OIDHO; Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI; Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata UCIO-EZ; Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C. CDH-TEPEYAC; Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio; Bachillerato Comunitario Ikoots; Bachillerato Comunitario Quiechapa; Bachillerato Comunitario San Francisco La Paz; Preparatoria Comunitaria José Martí; Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo COCEI MNPP; Pobladores Oaxaca A.C.; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio APIIDTT; Grupo Ecologista Zanatepec A.C.; Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio APOYO; Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA; Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca REDECOM; Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER; Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SECCION XXII OAXACA, CNTE; Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER; Bienes Comunales de San Mateo del Mar; Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo COCEI – COPIVAC; Comunidad de Magdalena Teitipac; Unión de Comuneros en Defensa de Nuestros Derechos y de los Recursos Naturales de Santa María Chimalapa; Centro de Estudios de la Región Cuicateca; Tequio Jurídico A.C.; Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C. TIC; Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad VOCAL; Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca A.C. INSO; Ojo de Agua Comunicación; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. CODIGO DH; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Indaaa Xhani A.C.; Artesanos Barro Negro San Bartolo Coyotepec; Servicios del Pueblo Mixe A.C.; Maderas del Pueblo A.C.; Propuesta A.C.; Red de Mujeres por la Igualdad de Género, Tlaxiaco; Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.; Corriente del Sol Rojo; FER-APPO; Radio Plantón; Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio; Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental LAVIDA; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación A.C. PODER; Consejo Supremo Indígena San Francisco Xochicuautla; Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales de Coyoacán; Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT; Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad; Red Ya Basta Alemania

Foto: Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C. CDH-TEPEYAC

Ciudad de México, 3/08/2017.- Ambientalistas de Tepoztlán denunciaron esta tarde en un comunicado que funcionarios del gobierno del estado de Morelos fueron enviados por el gobernador Graco Ramírez para espiar y estar al pendiente de los acuerdos de los habitantes que defienden la tierra, al ser encarado el sujeto quien resultó ser Francisco González, guardaespaldas del Subsecretario de Gobierno Ricardo Robledo mostró su teléfono en el que se encontraron grabaciones e instrucciones del subsecretario Robledo para “permanecer cerca de la asamblea y registar los acuerdos”.

A continuación el comunicado integro:

Ciudad de México, 3/08/2017.- Ambientalistas de Tepoztlán denunciaron esta tarde en un comunicado; que funcionarios del gobierno del estado de Morelos fueron enviados por el gobermador Graco Ramírez para espiar y estar al pendiente de los acuerdos de los habitantes que defienden la tierra, al ser encarado el sujeto quien resultó ser Francisco González, guardaespaldas del Subsecretario de Gobierno Ricardo Robledo mostró su teléfono en el que se encontraron grabaciones e instrucciones del subsecretario Robledo para “permanecer cerca de la asamblea y registrar los acuerdos”.

A continuación el comunicado integro:

“Al termino de nuestra caravana por la vida y restitución del Estado de Derecho sobre nuestro territorio de Tepoztlán, fuimos víctimas de espionaje por parte del Subsecretario de Gobierno de Ricardo Robledo a través de un subordinado, dicha practica está prohibida, sin embargo los gobiernos actuales la ejercen con la finalidad de servir a intereses privados.
A las 4:45 pm, durante nuestra asamblea fue sorprendido a Francisco González, guardaespaldas de Robledo, grabando clandestinamente a las personas y a la asamblea en su conjunto. Al cuestionarlo, él mismo nos mostró su teléfono en el que consta de grabaciones e instrucciones de Robledo para permanecer cerca de la asamblea y registar nuestros acuerdos. Mientras nosotros esperábamos el diálogo, el Gobierno Estatal de Graco Ramírez Abreu responde con espionaje, lo cual vulnera y atenta contra nuestros Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y a decidir sobre nuestro territorio.
Desde este momento desconocemos como interlocutor válido a Ricardo Robledo y exigimos al Secretario de Gobierno Matías Quiroz atender nuestras demandas y una explicación pronta del ¿Por que dichas prácticas de espionaje?. Cabe recordar que estas prácticas tienen finalidades muy puntuales a lo cual responsabilizamos a las tres ordenes de Gobierno ante cualquier acto de represión de cualquiera de los integrantes o pobladores del pueblo de Tepoztlán. Nuestra lucha es el papel que debería ejercer el estado, el de defender El Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Ajusco Chichinautzin ya que de ellos depende millones de habitantes del estado de Morelos.
Reiteramos nuestra abertura al diálogo siempre y cuando se cumplan los términos acordados en las minutas de trabajo anteriores. El espionaje es de prácticas de gobiernos totalitarios, en Tepoztlán no permitiremos este tipo de prácticas.”

EN EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON ADERENTES A LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS, MEXICO.  A 26 DE JULIO 2017.

A la Comandancia General Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A las Juntas de Buen Gobierno

Al Congreso Nacional Indígena

A l@s compañer@s adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de México y el Mundo

A los medios de comunicación masivos e alternativos

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York

A los defensores de derechos humanos nacional e internacional

Al pueblo de México y el mundo

Jmololabex ants winiketik icha spatil a wotanik ta pisilik machatik nokol skoltabel te lum kinalik te yuun ta skuenta te nokol spojbel te chopol ajwalil.

Compañeros y compañeras reciban un saludo combativo para sus organizaciones y pueblos en resistencia de parte de los adherentes a la Sexta Declaración del ejido San Sebastián Bachajón, Chiapas.

En este medio, compartimos con ustedes nuestro comunicado para dar a conocer lo que está sucediendo actualmente en nuestro ejido san Sebastián Bachajón.

El día 23 de julio recibimos la información de que fueron perseguidos por elementos de la Policía Judicial, los integrantes del grupo paramilitar, Juan Álvaro Moreno, Santiago Álvaro Gómez, Miguel Deara N, aproximadamente a las 11:30 am, la persecución es debido a que desde el operativo que realizo el Gobierno del Estado el 8 de abril 2017, en semana santa, son señalados como los probables responsables de los asaltos, robo de vehículo, entre otros actos vandálicos que se ha registrado en el ejido, por eso siguen siendo perseguidos por las autoridades gubernamentales.

Después de esta persecución del 23 de julio empezaron a decir que son las autoridades de la sexta y adherentes los que están de tras de todo eso, empezaron a amenazar a las autoridades y los adherentes a las sexta declaración del ejido san Sebastián Bachajón en quemarles la casa y en secuestrar a sus hijos, porque piensan que es la organización quienes están señalando a su grupo de juan Álvaro moreno.

Queremos decirles que no tenemos nada que ver con esos operativos, ni con el señalamiento y persecución de este grupo, el problema de ellos empezó desde el operativo de 8 de abril 2017 cuando el mismo gobierno ubico a este grupo y los identifico como los probables responsables de actos vandálicos que han sucedido en el ejido.

Este grupo de Juan Álvaro Moreno ha venido amenazado e intimidando a los compañeros adherentes, ha venido cometiendo actos en contra de la organización, tal como el 8 de abril los compañeros adherentes a sexta de la comunidad de sasamtik les cortaron el agua potable, porque pensaron que fueron ellos quienes señalaros a estos grupos vandálicos.

Les exigimos a las autoridades gubernamentales que investigue y haga justicia de estos hechos, tarde o temprano pueden cumplir sus amenazas. Responsabilizamos a Juan Álvaro Moreno y su grupo si algo llegara pasar con las autoridades y compañeros adherentes a la sexta.

Desde la zona norte del estado de Chiapas las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón enviamos saludos combativos a todos los compañeros y compañeras, comunidades y pueblos de México y del mundo que están en la lucha y resistencia contra los malos gobernantes.

 

Nunca más un México sin nosotros

Tierra y libertad

 

 

¡Zapata vive!

¡Hasta la victoria siempre!

Presos políticos ¡libertad!

¡Juan Vázquez guzmán vive, la lucha de Bachajón sigue!

¡Juan Carlos Gómez Silvano vive, la lucha de Bachajón sigue!

¡No al despojo de los territorios indígenas!

¡Fuera los policías estatales de nuestro territorio indígena!

¡Presentación inmediata a los compañeros desaparecidos y asesinados de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa!

¡Viva la digna lucha de los compañeros y compañeras choles del ejido tila!

Viva la digna lucha de los compañeros y compañeras de San Francisco Xochicuautla!

¡Vivan los pueblos que luchan por su autonomía y libertad!

¡JUSTICIA PARA NUESTRO COMPAÑERO JUAN VAZQUEZ GUZMAN, AYOTZINAPA, ACTEAL, ABC, ATENCO!

Pronunciamiento Comunidad La Colorada, Chalchihuites, Zacatecas.

La asamblea general de la comunidad La Colorada del municipio de Chalchihuites, Zacatecas hacemos un llamado y denunciamos las violaciones graves de nuestros derechos humanos y territoriales por parte de la minera canadiense Pan American Silver. A la cual mencionamos las diferentes violaciones hacia nuestro territorio y nuestra integridad:

  • Destrucción de nuestras casas habitación.

  • Despojo de nuestras tierras.

  • Hostigamiento y amenazas hacia nuestra persona y nuestras familias.

  • Destrucción de la madre tierra.

Testimoniales de las personas de la comunidad de La Colorada, Chalchihuites, Zacatecas:

Allá en nuestra casa, nuestra casa que nos destruyeron si podíamos salir, no se veía el humo. Hay veces que veo humo negro por allá por el cerro” (Habitante de 6 años).

Podíamos ser libres, podíamos salir a donde quisiéramos” (Habitante de 13 años).

Comprobamos a este sistema capitalista y represor, así mismo señalando a los funcionarios de las diferentes instituciones las que deben velar nuestros derechos humanos como mexicanos, son ellos mismos que propician y permiten estas violaciones de lesa humanidad. Y que junto con el gobierno canadiense y el gobierno mexicano principales negociadores con esta empresa minera  para despojar y violentar nuestros derechos.

Tal grado lo que vivimos en nuestra comunidad día con día el dolor, la indignación y se nos ha despojado de nuestras raíces, cultura y la tierra que nos vio nacer, hacemos publica nuestra denuncia de continuar nuestra lucha en defensa de lo que es nuestro, en defensa de la madre tierra y el territorio, así mismo  dar la vida si es necesario. A pesar de todas las dificultades y barreras seguiremos en pie de lucha y llevar tan lejos nuestra voz para ser escuchados y que nos visibilicen.

Damos a conocer en el ámbito nacional e internacional lo que actualmente estamos padeciendo las amenazas que son muy graves y el despojo de nuestro territorio, pero no cesaremos y descansaremos en nuestra lucha por la justicia y la paz.

¡Basta ya de atropellos y violaciones de nuestros derechos humanos!

¡NO a las minas!

¡NO a los proyectos de muerte! ¡A la defensa de la madre tierra!

La Colorada, Chalchihuites, Zacatecas, 19 de Julio de 2017

COMUNICADO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MÉXICO

DENUNCIAMOS AGRESIONES POR PARTE DE AUTORIDADES MUNICIPALES A CAMPESINOS TOTONACOS DEL MUNICIPIO DE OLINTLA.

El pasado 13 de julio del presente año, en el municipio de Olintla una máquina buldozer abrió una brecha sin contar con la autorización de los dueños de los terrenos dañando cultivos de maíz y cafetales. Por tal razón el dia 14 campesinos de las comunidades de Bibiano Hernández, El Crucero, Chilocoyo y Chipahuatlán exigimos a trabajadores quienes se identificaron como empleados de la empresa Gromac de Pachuca, Hidalgo, sacaran la máquina buldozer y detuvieran los trabajos. Los empleados dijeron contar con la autorización de las autoridades municipales por lo que el día 17 exigimos al presidente municipal Abdí Ramírez Pérez hacer acto de presencia en la comunidad de Bibiano Hernández para explicar la razón de dichas arbitrariedades, haciéndole ver que debía presentarse ante la asamblea de la comunidad y no “arreglarse” con una persona como él intentaba hacer.

La autoridad municipal se presentó el día 18 de julio e informó que el camino es para realizar una obra de agua potable que pretende llevar agua para otras comunidades desde los manantiales que abastecen de agua a la población de Bibiano Hernandez y que conocemos en totonaco como Kgampis. La autoridad reconoció que no se cuenta con un estudio de impacto ambiental ni con un estudio hídrico, ni autorización de Semarnat, quien hace unos meses rechazó una manifestación de impacto ambiental para un proyecto de agua potable que creemos es el que se intenta construir.

Los pobladores manifestamos nuestra inconformidad al presidente municipal por la clara violación a nuestro derecho a la información, al consentimiento libre e informado, así como por los daños en propiedad ajena cometidos por la empresa.

En dicha reunión le exigimos información y la necesidad de contar con estudios que sustenten que el agua de los manantiales es suficiente para abastecer también a otras comunidades sin afectar a la población que actualmente aprovecha el agua y le expresamos que por años hemos cuidado y conservado dichos manantiales pues el lugar donde se encuentran es para nosotros un lugar sagrado por lo que nos preocupa que pueda dañarse y disminuir o contaminar el agua para nuestra comunidad.

Estamos cansados de que las autoridades tomen decisiones sin tomar en cuenta a la población, sin que informen de dónde vienen los recursos y cómo se gastan. Ya hemos tenido experiencias muy malas en el pasado como cuando se construyeron en el municipio 3 cajas de agua supuestamente para ampliar el servicio de agua potable del que carecen muchos habitantes de Olintla y las cuales nunca funcionaron, pero sí significaron un gasto irresponsable de recursos en un municipio con los mayores índices de marginación en el estado.

En la reunión sostenida con el C. Abdí Ramírez no se pudo llegar a un acuerdo, pues el presidente después de reconocer que actuó de la manera incorrecta intentó amedrentar y descalificar nuestras palabras diciendo que nos oponemos al progreso y se atrevió a intimidar a nuestro compañero Reynaldo Muñoz diciéndole que tiene antecedentes penales, lo cual es totalmente falso. El regidor de gobernación Pedro Santiago, hizo lo mismo diciendo al compañero que quiere ser mártir, en una clara amenaza.

Ante lo sucedido exigimos a las autoridades municipales que se nos informe adecuadamente del proyecto que se pretende realizar, que se realicen los estudios hídrico y de impacto ambiental necesarios a fin de asegurar que no tendrá consecuencias negativas para la población y que se reparen los daños causados a los compañeros cuyos cultivos fueron dañados por la empresa Gromac.

No nos oponemos a que se realicen obras para el bien común, nos oponemos a que las autoridades violen nuestros derechos e impongan proyectos que afectan nuestra vida sin tomar en cuenta nuestra decisión.

Exigimos al presidente municipal Abdí Ramírez y al gobierno estatal cumplan con su obligación de garantizar nuestros derechos y les hacemos responsables de la integridad física y psicológica de nuestro compañero Reynaldo Muñoz y de todos los integrantes de nuestra organización Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi.

POR LA JUSTICIA Y EL RESPETO A LOS PUEBLOS INDIGENAS

Olintla, Puebla, 19 de julio de 2017

 

Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los medios de comunicación
A las organizaciones sociales
A los pueblos indígenas de México y el mundo
A la opinión pública
Al pueblo istmeño

Gobierno Federal Violenta flagrantemente el derecho a la consulta previa, libre e informada al iniciar la construcción de un muelle y un dren de 300 metros en la playa Copalita de San Dionisio del Mar

La Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar (AGPSDM) denuncia que el gobierno federal con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) pretende construir en la Playa Copalita de San Dionisio del Mar un muelle de 300 metros y un dren, la constructora irrumpió en la playa retirando a los pescadores coperos y sus instrumentos de trabajo; dicha constructora no se ha identificado, pero está representada por un ingeniero de origen francés, quien el día 17 de junio ante la solicitud de los compañeros se presentó a la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, y con actitud altanera y prepotente dijo que era un proyecto que se había gestionado hace 20 años ante el FONDEN, y que ahora estaban allí para construirlo, y que si querían información preguntaran al FONDEN y a Pesca.

Frente a estos hechos, se convocó de manera urgente a una asamblea general de los pueblos el día 10 de julio en San Dionisio del Mar, donde se tomó la decisión de no permitir la obra, porque a la comunidad no se le informó, consulto y no hubo acuerdos previos para la autorización de la misma, además que es una obra que no se le identifica utilidad para la misma comunidad, en cambio sí puede ser la entrada de las empresas eólicas en territorio Ikoots.

Denunciamos que el día de hoy 11 de julio de 2017, el gobierno estatal ha enviado 15 patrullas de la policía a nuestra comunidad para proteger a la empresa y amenazar nuestra justa resistencia en defensa de nuestro territorio.

Declaramos que como pueblos y comunidades indígenas Ikoots y binnizá del istmo de Tehuantepec, no permitiremos la instalación de ningún proyecto extractivista más en nuestro territorio, y nos mantenemos en alerta máxima ante las acciones de criminalización y hostigamiento que los diferentes niveles de gobierno y las empresas pretendan imponer a nuestros pueblos y nuestra organización.

La AGDSDM, determinó que su coordinación no acudirá a ninguna mesa de supuesto diálogo fuera de la comunidad y convocamos a las comunidades a participar en un dialogo con las autoridades responsables, de cara a la asambleas, esto se realizara en el casino municipal de San Dionisio del mar a las 19 horas horario de la resistencia, el día lunes 17 de julio de 2017.

¡NO, A LOS PROYECTOS EXTRACTIVISTAS EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC!

¡NO AL PROYECTO EÓLICO!

¡LA TIERRA, EL MAR Y EL VIENTO NO SE VENDEN, SE AMAN Y SE DEFIENDEN!

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO. Asamblea general DEL Pueblo de san Dionisio del Mar, Comuneros y Resistencia Civil de Santa María Xadani, Movimiento de Resistencia Civil de Chahuites, Tapanatepec, Zanatepec, San Francisco del Mar, Álvaro Obregón, Comité de Resistencia Civil contra el Proyecto eólico de Unión Hidalgo.

POR LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA: San Mateo del Mar, Col. Álvaro Obregón de Juchitán, Colonia Laguna Santa Cruz de San mateo del Mar, Cooperativa de pescadores de San francisco del Mar y pescadores libres.

BOLETIN DE PRENSA

Megamarcha en Defensa del Agua, la Luz y el Territorio

Martes 11 de Julio 4pmMercado de Moctezuma calle Coras esquina Nezahualpilli, Col. Ajusco hacia Gran Sur y Periférico.

Somos vecinos de los Pedregales de Coyoacán que luchamos por nuestros derechos: el agua, la luz, el territorio y todas nuestras necesidades que el gobierno se niega a atender. Desde septiembre del año 2016 hemos padecido la agudización del desabasto de agua por hasta por 20 días en las colonias Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, Pedregal de Santa Ursula y Ruiz Cortinez. Ante recorridos que se han hecho entre vecinos, personal de SACMEX, de Operación Hidráulica de la Delegación Coyoacán y Gobierno Central se ha identificado de manera precisa los factores que resolverían la problematica (manipulación de válvulas, negocio de pipas de agua, uso politico y falta de mantenimiento) se niegan a atender el problema con responsabilidad. Al mismo tiempo que no tenemos agua, los vecinos vemos como aumentan las autorizaciones a proyectos inmobiliarios y comerciales en la zona, los cuales anuncian a los compradores que tendrán grarantizada el agua; además de que a diario vemos que no se detiene el tiradero de agua en Aztecas 215. El gobierno es incompetente y omiso para el pueblo pero servil para los empresarios. Las oficios vecinales son turnados de una instancia a otra y las respuestas tardan meses, sin en cambio las inmobiliarias son atendidas con prioridad, un ejemplo es el Proyecto Cantera de la inmobiliaria Quiero Casa que es vigilado día y noche por policía de la SSP y esta claro que solo es un fraude, ya que no ha cumplido con ninguno de los dos compromisos: no tirar el agua el drenaje y que el agua tenga un beneficio para la comunidad. Por ello, los vecinos nos vemos en la obligacion de presionar al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, al Procurador Ambiental, Miguel Ángel Cancino, al Delegado de Coyoacán, Valentin Maldonado y la Secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller para que resuelvan el el abasto de agua y el tiradero de agua en Aztecas215.
El martes 11 de julio vamos a protestar con mayor fuerza y realizaremos las siguientes actividades:
Clausura popular de las obras:
1.- Torre de departamentos High Park Sur del Grupo Inmobiliario Simetric, ubicada en Boulevard Gran Sur.
2.- Proyecto de departamentos Marsella de la inmobiliaria Quiero Casa, ubicada en Av. del IMAN esquina con Boulevard Gran Sur.
Posteriormente a ello marcharemos hacia la lateral de periférico y avanzaremos hasta tomar los carriles centrales.

Exigimos al Gobierno de la Ciudad de México, la PAOT, SEDEMA, SACMEX y Delegacion Coyoacán que resuelvan de inmediato nuestras demandas vecinales:
– Servicio de agua en nuestras casas de manera permanente. No queremos pipas ni tandeo.
– Audiencia inmediata con Miguel Ángel Cancino y Tania Müller.
– Reaperura inmediata de la mesa de trabajo para atender las gestiones vecinales sobre los pozos y la red de agua.
– Información precisa del avance del pozo de Céfiro y Av. del IMAN (porcentaje de avence, fecha de entrada en funcionamiento, capacidad y cuadrante de distribución)
– Perforación de un pozo para Santo Domingo Centro.
– Conexión a la red primaria las calles donde escasea el agua.
– Una planta de bombeo para el Tanque Zacatepetl.
– Una bomba sumergible para el Pozo de Amatl y Nustepec, en Santo Domingo.
– Respeto a la queja de PROFECO y a la minuta que se firmó en Gobernación con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica.

Sabemos que nos encontraremos a un enorme operarativo policíaco para que no cerremos periférico y con antelación le decimos al gobierno:
¿Por qué no destinan Mancera y Ramón Aguirre los mismos recursos y personal para resolver una necesidad primaria de la población: el Derecho Humano al agua? ¿Por qué no destinan Miguel Angel Cancino y Tania Müller los mismos recursos y personal para detener el derrame de millones de litros de agua al drenaje en Aztecas 215? ¿Por qué no destina Mancera y Valentin Maldonado el mismo personal y los mismos recursos para detener las ilegalidades de la Comisión Federal de Electricidad y sus contratistas?
Ejerceremos nuestro derecho a la libre manifestación y expresión y no nos intimida ningún operativo ni su legalidad a favor de los empresarios.
Ustedes deciden que acción vecinal sigue: la toma de la PAOT, la toma de la SEDEMA, Gobierno Central o Delegación Coyoacán o de Quiero Casa.
¡Basta de privilegios para los empresarios, basta del despojo de nuestra agua, basta de corrupción, basta de ilegalidades!
Nuestra lucha no es de carácter electoral, vamos por la organización popular. Solo el pueblo organizado ha logrado conquistar los derechos más elementales.

¡Exigimos agua en nuestras casas!
¡Por una tarifa social de luz!
¡Fuera CFE!
¡Fuera Inmobiliarias!

ASAMBLEA GENERAL DE LOS PUEBLOS, BARRIOS, COLONIAS Y PEDREGALES DE COYOACÁN.
ASAMBLEA DE LOS PEDREGALES DE COYOACÁN (ANUEE)
10 DE JULIO DE 2017

 

En horas de la tarde a las 2:36 pm la compañera Bertha Zúniga en su camino de vuelta de la comunidad de Cancire del Municipio de Santiago Puringla en el departamento de La Paz, acompañada de los miembros de la coordinación general del COPINH Sotero Chavarría y Asunción Martínez, fueron atacados por 4 hombres en dos ocasiones. En la primera, 3 hombres armados con machetes, apostados al lado de un carro Toyota Tacoma Negro de placas PCH 1886, atravesados en el camino de la comunidad de Cancire a San Antonio, amenazaron a las personas que estaban dentro del carro del COPINH ondeando los machetes en posición de ataque. Gracias a la habilidad del conductor no pudieron detener ni machetear el carro, sin embargo, el cuarto hombre, conductor del carro Tacoma arrojó una piedra que golpeó la parte de arriba de la ventana del conductor de COPINH.

En la segunda ocasión el mismo carro, solamente con el conductor, dio persecución por el mismo camino al carro de COPINH rebasando de manera peligrosa, queriendo chocar al carro donde se transportaba la coordinadora general del COPINH y y arrojarlo al abismo. Luego de esto el carro negro se puso en frente del carro de COPINH, intentando frenarlo durante 10 minutos. Afortunadamente el conductor de COPINH pudo tomar un desvío, ir por otro camino y evitar mayores incidentes.

El COPINH denuncia que este incidente tiene que ver con las ambiciones de miembros de las comunidades de Lomas de San Antonio y Las Delicias, apoyados por la injerencista agencia gringa de USAID, de quitar una fuente de agua a las comunidades de San Antonio (otro), Cancire, Higuito y Cedrito. Cabe notar que estas comunidades que pretenden robar las fuentes de agua han sido afectadas por la represa Hidroeléctrica Zazagua, la cual ha dejado secas sus fuentes de agua.
Exigimos que las autoridades investiguen y castiguen estas agresiones. Es la responsabilidad del Estado de Honduras de proteger la integridad física de los miembros de COPINH y tomar todas las medidas necesarias para que la organización realice su labor en la defensa de los derechos de las comunidades Lencas y de sus territorios.
Hacemos una llamado a la comunidad internacional a que esté atenta y exija la protección de las personas miembros del COPINH a las autoridades hondureñas.

Solicitud de firmas por el termino de la Caravana sur-sureste de las madres y padres de los 43.
Les compartimos la declaratoria que se leerá en el termino de la Caravana sur-sureste en San Cristóbal de las Casas, el 1 de julio de 2017.
Si quieren suscribir la carta enviar al correo: caravana.sursuresteayotzi@hotmail.com

Ayotzinapa, vive!!

A LA OPINIÓN PÚBLICA
AL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL Y EL MUNDO
Casi tres años han pasado, el silencio, la represión y el engaño de los de arriba buscan en el olvido su aliado. Aquí abajo la digna rabia y la memoria siguen su camino, nuestros corazones no olvidan, acuerpamos su lucha, nos duele su dolor y compartimos su rabia. La lucha contra las desapariciones forzadas causadas por el narcoestado golpean nuestra geografía y manchan de sangre nuestro calendario. La impunidad para quienes somos abajo es una constante, sabemos que de arriba nada podemos esperar.
Nosotras y nosotros seguiremos presentes señalando a los culpables, con la certeza de que la esperanza nace sólo de la organización de quienes somos abajo, de quienes como ustedes, representan la esperanza. Abrazamos su organización, caminamos a su lado.
Los compañeros de Ayotzinapa están en cada paso de aquellos y aquellas que creemos en otros mundos posibles. Éstas, nuestras luchas, las caminamos con los 43 en nuestros corazones. Avanzamos con ustedes, como madres y padres que no claudican y no se venden. Su rabia, fuerza y ejemplo son una luz en esta larga noche de injusticias. Unimos a las suyas nuestras voces, ponemos nuestros corazones con ustedes. Somos una sola voz que grita fuerte, que retiembla y se escucha.

EL 26 de Septiembre de 2014 en la Ciudad de Iguala, Guerrero se desarrolló uno de los golpes más fuertes hacia el movimiento normalista y popular.
Nuestros 43 camaradas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, futuros maestros de educación primaria fueron desaparecidos, además de 6 asesinados esa misma noche, el Estado en primera instancia adjudicó estas muertes y desapariciones al crimen organizado, sin embargo la participación de investigadores externos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, el equipo argentino de antropología forense y el periodismo independiente documentaron que el Gobierno de México oculto información en todo momento sobre lo que sucedía esa trágica noche, pues todo apuntó a la presencia y participación de los elementos policiacos de los tres niveles de gobierno: mandos municipales, estatales, federales, así como la participación del Ejército Mexicano.
Ante este crimen de lesa humanidad y ante la nula respuesta del gobierno mexicano, hoy 1ro de Julio de 2017 recibimos la visita de la Caravana de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, y 3 normalistas asesinados, quienes vienen desde hace 33 meses exigiendo justicia y que el Estado entregue a nuestros 43 compañeros, es claro quien perpetuó estos actos en contra de los estudiantes.

Ante esta situación, las organizaciones sociales, madres y padres de familia, trabajadores de la educación, jubilados, estudiantes, normalistas y universitarios, comunidades, colectivos, trabajadores del campo y la ciudad, defensores de la madre tierra, defensores de derechos humanos, medios libres de comunicación, pueblos originarios, pueblo organizado quienes conformamos este comité declaramos:

1.- Denunciamos que hoy en México vivimos bajo el yugo de un gobierno fascista y repudiamos la política represiva que el Estado ejerce en contra de la protesta, organizaciones, comunicadores y luchadores sociales. El caso de Iguala es una prueba de ello, y exigimos presentación con vida de nuestros 43 compañeros normalistas y de los y las desaparecidos en este país.

2.- Nos pronunciamos en contra de la política neoliberal que pretende privatizar la educación pública y desaparecer la educación normal en especial las normales rurales, formadoras de docentes, denunciamos y condenamos todas las represiones sufridas hacia el movimiento normalista en los últimos años, y las más recientes en Cañada Honda, Aguascalientes y Tiripetio, Michoacán que concluyó con dos compañeros normalistas gravemente heridos con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército que mantiene al compañero Gael Solorio Cruz en coma inducido debido a la gravedad de la lesión, al mismo tiempo hacemos el llamado a defender la educación normal.
[12:37, 28/6/2017] China: 3.- Denunciamos la política represiva que se ejerce en el estado de Chiapas por el gobierno de Manuel Velasco Coello y en el caso de San Cristóbal de las Casas, donde el actual gobierno municipal que preside Marco Antonio Cancino González, se ha dedicado a desarticular a las organizaciones sociales, a crear grupos de choque para invadir reservas ecológicas perseguir, reprimir y asesinar al pueblo organizado que lucha en contra de este régimen de muerte y destrucción, como ejemplos claros tenemos: la agresión a la periodista Concepción Villafuerte y activistas el 14 de Marzo de 2016 en la exigencia del cabildo abierto, el artero asesinato el 24 de marzo del 2016 del maestro integrante de la CNTE Juan Carlos Jiménez Velasco, el desalojo violento en el km 46 el 20 de julio de 2016 en el marco de la huelga magisterial y popular donde un compañero maestro fue herido por arma de fuego y la reportera Dolores Rodríguez de manera brutal fue golpeada y encañonada, el 16 de abril de 2017 fueron reprimidos activistas defensores de la madre tierra por granaderos quienes tenían sitiado el centro histórico, el 28 de abril de este año mientras esperaban el diálogo fueron reprimidos estudiantes de la normal indígena intercultural bilingüe Jacinto Canek, y para finalizar mencionar el incumplimiento de la minuta acordada del gobierno del estado con las enfermeras que sostuvieron huelga de hambre de 30 días en dos etapas que evidenció el desfalco millonario y la crisis en los servicios de salud en el Estado de Chiapas.

4.- Denunciamos que las calles de San Cristóbal de las Casas, no son seguras para nosotras, como mujeres nos enfrentamos al acoso callejero, intentos de secuestro, violaciones sexuales y feminicidios. Muchas de las denuncias de violaciones sexuales de las que tenemos conocimiento las han cometido taxistas.
A pesar de la alerta de género en Chiapas nos enfrentamos a la violencia machista del gobierno, cuando una compañera denuncia solo obtiene ser criminalizada e impunidad.

5.- Desde este rincón del sureste mexicano hacemos el llamado a todo el pueblo a que conformemos un frente único y que el 26 de Septiembre de 2017 salgamos a las calles para exigir justicia, presentación con vida de nuestros 43 estudiantes, así de manera conjunta cambiar el gobierno de este país. Que se continúe con los 4 caminos imprescindibles que exigen las madres y padres de Ayotzinapa para la verdad y la justicia: 1.- abrir la investigación contra elementos del Ejército Mexicano del 27 batallón de infantería de Iguala, Guerrero, 2.- Que se esclarezca el traslado de los estudiantes a Huitzuco 3.- Telefonía celular y entrega del informe de geolocalización
de los normalistas 4.- El trasciego de droga de Iguala a Chicago.

Madres y padres de familia de nuestros 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, reconocemos su lucha y les recordamos que no están solos, la semilla de resistencia, tenacidad y lucha sigue dando frutos aquí en San Cristóbal de las Casas. Queremos abrazarlos y decirles que cada 26 de cada mes desde octubre del 2014 que el Estado cometió este atroz crimen salimos a exigir justicia y lo seguiremos haciendo.
!No están solxs!

PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON,
VIVOS LOS QUEREMOS

CONSULTA LA ACCIÓN URGENTE COMPLETA AQUÍ: http://bit.ly/2sk1irP

27 de Junio de 2017
AU-CDHZL: 5/2017

HECHOS:
El domingo 25 de junio de 2017, alrededor de las 11:30 dos agentes ministeriales detuvieron a Juan Villegas Mejía, representante indígena otomí por usos y costumbres de San Francisco y Santa Cruz Ayotuxco, municipio de Huixquilucan, estado de México, el detenido fue trasladado al penal de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, de la misma entidad federativa, bajo la Carpeta Administrativa 1238/2017.
Al someter a un proceso penal a Juan Villegas Mejía se presume buscan suspenderle sus derechos civiles y políticos, lo que repercutiría en el recurso de queja 82/2016 ganado el año pasado en el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en Materia Administrativa y con lo cual se anula la posibilidad de una consulta indígena para cancelar el paso de la autopista Toluca-Naucalpan en territorios indígenas otomíes.
Su situación jurídica se determinará en audiencia pública del próximo 30 de junio de 2017 a las 10:00 hrs. ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla.

#Dia8
#DenunciaPopular
#ClausuraYa

Por la presión vecinal la PAOT – Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX emite Acuerdo de Admisión para investigar el tiradero de agua al drenaje en Av. #Aztecas215

Después de 7 días de que la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán ingresará una Denuncia Ciudadana en la PAOT y 9 días que el Subprocurador Ambiental Emigdio Roa se comprometió a darle prioridad a la Denuncia, el día de hoy la PAOT notificó por correo electrónico el Acuerdo de Admisión con fecha de 19 de junio de 2017 para “realizar las diligencias y gestiones necesarias para la debida atención de la denuncia”. Dicho correo fue enviado por la C. Aura Itzel Mecalco Cruz Técnico Especializado de la Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial.
Esto a pesar de que el mismo día lunes 19 de Junio alrededor de las 3 de la tarde uno de los vecinos denunciantes recibió una llamada telefónica por parte del Subdirector de Atención e Investigación de Denuncias de Ordenamiento Territorial “A2”, Isauro García Pérez, para comunicarle que mandaría a un Investigador(a) para realizar el reconocimiento de hechos en el transcurso de ese día, para lo cual requería corroborar algunos datos que se presentaron en la denuncia como:
1.- La ubicación del sitio preciso en el que está ocurriendo el tiradero del agua del acuífero somero para que pudiera orientar al Investigador(a) de la PAOT.
2.- Longitud del zanjeo sobre Av. Aztecas.
3.- Corroboración del correo electrónico.

El vecino explicó el sitio del desfogue del agua al drenaje, que el zanjeo viene desde la altura de la calle del Rosal y que en estos momentos termina a la altura del salón Brescia que se encuentra a un costado del predio de Aztecas 215. También se explicó que los trabajos los realizan entre la 1:30am y 5am cerrando completamente el sentido sur de la Av. Aztecas, que conforme van avanzando cambia la tubería de drenaje de 8 pulgadas por una de alrededor de 17 pulgadas y que finalmente van rellenando con tierra y en la parte donde se quedan es cubierta con láminas de metal.
El C. Isauro García Pérez, comento que para cualquier duda se volvería a comunicar vía telefónica, y que pedía estar al pendiente de su Acuerdo de Admisión de la Denuncia presentada para poder verificarla en el transcurso del día. Cabe señalar, que ningún funcionario público de la PAOT se presentó para realizar el reconocimiento de hechos en Avenida Aztecas 215 pues los vecinos estuvimos esperando y no vimos a ningún funcionario de la PAOT.
Los vecinos vemos importante que se haya admitido la denuncia pero vemos con recelo algunas de las acciones de la PAOT debido a que desde el 6 de diciembre pasado se han negado a corroborar de manera presencial el destino del agua que no deja de aflorar en Aztecas 215. Sabemos que solo con la presión vecinal es como han actuado y hoy vemos que el reforzamiento de las actividades vecinales a través de asambleas, volanteos, campaña en redes sociales ha logrado que la PAOT actúe. Sin embargo queremos señalar varios aspectos:

Las “corroboración de información” que pidió Isauro García contradice las palabras del Subprocurador Emigdio Roa, quien el 9 de junio nos dijo a los vecinos que constantemente hacían verificaciones en Aztecas 215.
El subprocurador se comprometió en subir al micro sitio de Aztecas 215 que está en la página de la PAOT las bitácoras de dichos recorridos, pero hasta el día de hoy no hay ninguna información sobre ello.
Para emitir el Acuerdo de Admisión debió ir personal de la PAOT a Aztecas 215, lo cual no estamos seguros que haya ocurrido. Para corroborarlo el día lunes 19 de junio a las 6pm llamamos a la PAOT y el C. Isauro García nos dijo que no sabían cuando iban a realizar una vista de Reconocimiento de hechos.
Los vecinos adjuntamos a la denuncia ciudadana que presentamos a la PAOT pruebas fotográficas y videos del tiradero de miles de litros de agua del acuífero somero al drenaje en Av. Aztecas por parte de la Inmobiliaria Quiero Casa que deben ser corroboradas con carácter de urgente pues el Estudio Técnico que emitió el Instituto de Geología de la UNAM dejo claro que es inaceptable que se tire el agua del acuífero somero al drenaje.
Siete meses después de reiniciada la obra de Aztecas 215 por el desalojo del plantón vecinal la madrugada del 5 de diciembre vemos que el Proyecto cantera que aprobaron el Gobierno de la Ciudad de México, la PAOT y el SACMEX ha sido un fraude o una tomadura de pelo, pues el agua se sigue tirando sin ninguna consideración al drenaje.
Desde el inicio del conflicto en Aztecas 215 en febrero del 2016 la actuación de la PAOT solo ha sido bajo la presión vecinal. Para los vecinos es evidente que en este caso el Procurador Ambiental Miguel Ángel Cancino ha hecho caso omiso de la LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL que en sus fracción XII le obliga a “Llevar a cabo conforme a lo dispuesto en esta Ley; Investigaciones de oficio, respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, así como de hechos que generen o puedan producir desequilibrios ecológicos, daños o deterioro grave a los ecosistemas del Distrito Federal o sus elementos”; y en la fracción XX le obliga a “Ejercer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y otros órganos jurisdiccionales, las acciones necesarias para representar el interés legítimo de las personas que resulten o puedan resultar afectadas por actos, hechos u omisiones que impliquen o puedan implicar violaciones, incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones en materia ambiental y del ordenamiento territorial, de conformidad con las normas que en cada caso resulten aplicables”.
Las pruebas que hemos presentado son contundentes y no vamos a aceptar que no se investigue. Seguiremos tomando evidencias de la actuación ilegal de la inmobiliaria Quiero Casa y de la omisión de las autoridades involucradas. Exigimos que la PAOT se presente a constatar los hechos denunciados para que detengan el tiradero de miles de litros de agua y se proceda a la cancelación de la obra en Aztecas215.

¡Agua sí, inmobiliarias no!
Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán.
20 de Junio de 2017.

En Santa Cruz Ayotuxco, como en otras comunidades de la sierra de las cruces se violentan sistemáticamente los derechos humanos y derechos específicos como pueblos y comunidades indígenas, en este caso, nuevamente han sido ignorados los amparos que resuelven la sentencia de suspensión definitiva de la obra de autopista privada Toluca-Naucalpan, además de violentar las reestricciones emitidas por el INAH, por la falta de estudios de inspección, prospección y análisis de materiales realizados para garantizar la protección del patrimonio arqueológico, simbólico y cultural durante los procesos de la liberación de tramos y subtramos dentro del territorio de la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco que hoy nuevamente vuelven a allanar con lujo de violencia y bajo el resguardo de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad CES fuertemente armados quienes acompañan la invasión para garantizar la continuidad de las obras pese a su ilegalidad y bajo el cobijo de acciones de responsabilidad de las instituciones de Gobierno del Estado de México, en especial SAASCAEM, Secretaría de Gobernación, CES, SRA, SCT, BANOBRAS entre otras que en contubernio y asociación político empresarial con la constructora de Hinojosa Cantú han permitido la continuación del proyecto pese a sus graves implicaciones.


La presencia de maquinaria en la comunidad, la continuación de las obras y el hostigamiento además de violentar los derechos humanos, violenta de forma sistemática los derechos de pueblos y comunidades indígenas contenidos en el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 7 de junio de 1989, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. (2007), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación racial (1969), así ratificados por el Estado Mexicano en su reforma al primero constitucional en materia de derechos humanos, por lo que existen responsabilidades y responsables por la destrucción del territorio de las comunidades indígenas que habitan la sierra de las cruces y sus lomerios, quienes se ven afectadas directamente con el paso de la obra privada.
En el contexto global de la economía del sistema mundo moderno colonial, capitalista, colonialista y racista, el megaproyecto de autopista privada demás de ser un ecocidio en términos de sus implicaciones ecológicas, es un epistemicidio que genera graves daños al patrimonio cultural, simbólico y arqueológico de la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco y de las comunidades afectadas.

ALTO A LA DESTRUCCIÓN, INMEDIATA CANCELACIÓN.
NINGÚN MEGAPROYECTO TRAE BENEFICIOS AL PUEBLO.
NI AUTOPISTA, NI INMOBILIARIAS, CON EL BOSQUE TODO, SIN EL BOSQUE NADA.

SERNOS PUEBLO Y HACERNOS CON LOS QUE LUCHAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE JUSTICA SOCIAL, HISTÓRICA Y COGNITIVA.
RED DE ANTROPOLOGÍAS POPULARES DEL SUR.

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Una historia más de migración y cárcel.

El grupo de Trabajo, No estamos Todxs de lucha anticarcelaria, denuncia.

Mi nombre es Roberto Carlos Ruiz Hernández, originario de Tegucigalpa, capital de Honduras. Salí de Honduras en el 94 chamaquito arrastrándome de una mano con mis tíos. Llegamos a agarrar el tren en Arriaga y de ahí nos dirigimos a Ixtepec, Oaxaca. Llegué a la frontera de Texas y estuve 4 años en Estados Unidos. Me deportaron porque traía una luz fundida en el carro y me paró la policía. Me deportaron a Honduras. Al mes volví a cruzar. En dos meses y medio llegué a Estados Unidos otra vez y estuve 4 años. Esta segunda vez me deportaron por una redada de migración. Ahí me dedicaba yo a pintar plataformas, tanques… donde guardaban el aceite. Me deportaron a Honduras y esta vez me quedé un año y medio. Viendo la situación de la pobreza decidí volver a iniciar mi viaje a Estados Unidos. De camino me quedé en Chiapas y conocí a mi mujer Patricia Díaz Moreno, con la que tengo ahorita dos hijos. La mayor tiene 9 y el pequeño tiene 5. Nació estando yo dentro. Ahorita tengo como 10 años en México. En Paredón me dedicaba a la pesca. Dada la cuestión de la situación económica en la que vivía, decidí partir otra vez a los Estados Unidos.

El día 22 de mayo del 2013 me encontraba esperando el tren en la ciudad de Arriaga, en Chiapas, aproximadamente alrededor de las seis o seis y media, cuando de momento la policía de la fiscalía, todos vestidos de negro, me detuvieron. De hecho, cuando a mi me detuvieron hablaban de un robo, me dijeron que supuestamente había habido un robo, que iban a ver si yo era una de las personas que robaron. Porque supuestamente el delito que me pusieron no soy solo yo, son cuatro personas. Pero la cuestión fue que nunca me llevaron a que alguien me señalara, me llevaron a una casa de seguridad. Ahí estuve toda la noche incomunicado, estuvieron torturándome, me pegaron una buena chinga, me quitaron hasta un pedazo de  carne ahí donde me arrastraron. 4 Años y aún no se me ha borrado.

Cuando llegué con la secretaria de Ministerio Público, se llama Lorena, es de Tres Picos, me preguntó porque me vio cómo iba yo. De hecho, cuando estaba declarando me levanté para vomitar sangre. Ella me dijo que si apuntaba porque yo llevaba torturas y yo le dije que sí, de hecho eso viene en el expediente. De hecho en mi primera sentencia me la revocó el Tribunal Superior de Justicia porque presentó torturas en el expediente, pero el Ministerio Público nunca lo tomó en cuenta, ni el juez.

En los interrogatorios los aprehensores siempre me acusaban de robo, yo les pregunté que qué estaba robando y ellos contestaron que nada, porque no encontraron nada. Ahí fue que yo le dije a la secretaria Lorena que mire estas personas, ni siquiera saben de qué me acusan. Si yo pedía careo nunca se presentaban. Y así estuve dos años y medio pidiendo careos y sin sentencia. Ahí estaba, en el penal de Tonalá. La sentencia me la confirmaron en el 2016. Me acusaron de extorsión, 5 años y 3 días. Las personas que supuestamente extorsioné, supuestamente estaban en la casa del emigrante de Arriaga, pero fueron allá y no aparecen ni en la computadora ni en el Instituto Nacional de Migración. Cuando un migrante llega a la Casa del Emigrante te toman tu nombre y te toman una foto y lo guardan en la computadora. Yo le dije al juez cuando me sentenció, pedí una audiencia con él y le dije que él me estaba sentenciando por fantasmas que ni él conocía ni yo tampoco. Porque pedí careos, nunca se presentaron. Pedí también interrogatorios y por igual. Allí en Tonalá hay como 50 personas por el mismo delito y nadie se presentó.

Desde el 2015 la Mesa de Reconciliación me ha mandado estudios, huellas y firmas diciendo que me iba a dar libertad anticipada, y nada. La Mesa de Reconciliación atrajo mi caso cuando hice mi primera huelga de hambre exigiendo mi libertad en 2014. Me costuré la boca 9 días, estuve con miel y agua. No hubo ninguna solución y esperé como 2 años. Hicimos una petición yo y Frayba por vía legal pidiéndole al presidente del Tribunal Superior  de Justicia Utilio Escandón Cadenas de la manera más atenta que me ayudara. El vocero de la mesa de reconciliación, Alfredo Redondo Santomé, se comprometió a liberarme en el mes de febrero de 2017. Llegó febrero y no pasó nada, llegó marzo y por igual, llegó abril y por igual. Entonces tomé la decisión de continuar con otra huelga. Inicié el mes de mayo durante 10 días. Me costuré la boca y tomé sólo miel y agua. Intentaron romper mi huelga por la fuerza el director y la guardia y entonces amenacé con cortarme las venas para impedir que me la pararan. Es que fíjate que una huelga de hambre si no te costuras no sirve, no te hace caso el estado. Yo esa vez que me puse con huelga de hambre por primera vez me puse un cartel durante unos días y ni caso. Un hombre me dijo que si no me costuraba nadie me iba a hacer caso, así que conseguí una aguja de 5 pesos y cordel de pescar y me costuré. Dadas las condiciones de mi seguridad pedí mi traslado voluntario al CERSS nº 5. Cuando terminé mi huelga de hambre me trasladaron aquí al 5 donde me encuentro ahora exigiendo mi libertad.

He intentado que el consulado de mi país se presente en ocasiones a visitarme, pero no lo he conseguido. Ignoro los motivos de su abandono. Sigo luchando por mi libertad que el poder judicial ya me ha prometido en dos ocasiones este mismo año. Le pido a las autoridades correspondientes mi libertad porque de lo contrario voy a volver a iniciar una huelga de hambre y de sed si hace falta.

Roberto Carlos Ruiz Hernández.

¡Abajo los muros de las prisiones!

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